VALÈNCIA. La Dana del pasado 29 de octubre cambió para siempre la realidad de miles de valencianos. Durante horas, las intensas lluvias convirtieron las calles en ríos, sumergieron barrios enteros bajo el agua y arrasaron viviendas, negocios y plantas bajas. En medio de este caos, la ciudadanía ha depositado su confianza en los ayuntamientos, buscando respuestas inmediatas que, en la mayoría de los casos, no han llegado a tiempo. Dos meses después, los municipios afectados de l'Horta Sud, una de las comarcas más devastadas por el temporal, se enfrentan al reto de gestionar la reconstrucción de sus infraestructuras, las demandas sociales y las heridas emocionales que todavía no han cicatrizado.
Los primeros plenos municipales -celebrado el más temprano una semana después de la emergencia- han reflejado la complejidad de esta tarea, así como las tensiones que dominan el ambiente político y social. Desde la crispación en Catarroja y Aldaia, hasta los esfuerzos de coordinación en Torrent, Paiporta y Alfafar, estas sesiones han servido como punto de inflexión para evaluar las respuestas de la administración local ante una crisis sin precedentes. Pero, más allá de la capacidad de gestión, lo que ha resultado evidente es la distancia entre los gobernantes y gobernados, cuyo descontento ha atraído el foco de los medios, que ha resaltado aún más la desconexión entre el discurso político y las necesidades de los ciudadanos.
Para muestra, un botón. El pleno de Catarroja, celebrado el pasado jueves 19 de diciembre, se convirtió en un escenario de dolor, reproches y angustia. El carácter mediático de la sesión no fue accidental. Decenas de vecinos damnificados llenaron el Salón del Ayuntamiento, exigiendo respuestas que, en muchos casos, no fueron atendidas. En el pleno, marcado por las lágrimas, el dolor y el descontento, las intervenciones personales y acusaciones directas al consistorio dejaron al descubierto la profunda fractura entre los ciudadanos y las instituciones. "Vengo a recriminaros la muerte de mi madre", espetó una vecina al equipo de gobierno local, capitaneado por la socialista Lorena Silvent.
En Aldaia, el pleno del 26 de noviembre no fue menos mediático. Las escenas de indignación y las interrupciones constantes al discurso político marcaron una sesión en la que los vecinos expresaron su frustración por la falta de información, así como por la lentitud de las ayudas económicas. La sesión se convirtió en un campo de batalla, donde las voces del descontento vecinal se colaron en los titulares y las redes sociales amplificaron la desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno local, que encabeza Guillermo Luján.
Vecinos al borde del llanto narraron cómo el agua se llevó sus pertenencias y, en su lugar, instauró un estado de pánico y desolación. "Llamé tres veces al 112 mientras mi hija sufría un infarto por el estrés de la inundación", relató una madre entre sollozos. Según aseguró un vecino de Aldaia a este diario, la sesión no logró satisfacer las exigencias ciudadanas, puesto que "las autoridades locales no nos ofrecieron respuestas concretas".
Por su parte, Torrent celebró su primer pleno ordinario tras la Dana el día 7 de noviembre. Una sesión que, según aseguran fuentes municipales consultadas por Valencia Plaza, se desarrolló en un ambiente "mucho más tranquilo que en Aldaia o Catarroja". El ayuntamiento destaca que, desde el primer momento, la comunicación con los vecinos ha sido prioritaria, algo que ha permitido evitar confrontaciones más intensas. Sin embargo, la gestión de la alcaldesa, la popular Amparo Folgado, no ha estado exenta de las críticas de la oposición. El PSPV de Torrent cuestionó su actuación durante el pasado 29 de octubre, así como en los días posteriores; una desconfianza que les llevó a presentar una moción en el pleno ordinario de diciembre para crear una comisión de investigación.
La propuesta socialista fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y Vox, alegando que el PSPV autonómico desestimó esta misma iniciativa en Les Corts. Según fuentes municipales, la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la Dana por parte de Folgado "no tiene cabida en Torrent, puesto que la alcaldesa ha dado cuenta de todas sus actuaciones durante la emergencia desde el minuto cero, y lo va a seguir haciendo en todos los plenos". En ese sentido, Folgado ya ha presentado un balance de las inversiones realizadas hasta la fecha en el municipio a consecuencia del temporal, que superan los 100 millones de euros y están destinadas a la limpieza de caminos, la reparación de viviendas y la restauración de servicios básicos como el agua.
No obstante, el déficit económico necesario para completar la reconstrucción asciende a 89 millones de euros, una cifra que las arcas municipales no pueden asumir. En la actualidad, los principales retos en Torrent radican en la restauración de las comunicaciones, entre las que se incluyen el servicio de metro, así como la reparación de infraestructuras clave como carreteras. Una meta que parece difícil de alcanzar, dada la magnitud del desastre que la Dana ha dejado en esta localidad. "Lo que se ha construido en décadas, no se puede reconstruir en meses", insisten fuentes municipales a este diario.
