Estas son las dudas resueltas y los interrogantes sobre la ATE que deja el informe de Abogacía

VALÈNCIA. El informe elaborado por la Abogacía de la Generalitat Valenciana sobre cómo debe proceder la administración valenciana respecto a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Mestalla impulsada por el Valencia Club de Fútbol arroja luz en muchos sentidos. Pero también mantiene incógnitas por resolver. 

Así, el documento, elaborado a petición de la Conselleria de Territorio, deja claro los pasos que debe seguir la Generalitat Valenciana por los incumplimientos reiterados del club valencianista para con el plan urbanístico, así como qué departamentos de la administración autonómica tienen la competencia en esta materia. Pero, por otro lado, también deja en el aire qué responsabilidades tendría el Consell en caso de inacción o el escenario que se presentaría si el club presentara algún tipo de aval o garantía, o si se aceptasen sus alegaciones sobre el retraso en el cumplimiento de los plazos de la ATE.

En cualquier caso, el documento define de forma tajante y contundente que la inacción del club che no se puede permitir y el Consell tiene la obligación de "resolver anticipadamente la ATE" a través de dos vías: o la caducidad de la ATE o la sustitución del Valencia CF como promotor. Eso sí, se trata de dos opciones que tendrían que adoptarse si el club que preside Anil Murthy no moviera ficha. 

De hecho, el anhelo de la Administración es que se produzca algún movimiento garantista y sólido por parte de la entidad valencianista. "O el Valencia CF da pasos adelante y transparentes que sean creíbles, rápidos y económicamente viables para cumplir los compromisos adquiridos o se resolverá de forma anticipada la ATE", subrayaba este jueves el conseller del ramo, Arcadi España. Por tanto, el documento es el último toque al club para que tome la iniciativa si no quiere quedarse al margen de la actuación. 

Estas son algunas cuestiones que han quedado resueltas de todo este rompecabezas:

¿Quién tiene la última palabra en la Generalitat?

A lo largo de estos meses, las Consellerias de Territorio y Economía han librado una batalla interna por adjudicarse la competencia de tomar la última decisión sobre cómo resolver la actuación. Y es que mientras el primer departamento, que dirige el socialista Arcadi España, se inclinaba más por anular la actuación ante los sistemáticos incumplimientos del Valencia CF, el equipo de Rafa Climent (Compromís) se ha mostrado más favorable, al menos, a mantener su vigencia hasta 2025 -cuando caduca la ATE- imponiendo al club multas por los retrasos constatados.

Desde Economía se han amparado en el plan presentado por el Valencia en abril, con el que pretende que se prorrogue cinco años más la ATE, para seguir con el proyecto y justificar la vigencia de la ATE. A su juicio, una decisión contraria podía acabar en los tribunales dado que todavía hay tiempo y el club ha adquirido nuevos compromisos. No obstante, para Territorio el documento del Valencia era "muy flojo" y "no aporta las garantías suficientes ni la credibilidad sobre la voluntad de la propiedad de cumplir la ATE en los términos que están". Una opinión compartida por la concejalía de Urbanismo de València, encabezada por la socialista Sandra Gómez, que en un informe jurídico abogó por anular la ATE. 

No obstante, el documento de la Abogacía subraya que la decisión final no corresponde a una Conselleria en concreto, sino que la última palabra la debe tomar el gobierno valenciano en su conjunto. "El Consell debe ser el que adopte el acuerdo, bien resolviendo anticipadamente y acordando la sustitución del promotor o bien declarando la caducidad por incumplimiento de las condiciones establecidas dado que ello determina la pérdida de eficacia de las decisiones adoptadas a la hora de declarar como estratégica la actuación", remarca el informe.

Para los abogados de la administración, si el Consell es el órgano competente para declarar esta iniciativa como una ATE "debe serlo también para declarar su caducidad o acordar la sustitución del promotor". Por tanto, despeja cualquier duda sobre cómo se debe adoptar la decisión final y zanja las disputas entre los dos departamentos de la Generalitat Valenciana.

¿La Generalitat debe resolver la ATE?

Una de las dudas que estos meses también sobrevolaba en el ambiente era si la administración valenciana podía resolver la actuación de forma anticipada. Y esta es la principal incógnita que despeja la Abogacía en sentido afirmativo. Es más, no solo señala que el gobierno valenciano puede actuar, sino que subraya que "está obligado a iniciar el procedimiento para la resolución anticipada de la ATE" dado que considera acreditada la "inactividad injustificada" del club y el "incumplimiento de sus obligaciones" en la fase 1 y la primera parte de la fase 2, "de forma grave y reiterada".

Y plantea para ello dos opciones: o bien declarar la caducidad del plan, que conllevaría la "reversión, retroacción y reposición de bienes, actuaciones y obras, así como la derogación de las previsiones de planeamiento en los términos que resuelva Territorio". O, por otro lado, la sustitución del promotor, permitiendo con ello que un tercero asuma las obligaciones y derechos del Valencia CF.

¿Se puede resolver la ATE por incumplimientos de plazos parciales y no totales?

Lo que no quedaba claro tampoco hasta el momento era si se podía resolver la actuación por incumplimiento de algunas de sus fases dado que el plazo del conjunto de la ATE vence en 2025. En este sentido, el informe señala que "no es necesario que transcurra el plazo total de ejecución para declarar la caducidad de la ATE". Así, puntualiza que "basta con que se acredite un incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones del promotor" en cualquiera de sus fases intermedias. Y, a juicio de Abogacía, el Valencia no ha cumplido con la fase 1, que finalizaba en 2018, ni la subfase de la fase 2, que expiró este pasado viernes.

