Las auditorías no escritas de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo

VALENCIA. La Conselleria de Justicia encargó este viernes a sus servicios jurídicos estudiar la posibilidad de recurrir la sentencia dictada el jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la que se insta al Consell a entregar al Grupo Popular un informe de una auditoría que los populares llevaban solicitando en Les Corts desde octubre de 2015. El motivo radica en que, según un comunicado de la consellera, Gabriela Bravo, el documento no existe porque "no se elaboró jamás" y, por tanto, "es de imposible ejecución".

Unos alegatos a los que también recurría la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, este viernes en la rueda de prensa tras el Pleno del Consell al ser preguntada por la sentencia. "No se puede entregar un documento que no existe físicamente, es una valoración de una situación, por lo que la sentencia es complicada de ejecutar", aseguraba.

No obstante, las afirmaciones de Bravo colisionan con sus propias palabras en la comparecencia ante el pleno de las Cortes el 16 de julio de 2015 –dos meses antes a la interposición del recurso del PP en el juzgado- y que se encuentran recogidas en el diario de sesiones: "Lo primero que hice fue pedir una auditoría interna", manifestó. Además, también el 17 de septiembre de ese mismo año anunció haber ordenado una auditoría. "He ordenado la auditoría, claro que la he ordenado. Fue la primera decisión que adopté cuando llegué a la Conselleria", volvía a apuntar.

Para la titular de Justicia del Gobierno valenciano el concepto de auditoría "se utilizó en términos políticos" por lo que lamentaba que la oposición no supiera "distinguir los términos políticos de los administrativos" ya que cuando se anunció que se iba a realizar una auditoría sobre el estado general de la Generalitat "nos referíamos a la necesidad política de conocer con exactitud el lamentable estado en el que los años de gobierno del PP había dejado a las instituciones autonómicas y no a que se fuera a encargar un informe auditor ni a empresas externas ni siquiera a sus propios funcionarios".

El auto señala que ante la negativa del Consell para aportar el informe aduciendo a que este no existe y excusándose en que el procedimiento no era el adecuado, "carece de transcendencia". Pues "implica una obstrucción al ejercicio de las funciones de un cargo público, incurriendo en infracción del artículo 23 de la Constitución".

Para la diputad y portavoz de Justicia del PPCV, Maria José Ferrer San-Segundo, la justificación de Bravo es insuficiente ya que como "todo el mundo sabe, cualquier Auditoría concluye con un Informe. Así que, o mintió entonces o falta a la verdad ahora. Decir que este grupo parlamentario no sabe distinguir entre términos políticos y administrativos, es ofender a la inteligencia de los ciudadanos y menospreciar la Sentencia, que concluye lo contrario". Además, señala la gravedad de que sea la consellera de Justicia la primera miembro del Consell en ser "condenada por el TSJCV por obstrucción, denegación de documentación e infracción constitucional" ya que "por su condición profesional no puede alegar ignorancia del Derecho ni de la Jurisprudencia existente".