Ultimátum de la Abogacía al VCF: el Consell deberá resolver la ATE si el club no mueve ficha 

VALÈNCIA. Ultimátum de la Abogacía de la Generalitat Valenciana al Valencia CF ante los sistemáticos incumplimientos de sus obligaciones en la ejecución de la ATE de Mestalla. El plazo para que venza la actuación expira en 2025, pero los abogados de la Administración valenciana consideran que la inacción del club que preside Anil Murthy es insostenible. Por ello, propone al Consell resolver de forma anticipada el puzle urbanístico a través de dos vías: bien mediante la caducidad de la ATE, o bien sustituyendo al Valencia CF como promotor.  

Así, el informe elaborado por la Abogacía a petición de la Conselleria de Territorio que dirige Arcadi España, constituye una última llamada al club a mover ficha si no quiere quedarse al margen de la actuación. El documento es claro: el Consell "tiene la obligación jurídica de resolver anticipadamente" la actuación urbanística dados los informes técnicos que hay encima de la mesa por parte de las diferentes administraciones y los sistemáticos incumplimientos del promotor, el Valencia CF. 

No obstante, la pelota está ahora en el tejado del club. Si presenta una nueva propuesta con el fin de evitar la pérdida de la ATE, la Generalitat podría no resolverla. En caso contrario, la Abogacía es contundente al respecto y marca en su informe los pasos a seguir: caducidad o sustitución del promotor.

Fueron precisamente las dudas sobre cómo actuar ante el bloqueo de la situación lo que llevó a la Conselleria de Territorio a dirigirse a la Abogacía para arrojar luz sobre el marco jurídico con el que proceder. Y la respuesta ha sido contundente: "La ley impone a la Administración un mandato imperativo, una obligación de actuar ante el incumplimiento de las condiciones impuestas en la ATE por su promotor", que en este caso es el Valencia.

El propio conseller del ramo, Arcadi España, señalaba este jueves, tras conocerse el informe, que "o el Valencia CF da pasos adelante y transparentes que sean creíbles, rápidos y económicamente viables para cumplir los compromisos adquiridos o se resolverá de forma anticipada". En el informe, Abogacía considera acreditada la "inactividad injustificada" del club y el "incumplimiento de sus obligaciones en la fase 1 y de la primera parte de la fase 2 "de forma grave y reiterada".

Cabe recordar que la primera fase de la ATE debía estar concluida en 2018, y aquí entraba la demolición del edificio con dependencias municipales en la Avenida de Aragón, la construcción de un hotel, propiedad de Expo Grupo, sobre la parcela resultante y la urbanización del entorno. De eso, queda por cumplir todavía la construcción del hotel de Expo Grupo.

En este sentido, la Abogacía da por hecho que esta falta es achacable al promotor de la actuación en su conjunto, el club che. Sin embargo, lo cierto es que esta responsabilidad parece estar todavía en el aire, dado que la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València, que dirige Sandra Gómez, y el propio Valencia, consideran que la responsabilidad en este caso es del grupo hotelero y no del club.

Más allá de esta cuestión, lo cierto es que tampoco se han dado pasos para cumplir los siguientes hitos fijados en 2015 entre la Generalitat, entonces dirigida por el popular Alberto Fabra, y el Valencia. Este viernes 18 de agosto finalizaba la subfase de la fase 2 de la ATE, que incluía la urbanización del entorno del Nou Mestalla, la construcción del nuevo polideportivo de Benicalap y la finalización de las obras del nuevo estadio. Pero ninguna de estas actuaciones se ha acometido. Y de ahí las conclusiones que plantea la Abogacía.

Las dos opciones que tiene el Consell

Los abogados de la Generalitat sostienen que "la Administración está obligada a iniciar el procedimiento para la resolución anticipada de la ATE". Y plantea para ello dos opciones. Por un lado, declarar la caducidad del plan, para lo que no se requiere que haya transcurrido el plazo total -2025-, sino que basta con que se hayan incumplido plazos parciales, como el de 2018 o el que vence este viernes. De esta forma, según el documento, esta opción conllevaría la "reversión, retroacción y reposición de bienes, actuaciones y obras, así como la derogación de las previsiones de planeamiento en los términos que resuelva Territorio".

Según explican fuentes de Territorio, la caducidad de la ATE no supondría la anulación de la actuación en sí misma, sino que conlleva la suspensión urbanística del desarrollo, que podría retomarse en un futuro. En este sentido, Abogacía justifica esta vía al quedar acreditado que ha habido "un incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones del promotor" y, especialmente en este caso, en el que la fase 1 fija que su plazo es "improrrogable".