En Paiporta, el único pleno constituido hasta el momento corresponde al ordinario de noviembre, cuya fecha de celebración fue el día 28 de ese mes. La sesión, que se extendió durante más de cuatro horas por las múltiples intervenciones de los vecinos, evidenció la preocupación ciudadana ante problemas que todavía no han sido resueltos. "Hubo muchas críticas a la gestión municipal", aseguran desde el consistorio a este diario. En la actualidad, los daños en los ascensores de varios edificios representan el mayor quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Paiporta, puesto que su inoperatividad impide a personas mayores o con movilidad reducida seguir su rutina con normalidad.
A pesar de este problema, el consistorio asegura que se han logrado avances significativos dos meses después de la Dana, como la limpieza y desobstrucción del 70% del alcantarillado municipal, aunque reconoce que "todavía hay mucho trabajo por hacer". Por otra parte, la recuperación de la actividad comercial en Paiporta también ha sido lenta, con apenas un 20% de los establecimientos afectados retomando su actividad.
"Tenemos más de 80 comercios abiertos. No son muchos, pero por lo menos ya están operativos los supermercados, el pequeño comercio, algún bar... Se empieza a ver vida por las calles, la gente puede salir a tomar una cerveza y caminar de un lado a otro sin problema", añaden desde el consistorio. De todas estas actuaciones y las que quedan pendientes deberá dar cuenta el ayuntamiento, liderado por la socialista Maribel Albalat, en el próximo pleno extraordinario de Paiporta, previsto para antes del 15 de enero. No obstante, según fuentes municipales, el avance de las medidas adoptadas se analizará en las comisiones de seguimiento los días 2 y 3 de ese mes.
En Alfafar, el pleno ordinario de noviembre tuvo lugar en un espacio provisional debido a los daños sufridos en las instancias municipales. Fuentes del ayuntamiento explican que la sesión, a la que los vecinos no tuvieron acceso por "cuestiones logísticas", sirvió para hacer balance de las actuaciones realizadas hasta la fecha, que incluían la limpieza y el baldeo de las calles, el asesoramiento técnico a los vecinos para acceder a las ayudas económicas, así como la instalación de oficinas temporales para gestionarlas.
El consistorio destaca la colaboración con la Mancomunitat de l'Horta Sud para agilizar los trámites burocráticos, aunque reconoce que la lentitud en la gestión del Consorcio de Compensación de Seguros representa, en la actualidad, un obstáculo para cubrir los daños de las reparaciones en comercios de la localidad. De hecho, fuentes del Ayuntamiento de Alfafar confirman a Valencia Plaza que las principales demandas vecinales se han centrado, precisamente, en la escasa celeridad para atender problemas en domicilios particulares y negocios.
Unas exigencias que se tradujeron en tensión y reproches durante el último pleno municipal, celebrado el día 26 de diciembre, donde vecinos afectados por la Dana pidieron la dimisión del alcalde, Juan Ramón Adsuara, y su equipo de gobierno, criticando la gestión municipal y la falta de participación ciudadana en la sesión. El pleno se realizó en la sala de juntas, con aforo limitado, lo que impidió la asistencia de muchos ciudadanos que se congregaron desde temprano en las puertas del ayuntamiento.
Los vecinos manifestaron su descontento por la falta de transparencia en la gestión de las ayudas y las infraestructuras pendientes en el municipio, como problemas de iluminación y la situación de los vehículos afectados. Además, criticaron que el pleno no se trasladara a un espacio más amplio para facilitar su asistencia y que se celebrara a las 13:00 horas, en lugar del horario habitual de las 20:00 horas. Grupos de la oposición y organizaciones locales, como el colectivo del Parque Alcosa, solicitaron la creación de un Comité Local de Emergencias con representación de todos los sectores afectados para elaborar un plan de reconstrucción participativo.
En definitiva, los plenos municipales celebrados tras la Dana han evidenciado que la crisis trasciende un simple desafío logístico. Las tensiones, el descontento y las críticas mediáticas han sido el reflejo de un malestar profundo entre los ciudadanos y sus gobiernos locales. Las declaraciones de los alcaldes estos últimos meses, así como el impacto mediático, destacan una realidad: aunque algunos avances han sido logrados, la reconstrucción va mucho más allá de las infraestructuras.
Los próximos meses serán decisivos para evaluar no solo el progreso en la recuperación, sino también la capacidad de las administraciones para restaurar la confianza perdida. La Dana no solo ha dejado huellas físicas en los municipios, sino también profundas grietas en el vínculo político que los ayuntamientos deberán sanar para recuperar la legitimidad ante sus ciudadanos.