Las pruebas apuntan a que 500.000 se utilizaron para sufragar la campaña y 300.000 para un infobarómetro de Valencia que escondía encuestas electorales
VALENCIA. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han requisado, por segundo día consecutivo, información y contratos de empresas públicas que presuntamente financiaron con dinero público parte de la campaña electoral de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Hasta 800.000 euros de dinero público podrían haber sido utilizados para ‘dopar’ al PP municipal de Valencia.
A los registros del martes en las oficinas de Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB) de los que informó en exclusiva Valencia Plaza, se suman ahora los realizados este miércoles en Las Naves y en la Fundación Inndea. La razón de la petición de documentación en Inndea es destripar el Infobarómetro que la Fundación Municipal Centro de Estudios y Desarrollo Local CEyD encargó a la empresa Laterne Product Council (LPC), empresa encargada de la campaña de Barberá, y por el que el CEyD pagó la nada desdeñable cifra de 300.000 euros.
Hace unos años la concejal socialista, y actual diputada en Madrid, Ana Botella, ya denunció que en el Infobarómetro se realizaban preguntas sobre la ciudad sobre turismo o temas relacionados con la calidad de vida, pero que al final del cuestionario se incluyeron preguntas sobre la intención de voto de la ciudadanos de Valencia y sobre la valoración que hacían de Barberá, de su gestión como alcaldesa y de la oposición. Dichas preguntas fueron insertadas en los meses previos a las elecciones municipales del año 2007.
A los 300.000 euros pagados a LPC por presuntas encuestas electorales hay que sumar los 531.000 euros, en dos pagos de 100.000 y 431.000 euros respectivamente, que presuntamente se aportaron para financiar la campaña de Rita Barberá a través de la fundación pública Valencia Turismo Convention Bureau.
Según han informado fuentes de toda solvencia a Valencia Plaza, los agentes también han pedido todo el material y contratos que haya con LPC de estas empresas públicas entre los años 2006 y 2007, ya que sospechan que la cantidad de dinero público destinada a financiar el PP de Valencia podría ser superior a la que acreditan los papeles de la empresa Laterne en poder de la Guardia Civil y del juzgado.
La UCO está investigando dentro de la pieza A o pieza del pitufeo, las donaciones de empresas con contratos con el consistorio y empresas públicas para la campaña de la exalcaldesa en el año 2007. El conocido como #RitaGate muestra los papeles y las facturas en las que las empresas con contratos con el consistorio valenciano pagaron la campaña, una campaña 20 veces superior a lo que el grupo Municipal firmó (150.000 euros), y como se amañaron las facturas para evitar que el presunto delito electoral fuera detectado.
Entre los supuestos ‘donantes’, que figuran en una relación en la documentación aportada, se encuentran Secopsa, que presuntamente realizó dos entregas de dinero, de 225.000 y 150.000 euros; Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que primero entregó 300.000 euros y después otros 150.000; Rulv Valencia (UTE de Secopsa), 100.000 euros; el Grupo Rover Alcisa (60.000); Urbana Ducat (30.000); Nou Litoral (360.000); PKL Real State (30.000); Pavasal (dos entregas de 90.000 y 150.000 euros); Luján (20.600); Lubasa (200.000 y 150.000 euros); Edival (30.000 y 20.000); FCC (200.000), y Ágora Patrimonial (30.000).
Con dichas donaciones, según las facturas de LPC, en actos electorales el Grupo Municipal se gastó más de 665.000 euros, a los que hay que sumar otros 450.000 euros en medios de comunicación y cientos de miles de euros más en conceptos tan variados como grabar spots publicitarios, merchandising o comidas. La imagen de Rita Barberá y sus propuestas llegaron a todos los valencianos a través de radio, televisión, periódicos, internet, autobuses, marquesinas y vallas publicitarias. No quedó un barrio de Valencia sin su cartel. Los eslóganes Tu Valencia con Rita y Rita, que Valencia no pare llegaron hasta el último rincón de la ciudad.