Labora renuncia a instalarse en la base del Alinghi 

VALÈNCIA. El servicio autonómico de empleo, Labora, finalmente no alquilará al Ayuntamiento de València la antigua base del Alinghi, en La Marina. Un espacio por el que se había interesado para crear un Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el empleo (COE) y que había generado un fuerte enfrentamiento entre Compromís y PSPV en el consistorio debido a las discrepancias que los dos partidos guardaban sobre el uso que se le debía dar al citado espacio y quiénes debían ser los inquilinos. 

El departamento que dirige Enric Nomdedéu, dependiente de la Conselleria de Economía, trasladó este martes al Ayuntamiento de València un escrito en el que manifestaba su voluntad de desestimar la formalización del convenio que estaba previsto que firmasen Labora y la corporación local. Un contrato por el que los primeros se comprometían a acometer la rehabilitación del citado edificio -unas obras por valor de 4,2 millones de euros-, mientras el Ayuntamiento les arrendaría el espacio por un precio por debajo del mercado, dado que el inquilino era un ente público. 

Sin embargo, según el escrito remitido por Labora al Cap i Casal y al que ha tenido acceso este diario, las actuacions pertinentes para concluir el convenio eran "complejas", puesto que se les había requerido a amba partes "informes jurídicos, técnico-urbanísticos y económicos". Esto ha ocasionado, según el documento, "dilaciones no previstas inicialmente y, como consecuencia de ellas, no ha sido posible adoptar el correspondiente acuerdo de inicio de tramitación y posterior aprobación y firma del convenio". 

"Estas circunstancias no han permitido cumplir los plazos de financiación que tenía comprometidos Labora para la financiación de las obras a realizar y por tanto han imposibilitado la puesta en marcha del proyecto", concluye el departamento del servicio de empleo autonómico para justificar su renuncia. Por lo que, a pesar de todo el embrollo que generó esta cuestión, el área dependiente de la Conselleria de Economía no se trasladará al edificio La Base, en La Marina. 

El lío de informes y el choque Compromís-PSPV

La historia sobre el arrendamiento de este espacio por parte de Labora trajo cola en su momento. El gobierno municipal aprobó en julio de 2022, sólo con los votos de la coalición que dirige Joan Ribó, una resolución para alquilar el inmueble a Labora. Lo hizo, además, sin que el departamento autonómico tuviera el visto bueno de la Conselleria de Hacienda para arrendar el enclave, algo que era necesario porque, de lo contrario, el arrendamiento no podría materializarse. 

Los socialistas encabezados por Sandra Gómez renunciaron a apoyar este acuerdo porque, a su juicio, sus socios estaban aprovechando el impás jurídico del Consorcio València 2007, gestor de La Marina, para aprobar algo que el propio consorcio ya había desestimado.

La resolución permitiría alquilar a Labora la planta baja y la primera planta de La Base -casi 2.100 metros cuadrados- para los próximos 30 años, con posibilidad de prorrogarlo por periodos de cinco años hasta los 50. A cambio, el servicio valenciano de empleo abonaría un alquiler mensual de casi 4.700 euros. Un 40% menos de lo que abonaría una empresa privada, al tratarse de un ente público. Además, se encargaría de llevar a cabo obras de adecuación por valor de 4,2 millones de euros, por lo que se le aplicaría una moratoria sobre el alquiler, que no comenzaría a pagar hasta superado el quinto ejercicio.

Los socialistas siempre defendieron que el consistorio debía trabajar por constituir en la Marina "un distrito innovador" y "un gran punto de atracción de inversiones" y de empresas. No en vano, recordaban que grandes compañías habían mostrado interés en el enclave, como HP.

Tiempo después, en noviembre, el Ayuntamiento tuvo que anular la cesión aprobada en verano por reparos de los servicios jurídicos municipales, que forzaban al gobierno municipal a aceptar el recurso presentado por el Partido Popular por haber realizado la adjudicación del espacio sin concurso y con condiciones favorables a la administración autonómica. Con todo, Ribó anuló la cesión pero desde diciembre buscaba una fórmula para retomar la operación. Un convenio que, no obstante, no llegará a firmarse.