Brigadas forestales de Imelsa. Foto: DIVALVALÈNCIA. Durante un mes en 2015 y cuatro en 2016 las brigadas forestales de Imelsa y Divalterra respectivamente "realizaron trabajos sin cobertura legal". Así lo determina la auditoría realizada por la Sindicatura de Comptes sobre los servicios de extinción de incendios forestales en la Comunitat Valenciana durante la anterior legislatura.
El informe realizado por el órgano fiscalizador detalla que el último año de gobierno popular, la Diputación de Valencia firmó el 5 de febrero de 2015 una encomienda de gestión con Imelsa (actualmente Divalterra) para la gestión y planificación de las brigadas forestales, contratación de personal, vestuarios y otros equipamientos, contratación de vehículos y mantenimiento, así como todos los instrumentos necesarios para desarrollar con eficiencia su cometido.
Durante el año siguiente, la Corporación provincial, que ya había cambiado de gestores y estaba en manos de PSPV y Compromís, firmó otra encomienda de gestión para el mismo fin -esta vez con la nueva Divalterra- el 19 de abril. Sin embargo, el informe elaborado por la institución presidida actualmente por Vicent Cucarella detalla que ambas encomiendas, tanto la de 2015 como 2016, tienen vigencia anual, por lo que "desde el 1 de enero hasta la firma de la encomienda, las brigadas se encuentran realizando trabajos sin cobertura legal".
La Sindicatura también denuncia que no ha podido obtener la documentación solicitada a la Diputación Provincial para comprobar que las cuantías abonadas por cada anualidad se ajustaban a precio de mercado. Esto es, en 2015, la Diputación presidida entonces por Alfonso Rus pagó 16 millones de euros por la encomienda de gestión con la que se realizaron los servicios. Las ejecución de dicha encomienda debía ser revisada por los propios servicios de la Diputación de Valencia, en concreto, por la Sección de Obras y Servicios Medioambientales del Servicio de Medio Ambiente.
Más de un año y medio después -en noviembre de 2016-, la Sindicatura requirió las facturas correspondientes a 2015, además de la documentación relativa a la supervisión de la encomienda que se debía haber realizado y el convenio colectivo firmado con los trabajadores dicho año.
No obstante, apenas una semana después la propia Diputación respondió que "no podían atender" la petición. Por ello, el informe de la Sindicatura de Comptes recoge que en el momento de la elaboración de la auditoría seguían sin recibir "ninguna información adicional", lo que consideran "una limitación al alcance de su trabajo".
Además de toda la documentación referente a 2015, el órgano fiscalizador demandó las facturas del año 2016 para realizar una comparativa con lo que hubiera costado el servicio de haberlo contratado con Tragsa en lugar de con Divalterra. Unos papeles que tampoco le fueron facilitados y que, a día de hoy, siguen sin tener.
