Aurelio Martínez: "El Puerto de Valencia no quiere estar en La Marina"

VALÈNCIA. La constitución del nuevo organismo que ha de sustituir al Consorcio Valencia 2007 -gestor de La Marina de València- está suponiendo más de un dolor de cabeza. Especialmente para el Puerto de Valencia y para el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez. Al menos eso es lo que dio a entender Martínez este viernes cuando se mostró casi forzado a que el Puerto forme parte de este nuevo ente junto con el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana.

"Si nosotros vamos a entrar será porque las dos partes nos lo soliciten y porque nos autorice Puertos del Estado y el Ministerio de Hacienda", aseveró el presidente de la Autoridad Portuaria, que se centró en recordar que ahora mismos son el Ayuntamiento y la Generalitat las administraciones que quedan en el actual consorcio después de que el Ministerio lo abandonara una vez pagada toda la deuda del organismo.

Martínez insistió en esto: "No tenemos interés especial; prácticamente no llegamos a cumplir con todos los problemas que tenemos como para encima ampliar nuestra área de gestión". Sin embargo, señaló que siempre que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, y los representantes de la Generalitat lo han pedido, la respuesta ha sido la misma: "Si hace falta o piensan que es mejor que esté el Puerto -y nos autoriza Puertos del Estado-, no tenemos ningún inconveniente".

A su juicio, lo mejor para la Autoridad Portuaria de Valencia es no formar parte ni del actual consorcio, que todavía no se ha liquidado, ni del nuevo organismo que gestione La Marina: "Creemos que estar y después llegar a acuerdos con ese nuevo consorcio", señaló en este sentido, para añadir que "si hace falta" y hay autorización de todas las partes, "tampoco pasa nada" por constituir el organismo.

"Habrá que ver para qué entramos y qué queremos hacer, pero nosotros en principio no queremos estar", sentenció sobre el asunto. Y preguntado por las discrepancias con Ribó sobre las condiciones en las que debería estar el Puerto en el consorcio, que siguen retrasando la elaboración de unos nuevos estatutos, aseguró más de tres veces que la Autoridad no tiene "exigencias ninguna". El desacuerdo entre el gobierno municipal de València y el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, reside en dos enmiendas presentadas por el Ejecutivo central al borrador de estatutos que ya habían acordado ambas administraciones el pasado mes de octubre.

Una de ellas se refiere al mantenimiento de las competencias por parte del Puerto de todo el espacio de la Marina catalogado como zona de dominio público portuario, de manera que el nuevo consorcio no podría hacerse cargo de dicho espacio pese a que una parte es de la ciudad. La otra enmienda consistía en mantener el derecho de veto para la Autoridad Portuaria, representante en último término también del Gobierno. Esto es, que las decisiones deberían tomarse por unanimidad en lugar de por mayoría. Con todo, Martínez insistió en que la Autoridad no tiene "ninguna pretensión ni ninguna exigencia".

Los terrenos de La Marina

La condonación de los 400 millones de deuda que arrastraba el Consorcio después de la celebración de la Copa América supuso que el Ejecutivo central abandonara el ente. Mediante el convenio firmado en 2013, la Autoridad Portuaria de Valencia cedía los terrenos que ocupa La Marina al consorcio para que gestionara el recinto y pagara de esta manera la deuda originada por la celebración deportiva

Por ello, tras haberse saldado toda la deuda y haber comunicado el Ministerio de Hacienda el abandono del consorcio, el Gobierno proponía que sustituyera su puesto el Puerto y considera extinto el convenio de hace nueve años, lo que ha provocado que el Puerto ya haya comunicado su intención de dejar sin efecto la concesión a 35 años que recogía el convenio y renovarla anualmente.

Este impás jurídico deja en una situación difícil al consorcio, que dirige Vicent Llorens, que todavía no se ha liquidado pero sigue gestionando el espacio. En primer lugar, porque una renovación anual de la concesión dificulta mucho al ente la realización de nuevas inversiones en estos espacios y provoca inseguridad jurídica en la adjudicación de contratos y de concesiones por parte del consorcio, e incluso obstaculiza la llegada de fondos europeos para mejorar las instalaciones ocupadas por La Marina.

Pero además, al estar La Marina sobre terrenos que son del Puerto, la Autoridad empezó el año pasado a reclamarle el pago de tasas por dos millones de euros. Un coste que el consorcio no puede asumir. Así, el organismo ha renunciado a la concesión de esta cantidad de suelo y lo ha devuelto a la Autoridad Portuaria para ahorrarse estas tasas. El consorcio continuará manteniendo aquellas instalaciones y espacios cuyas concesiones le permitan mantener su actividad, pero se ha visto obligado a renunciar a la gestión de algunas dependencias como el Biohub. Será el Puerto a partir de ahora el que se encargue de la gestión de estos proyectos.

En ese sentido, tanto Aurelio Martínez como el director general de la APV, Francesc Sánchez, se abrieron a la realización de nuevas desafectaciones de suelo como se hizo en su momento para cederlas a la ciudad. En ese sentido, explicaron, el Puerto podría iniciar un expediente de desafectación en el consejo de administración, pero debería ser el Gobierno el que validara la propuesta.