Las defensas del equipo de Rodríguez niegan su participación directa en los contratos de Divalterra

VALÈNCIA. Las defensas del equipo del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez han negado su participación directa en las contrataciones en Divalterra que se consideran ilegales. Durante la sesión del juicio del caso Alquería en la que han presentado las conclusiones, los letrados de Ricard Gallego –quien fuera jefe de Gabinete de Rodríguez– y Jorge Cuerda –el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de la empresa pública– han pedido la absolución para sus clientes. 

El abogado de Gallego ha remarcado que hay que diferenciar entre una empresa pública y una privada. El objetivo de la primera, ha dicho, es cumplir con el programa político y el de la segunda ganar dinero. "Los altos directivos deben tener un componente de confianza, en contraposición al laboral ordinario y, naturalmente, a los funcionarios", ha indicado respecto a las acusaciones de enchufismo en las contrataciones efectuadas entre 2015 y 2018. 

El letrado ha querido realizar un símil sobre cómo siguió funcionando Divalterra tras los despidos de los altos directivos. "Es uno que sucedió en Europa. Bélgica estuvo más de dos años sin Gobierno por la falta de acuerdo de los partidos. La maquinaria administrativa no dejó de funcionar. ¿Debería haberse prescindido de los políticos? Los políticos no sobraban porque se pusieron de acuerdo y nombraron al Gobierno correspondiente", ha afirmado.

En cuanto a Gallego, ha señalado que no puede haber prevaricación ni malversación porque no hay conducta delictiva por su parte ni ha quedado demostrado que fuera cooperador necesario en los hechos que se enjuician. "No tuvo ningún tipo de participación en las contrataciones de 2015y es imposible que fuera puesto al corriente de ellas. No se encuentra en la causa documento, informe ni nada que se le parezca que él emitiera sobre las contrataciones. Ni siquiera pertenece a Divalterra, pero la Fiscalía le otorga una gran capacidad de intervención que no fue tal", ha comentado. 

Sobre el incidente del insulto al auditor de la empresa pública que él mismo denunció, la defensa de Gallego ha señalado que "no hay prueba alguna" que lo sostenga y que todos los testigos que asistieron al Consejo de Administracion que han declarado durante el juicio "han negado tales afirmaciones". 

Consejo de dirección

Igualmente, ha hecho hincapié en que el consejo de dirección –sobre el cual la investigación cree que sirvió de estructura paralela al Consejo de Administración de Divalterra y que decidió las contrataciones– no cabe duda de que fue "un simple grupo de trabajo que no suplantó las competencias y decisiones del Consejo de Administración". 

El letrado ha destacado, del mismo modo, que no hay pruebas –en los correos analizados por la Policía Nacional– del conocimiento de Gallego sobre el cuestionamiento de los contratos de alta dirección. También que no han quedado acreditadas las presiones o amenazas a los denunciantes por su parte. 

El abogado de Jorge Cuerda ha recordado que su cliente dio su opinión sobre los contratos y concluyó que éstos habían de ir ligados a unas ocupaciones acordes, que eran las de alta dirección. Pero las funciones de Cuerda, ha apuntado, "se limitaban al asesoramiento legal" y no ejerció "un control de hecho sobre Divalterra".

Al igual que otros acusados, ha señalado al que fuera jefe jurídico de la empresa pública, José Luis Vera, como aquel que tenía obligación de informar al Consejo de Administración sobre cualquier actuación que pudiera vulnerar las leyes. "No hizo nada", ha afirmado. 

El letrado ha incidido en que no tuvo intervención directa en los nombramientos, no ocultó los informes contrarios a las contrataciones y tampoco han quedado acreditadas amenazas ni presiones a los denunciantes. En su opinión, los cargos cumplieron funciones de alta dirección y "no hay evidencias de que no fuera así". A lo que ha añadido que nunca se superó el límite de contratados como altos cargos, que eso era lo que le competía a Cuerda. "Que se vea como disfuncional no significa que sea ilegal", ha concluido.