Y es que, a diferencia de la figura urbanística de los PAI -Planes de Actuación Integrada- que sí que precisan del transcurso total de su plazo de ejecución para poder declararlos caducados, en las ATE se vincula "al incumplimiento del promotor de las condiciones y los plazos estipulados", por lo que no es necesario que transcurra la totalidad de su vigencia.

Por tanto, remarca que "el incumplimiento por el promotor de las condiciones y plazos de ejecución estipulados determinará su sustitución o la caducidad de la actuación y la incautación de las garantías prestadas, previa audiencia del interesado". Clarifica así, una de las grandes incógnitas de la administración a la hora de actuar. 

¿La caducidad de la ATE puede afectar sólo a parcelas del VCF o también lo hará a las de titularidad pública?

De acuerdo con la Abogacía, si se declara la caducidad de la actuación urbanística, la Conselleria de Territorio tendrá la potestad de decidir "si se derogan o no las previsiones del planeamiento aprobado". Por tanto, consideran que esa competencia abarca la "posibilidad de derogar algunas y mantener otras".

Eso sí, tendrá que hacerlo "de forma motivada y basándose en el interés general. No obstante, apostilla que la decisión debería consensuarse con el Ayuntamiento de València, quien ostenta las competencias en el planeamiento de la ciudad, dado que se requiere la aprobación municipal con carácter previo al autonómico. En caso de que se adoptaran nuevas decisiones sobre el planeamiento que modificara de forma sustancial las condiciones ya establecidas, habría que tramitar un nuevo procedimiento, según Abogacía.

Por contra, ciertos aspectos siguen quedando en el limbo y sin resolverse.

¿El Valencia ha incumplido la Fase 1?

El elaborado informe de la Abogacía, con todo, parte de la premisa de que el Valencia CF, como promotor de la ATE, ha incumplido la Fase 1, cuyo plazo expiraba en 2018 y de la que la única actuación que falta llevar a cabo es la construcción del hotel en la parcela de la Avenida de Aragón que resultó de la demolición de un edificio de oficinas municipales, ahora propiedad de la firma Expo Grupo. Pese a ello, lo cierto es que la responsabilidad del club che sobre la no edificación del complejo hotelero está todavía en el aire.

De hecho, la misma concejalía de Urbanismo que pide anular la ATE también exculpa al club que preside Anil Murthy de este incumplimiento. "Aunque esta actuación sigue a fecha de hoy pendiente de ejecución, entendemos que no puede considerarse como un incumplimiento de las obligaciones o compromisos del promotor de la ATE [el Valencia CF], porque no resulta contractualmente exigible a este último la construcción del hotel, dado que la obligación de edificar no incumbe al promotor de la ATE, sino a la propiedad de la parcela", que es Expo Grupo.

Es uno de los clavos a los que se agarra el Valencia para dejar claro que la responsabilidad del incumplimiento de la primera fase no es suya, sino del grupo hotelero. Y así lo ha hecho manifestar a la administración valenciana en las alegaciones que presentó para defender la prórroga de la ATE. Es una cuestión todavía por dilucidar por parte de la Conselleria de Economía, y es un asunto en el que no entra la Abogacía de la Generalitat, que achaca el incumplimiento exclusivamente al VCF.

¿Cuáles serán la responsabilidades del Consell si no actúa?

Una de las preguntas que hace la Conselleria de Territorio a la Abogacía de la Generalitat es si el gobierno valenciano "podría incurrir" en "algún tipo de responsabilidad si finalmente no se resuelve" la ATE. Los letrados son tajantes: sí, porque "existe un mandato imperativo de la ley" para que el Consell actúe. Pero más allá de esto, no entran a explorar cuáles son estas responsabilidades.

En caso de que el Consell, ante los incumplimientos del VCF, no resuelva la ATE -bien mediante la caducidad, o bien mediante la sustitución del Valencia como promotor- "quedaría expedita la vía para recurrir ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo por inactividad de la Administración". Esto es, cualquiera podría llevar a la Generalitat a los tribunales, y sería allí donde se decidirían las responsabilidades.

Por ello, la Abogacía no entra a valorar cuáles podrían ser estas: no se puede "en estos momentos anticipar ningún análisis jurídico de dicha situación futura, que es planteada como mera hipótesis, desconociendo en estos momentos las circunstancias que podrían concurrir en los procedimientos concretos en los que se reclamara dicha responsabilidad", explican los letrados en este sentido.

¿Qué pasa si el Valencia presenta un aval? 

Una de las "circunstancias" que tendrían gran peso en ese procedimiento es, por ejemplo, que el Valencia hubiera presentado a la administración algún tipo de aval o de garantía de viabilidad para cumplir con lo comprometido en la ATE. En ese caso, ¿sería jurídicamente viable resolver la actuación? Es una pregunta que la Conselleria de Territorio no hace a la Abogacía y, por ende, esta no se pronuncia sobre este aspecto.

Es una circunstancia crucial para entender el marco jurídico en el que se encuentra el tira y afloja entre administración y el club valencianista, más si cabe después de la oportunidad de oro que tiene el Valencia de poder presentar un plan para salvar la ATE con la inyección de más de 100 millones de euros que recibirá gracias a la aportación de LaLiga tras aliarse con la gestora de fondos británica CVC Capital Partners. Si el club, que debe dedicar el 70% de esos fondos a infraestructuras, opta por presentar un aval y alcanza un acuerdo con la Generalitat Valenciana, ¿un recurso contencioso por inacción del Consell tendría visos de éxito? Es algo que, por el momento, se desconoce. Con todo, es eso precisamente lo que el Consell reclama ahora al club si se quiere continuar con la ATE: una garantía.