La trama de los 'zombies' de Imelsa colocaba enchufados en puestos reservados a minusválidos

VALENCIA. Los correos de la jefa de recursos humanos de la empresa pública Imelsa, María Gracía Escrihuela, que constan en el sumario de la pieza separada de la Operación Taula, a la que ha tenido acceso Valencia Plaza, evidencian que la trama enchufó a amigos y conocidos y, además, lo hizo en puestos tan sensibles como los reservados a personas con algún tipo de minusvalía.

El autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, fue el gerente de Imelsa y durante su declaración ante el magistrado, no le tembló el pulso a la hora de declarar que "todos los trabajadores eran enchufados. Que la mayoría de asesores no hacían nada, que ni siquiera iban por allí". Benavent aseguró ante la UCO que "jamás se respetaron los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad".

Según se puede leer en el sumario, algunos de los 'zombies' -como se conoce a los enchufados que nunca acudían al trabajo- iban de puesto en puesto. Uno de ellos es Salvador T., que percibía cerca de 2.700 euros al mes cuando estaba contratado. Este hombre pasó por diversos cargos y puestos, al menos según hace constar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe. Y uno de esos puestos es el que lo sitúa en el departamento de áreas de la Diputación de Valencia con categoría IV, al mismo tiempo que su nombre aparece en un listado de personal minusválido de dicha área.

Este trabajador, tal y como se desprende de las investigaciones, cobraba de la empresa pública mientras desempeñaba su trabajo para otra empresa vinculada al Partido Popular. Este periódico no ha podido comprobar si el implicado era minusválido, pero sí ha verificado que jamás acudió a trabajar según explica la UCO y "hurtaba" una de las pocas plazas reservadas para estas personas.

Correos electrónicos

De hecho, los propios correos intervenidos explican que en Imelsa tan sólo 14 personas tenían minusvalía, lo que suponía un 1,71 por ciento del total de trabajadores de la empresa pública. Pero en otro de los correos, Rosana H. le dice a la jefa de personal que ya han encontrado a otro trabajador con minusvalía y añade: “Si te incluyo a ti, tenemos justo el 2 por ciento, 787 trabajadores, 16 minusválidos". A lo que la jefa de personas contesta: “Bien, me incluyes y llegamos al 2 por ciento".

Este cruce de correos se produce a raíz de que en la empresa pública no tenían controlado el número de personas que trabajaban y tenían algún grado de minusvalía y, en un momento determinado, se vieron obligados a saber si llegaban al dos por ciento mínimo.

El magistrado Víctor Gómez Saval ha imputado en esta nueva pieza a 28 personas "entre las que hay 15 que presuntamente cobraban de la empresa Imelsa sin acudir a trabajar y otras ocho personas que percibieron indemnizaciones innecesarias y arbitrarias a costa del erario público", tal y como consta en el auto al que tuvo acceso Valencia Plaza y que se envió a las partes el pasado viernes tras levantar el magistrado el secreto de sumario de la pieza  de los 'zombies'.

El juez les acusa de prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental. Además de los presuntos trabajadores zombies, en esta parte de la causa también están siendo investigados Alfonso Rus, Marcos Benavent, la jefa de recursos humanos de imelsa, el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, el exdirector financiero de la sociedad, y el empresario José Aldolfo Vedri. El grupo Engloba Comunicación, así como el club de fútbol Olimpic de Xàtiva figuran como posibles responsables civiles a título lucrativo.