VALÈNCIA. Los gobiernos autonómicos han valorado positivamente el fallo del Tribunal Supremo a favor de la Junta de Castilla y León que condena al Estado a pagar a la Comunidad la liquidación del IVA de 2017 y confían que, tras esta sentencia, se puedan recuperar hasta un total de 4.150 millones de euros por este asunto, mientras que el Ministerio de Hacienda lo cifra en un total de 2.500 millones.
En el caso de la Comunitat Valenciana, la deuda pendiente por la liquidación del IVA autonómico de 2017 asciende a 281 millones de euros. La Conselleria de Hacienda ha abogado por una solución pactada entre el Gobierno y las CCAA a este conflicto, pero espera a que se pronuncie al respecto el ministerio de María Jesús Montero.
Esta sentencia a favor de la Junta de Castilla y León es la primera dictada en España sobre este asunto y abre la vía a recursos de otras autonomías en la misma situación. Según fuentes del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco, la cifra total de todas las CCAA podría ascender hasta 4.150 millones, si bien desde Hacienda insisten en estos 2.500 millones.
No obstante, este asunto está judicializado en muchas Comunidades Autónomas como es el caso de Andalucía, donde el Ejecutivo de Juanma Moreno acudió a la vía contencioso administrativa para recuperar los 534,3 millones de euros de este impuesto. Parecido es el caso de la Xunta de Galicia, que demandó por vía judicial al Estado esta liquidación del IVA de 2017 y espera conseguir los 204 millones correspondientes.
El Gobierno de Castilla-La Mancha también planteó un recurso ante la Audiencia Nacional con unas estimaciones que pasan por un total de 130 millones de euros y confían en que también se le dé la razón al Ejecutivo de Emiliano García-Page.
En Cantabria también se inició un procedimiento en la Audiencia Nacional para reclamar el IVA de diciembre de 2017 y está a la espera de la respuesta del abogado del Estado a la demanda interpuesta en diciembre por el Gobierno de coalición PRC-PSOE, según informan fuentes del Ejecutivo regional.
Por su parte, el Gobierno de Murcia enviará de nuevo un requerimiento al Minsiterio de Hacienda para solicitar el pago de esa cantidad, que en el caso de esta región ascendía hasta los 85 millones de euros y avisan que, en caso de que esa formalidad no sea atendida, irán a los tribunales.
"Las comunidades ya hemos denunciado en múltiples ocasiones el trato que recibimos del Gobierno central, con imposiciones constantes, ausencia de diálogo y sin tenernos en cuenta incluso en plena pandemia, pero ahora es el propio Tribunal Supremo el que le reprocha su falta de lealtad institucional. Ahora esperamos que, una vez que los tribunales les obligan a pagar lo que quitaron a las comunidades, no nos lo vayan a quitar por otro lado para pagar precisamente lo que deben", aseguraba el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Javier Celdrán.
En el caso del Gobierno de las Islas Baleares se confía en un solución consensuada con el Ministerio de Hacienda, aplicable a todas las comunidades y creen que una posible solución con el Gobierno central resolvería "de la forma más efectiva" la reclamación de Baleares.
Por su parte, el Gobierno asturiano considera "un buen precedente" el fallo del Tribunal Supremo a favor de la Junta de Castilla y León que condena al Estado a pagar a la Comunidad los 182 millones correspondientes a la liquidación del IVA de 2017, según han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, que han eludido hacer una valoración más extensa del fallo.
El Partido Popular, por su parte, ha registrado una batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados para exigir al Ministerio de Hacienda devolver a todas las comunidades autónomas la liquidez del IVA del año 2017.
Los de Pablo Casado también pretenden con estas proposiciones no de ley, que se debatirán en el Pleno del Congreso, obligar a Hacienda a dar "cumplimiento inmediato" a esta sentencia del Supremo y cargan contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "solo cubrir once de los doce meses del ejercicio de 2017" porque, según argumentan, "se negó a corregir previamente el sistema para evitar el problema detectado".
En este contexto, vuelven a pedir que el Gobierno devuelva a las CCAA el importe de la liquidación de 2017, que las autonomías lo cifran en total en 4.150 millones, mientras que Hacienda lo cifra en 2.500 millones de euros. Exigen que lo haga ya para evitar la judicialización de "una cuestión tan evidente que solo la tozudez del Gobierno ha impedido que se resuelva al margen de los tribunales".
Además del fallo del Tribunal Supremo, varias Comunidades Autónomas tienen también el asunto judicializado, como es el caso de Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha o Cantabria, que esperan que la sentencia favorable a Castilla y León les beneficie en sus intereses de recuperar este montante.
La posición del Gobierno sobre este asunto es la de que estudiará y cumplirá el fallo del Supremo, según trasladan a Europa Press fuentes del Ministerio de Hacienda, y destacan que esta fue una medida del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, que en el año 2017 implementó el llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA que implicó que, en términos de caja, solo se contabilizaran 11 meses de autoliquidaciones de IVA.
La ministra María Jesús Montero ha señalado que ahora el Gobierno estudiará "a fondo" esta cuestión. En unas declaraciones al respecto realizadas en Rota (Cádiz) recogidas por EFE, que cualquier solución "será para el conjunto de los territorios", ya que otras comunidades también reclamaron esta liquidación que hizo que recursos del 2019 de las autonomías se tradujeran en déficit.