Por otro lado, la Abogacía plantea una segunda opción: la sustitución del promotor. Esto permite mantener las condiciones aprobadas, pero requerirá también la resolución anticipada de la relación jurídica que une al promotor inicial -el VCF- con la Generalitat, sin declararla caducada, permitiendo con ello que un tercero asuma las obligaciones y derechos del Valencia CF. De esta forma, el nuevo promotor mantendría los beneficios urbanísticos y las condiciones fijadas en la ATE y se podrían negociar unos nuevos plazos. Eso sí, al nuevo operador se le exigirá condiciones de solvencia acreditadas para seguir adelante con el proyecto. 

La decisión la tomará el Consell 

En cualquier caso, Abogacía señala que la decisión final no corresponde a una Conselleria en concreto, sino que la última palabra la debe tomar el gobierno valenciano en su conjunto. "El Consell debe ser el que adopte el acuerdo, bien resolviendo anticipadamente y acordando la sustitución del promotor o bien declarando la caducidad por incumplimiento de las condiciones establecidas dado que ello determina la pérdida de eficacia de las decisiones adoptadas a la hora de declarar como estratégica la actuación", remarca. 

Asimismo, incide en que dado que fue el Consell el órgano competente para declarar esta iniciativa como una ATE "debe serlo también para declarar su caducidad o acordar la sustitución del promotor". Así pues, el club valencianista tiene ante sí un ultimátum de la administración valenciana y sólo podrá salvar la ATE dando pasos creíbles y con garantías. Lo contrario conllevaría aplicar la receta contundente que la Abogacía considera no sólo jurídicamente viable, sino obligatoria para la administración.

La inyección financiera de LaLiga como 'salvavidas'

Recientemente, el Valencia, como la mayoría de clubes de LaLiga, ha recibido un flotador financiero importante después de que el campeonato alcanzara un acuerdo con la gestora de fondos británica CVC Capital Partners para inyectar un total de 2.100 millones en los equipos. De ellos unos 117 millones entrarían en las arcas del club valencianista, un salvavidas nada desdeñable entre cuyas condiciones está precisamente dedicar el 70% de este fondo a inversiones en infraestructuras como estadios o ciudades deportivas.

Así pues, el club que preside Anil Murthy tiene ante sí la posibilidad de presentar alguna garantía de cumplimiento de la ATE a la administración dado que, precisamente, uno de los argumentos esgrimidos por el Valencia para justificar los retrasos e incumplimientos ha sido la dificultad financiera por la que ha atravesado y el fracaso en la venta de los terrenos del antiguo Mestalla, que ha hecho inviable la operación de Nou Mestalla. Este balón de oxígeno financiero puede servir para salvar la ATE satisfaciendo la demanda de la administración: garantías y avales para continuar con las actuaciones.

La posible prórroga, todavía en marcha

Independiente al informe de la Abogacía y al incumplimiento de la fase 2, consumado este mismo viernes, sigue en marcha el proceso que inició el Valencia el pasado mes de abril para solicitar a la Generalitat Valenciana la prórroga de la ATE de 2025 hasta 2030 por la imposibilidad de cumplir las fechas límite estipuladas en los acuerdos de 2015. La administración autonómica denegó en julio esa prórroga precisamente por la inacción del club y el Valencia presentó una serie de alegaciones para evitar el rechazo.

En aquel escrito, Murthy se escudaba en la crisis del coronavirus, que irrumpió hace año y medio, para argumentar las dificultades financieras que le han imposibilitado avanzar en el cumplimiento de la ATE, y por otro lado acusaba a la administración, y fundamentalmente al Ayuntamiento de València, de "inacción" y de haber dilatado injustificadamente algunos procedimientos.

Ante tal señalamiento, la Conselleria de Economía, que dirige Rafa Climent, remitió sendos escritos tanto al Valencia como al Ayuntamiento de València para que justifiquen documentalmente los expedientes y poder así dilucidar si hubo implicación del consistorio en los retrasos, como explica el club. La Conselleria deberá analizar los argumentos de las partes y finalmente determinar si, finalmente, concede o no la prórroga.

Hasta entonces debería permanecer en el aire la decisión última de resolver la ATE, puesto que la hipotética concesión de la prórroga sería a priori incompatible con la resolución de la actuación urbanística. Entre otras cuestiones que están en el aire, se encuentra por ejemplo la de dilucidar si el club es el responsable de la falta del hotel de Expo Grupo, o lo es el grupo hotelero. Así pues, toda vez finalizado el procedimiento de la prórroga, la Generalitat estudiará el camino a seguir y tomará una determinación en base al informe de la Abogacía.