VALÈNCIA. (EP) Las grandes constructoras y compañías de ingeniería españolas han planteado al Gobierno la ejecución de un plan de inversiones por valor de 100.428 millones de euros para la modernización de las infraestructuras en el país, capaz de crear hasta 1,4 millones de empleos hasta el año 2026. La Comunitat Valenciana copa el 11% de la inversión porpuesta.
Así lo han trasladado la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras Seopan y la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos Tecniberia, en un plan en el que detallan todas las actuaciones a las que se podría destinar esta inversión.
Se trata de 2.277 actuaciones repartidas en 10 macroproyectos y 32 líneas de inversión, que crearán 30.000 nuevos empleos en el ámbito de la ingeniería y hasta 1,4 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en la construcción.
Las subvenciones por parte del Estado alcanzarían los 12.740 millones de euros, lo que supone el 17,8% de las ayudas directas destinadas a España por parte de los fondos europeos, mientras que la inversión privada coparía el importe restante hasta los 10.000 millones de euros, es decir, el 87,3%.
Esto plantea que por cada euro de inversión pública se activarían siete euros de fondos privados y el retorno fiscal alcanzaría los 43.292 millones de euros, con una actividad económica inducida total de 190.500 millones de euros para todo el periodo.
La fase de preparación de los proyectos comenzaría el próximo año y, antes de 2024, las distintas etapas de tramitación y adjudicación ya estarían resultas, con el propósito de continuar las labores de construcción hasta 2026.
"Es un programa realista adaptado a los requisitos y exigencias del plan europeo Next Generation, que plantea un escenario temporal hasta 2026 para la aplicación de los fondos, respetando así todos los plazos que prevé el programa", han destacado los presidentes de Seopan y Tecniberia, Julián Núñez y Pablo Bueno, respectivamente.
Ambos han insistido en la necesidad de cambiar la tasa de descuento que prevé la legislación para conseguir atraer capital privado, ya que, con una tasa de rentabilidad inferior al 5%, "es difícil encontrar fondos privados", han defendido.
Por regiones, Cataluña copa el 24% de toda la inversión propuesta, siendo Madrid, con un 16,7%; Andalucía, con un 15%, y Comunidad Valenciana, con un 11%, las otras tres únicas comunidades con una proporción de fondos superior al 10%.
Entre las 10 palancas destacan la del fomento del transporte público (24.754 millones de euros), la del ferrocarril de mercancías y red convencional (16.469 millones de euros), o la de movilidad urbana (9.400 millones de euros), que plantean la ampliación de la red de Cercanías, la promoción de autopistas ferroviarias y conexiones ferro-portuarias o soterramientos y aparcamientos disuasorios.
Asimismo, hay una palanca destinada a la movilidad segura, conectada y sostenible de 20.151 millones de euros, que incluye la instalación de puntos de recarga eléctrica, la ampliación de la capacidad de las carreteras o la reducción de la accidentalidad.
Otra de las actuaciones importantes es la relativa a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, dotada de 15.000 millones de euros y que prevé rehabilitar hasta 750.000 viviendas hasta 2023, con subvenciones al 40% y préstamos del ICO por el 60% restante, aunque planteando un IVA reducida del 4% para estas actuaciones en los inmuebles y un beneficio fiscal en el IRPF para promover la rehabilitación.
Entre el resto de palancas se encuentran la depuración de aguas y redes de saneamiento (3.417 millones), la prevención de avenidas e inundaciones (797 millones), un plan de residuos (5.390 millones), el refuerzo de infraestructura sanitaria (4.800 millones) y la transformación digital y ecológica de la construcción (750 millones).
