VALÈNCIA. Días atrás el Juzgado de Instrucción número 13 decretó el levantamiento parcial del sumario referente al caso Azud, que investiga el posible cobro de comisiones ilegales por parte de políticos, cargos y funcionarios del Ayuntamiento de València aproximadamente entre 2001 y 2010. Una de las personas investigadas en esta operación es el abogado José Luis Vera, considerado cercano al PSPV-PSOE, que trabajó durante un mandato (2003-2007) en el Ayuntamiento de Gandia bajo el gobierno socialista, y que fue situado en 2015 al frente de los servicios jurídicos de Divalterra, empresa pública de la Diputación, también controlada por el partido del puño y la rosa.
Tal y como informó este diario, la jueza señala en el auto que directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU entre los años 2007 y 2012 percibió, por lo menos, de las empresas del Grupo Axis "más de 1.341.086,36 euros bajo supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias realizándose pagos por servicios inexistentes de los realmente prestados, todo ello sin perjuicio del dinero efectivo que recibiera". Unas actividades que realizaba, según considera la investigación, en aquellas administraciones públicas donde se encontraban cargos vinculados al PSOE utilizando para ello "sus importantes vínculos e influencias dentro de ese partido".
Con estos antecedentes, una de las situaciones más curiosas que se refleja en el sumario es un informe del pasado 22 de febrero elaborado por el Grupo de Delincuencia Económica 3 de la Unidad Central Operativa (UCO) de Policía Judicial de la Guardia Civil, en el que se comunica a la juez un cambio de contraseña "no autorizado" en la cuenta de correo electrónico de Vera realizado meses atrás en medio del proceso de investigación.
Así, esta unidad policial señala que emitió un oficio el 30 de junio de 2021 en el que se informaba del acceso a la cuenta de correo de Vera "de forma posterior" al cambio de contraseña materializado por los antes durante la entrada y registro de su domicilio y, aparentemente, "con la finalidad de proceder a un nuevo cambio de contraseña no autorizado".
Con el objeto de obtener los datos de acceso a la cuenta de correo electrónico mencionada y realizar las averiguaciones necesarias sobre la citada modificación de la la contraseña, la UCO solicitó mandamiento judicial a la propietaria del dominio de la cuenta de correo electrónico para que aportase los datos de las conexiones IP a la misma.
De esta manera, la sociedad requerida reflejó tres eventos de cambio de contraseña en las fechas 13 de mayo de 2021, 20 de mayo de ese mismo ejercicio y 2 de junio también de ese año. La primera y la tercera, según señala el informe de la UCO, coincidían con las diligencias practicadas por agentes de esa unidad mientras que la del 20 de mayo, se había realizado el cambio de contraseña no autorizado.
Con la dirección IP conseguida, se solicitó a la juez un mandamiento para que la empresa proveedora del dominio desde donde se realizó el cambio de contraseña identificase al cliente que hubiera utilizado la dirección IP en la fecha y hora marcada. La respuesta: Divalterra SA, con domicilio social en la calle Avellanas, 14. "Tratándose esta de la sociedad y la sede desde que desarrollaba su actividad profesional José Luis Vera, propietario igualmente de la cuenta de correo", concluye el informe.