Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La pasada semana se hizo público un informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) donde los expertos dejaban escrito, negro sobre blanco, que el problema de acceso a la vivienda en València es "extremo" con un "altísimo riesgo" de mutar "en una emergencia social y de convivencia". Una alerta que tiene su traducción directa en la cantidad de solicitudes de ayuda que está recibiendo la administración.
Un ejemplo de ello, el más directo si cabe, es el del registro de demandantes de viviendas de alquiler social y alquiler asequible del propio Ayuntamiento de València. Los documentos del consistorio, expuestos este lunes por el grupo municipal socialista, muestran un crecimiento considerable de las inscripciones en aproximadamente un año: un 50% para los pisos de alquiler asequible propiedad de la firma urbanística municipal, Aumsa; y un 25% en el de la concejalía de Vivienda.
Así pues, el registro de Aumsa, que controla el parque municipal de alquiler asequible, ha experimentado un incremento de casi el 50% en poco más de un año. En septiembre de 2023, se contabilizaban inscritas 1.231 personas y en octubre de 2024, había registradas 1.838, según reflejan las diferentes actualizaciones colgadas por la propia empresa pública.
En el caso de las viviendas sociales que dependen de la concejalía, las solicitudes registradas a fecha de julio de 2023 ascendían a 1.479. Pero desde entonces y hasta el mes de septiembre de 2024 -un año y dos meses después- se han aceptado 422 nuevas inscripciones, que cumplían los requisitos, más flexibles desde este verano. Con todo, durante el primer año de mandato, el ejecutivo local adjudicó 39 viviendas,
Más tarde, el pasado mes de octubre, la alcaldesa, María José Catalá, dijo que el Ayuntamiento había adjudicado un total de 59 viviendas de alquiler asequible en lo que va de mandato. De manera que descontadas estas de la cifra total de solicitudes registradas por la concejalía, el aumento del listado hasta los últimos datos conocidos es de casi el 25%
Las cifras sobre la lista de espera fueron una de las críticas lanzadas este lunes por el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, y la edil socialista Elisa Valía, que calificaron de "dramática" la situación de la vivienda, que a su juicio se ha visto agravada por "las políticas" populares como. A lo que estos recordaron la lenta construcción de vivienda del pasado mandato o los planes urbanísticos en marcha que aumentarán la oferta de vivienda de renta libre y protegida.
Así pues, en una rueda de prensa, los socialistas criticaron la decisión del gobierno local de "regalar suelo público a los promotores privados", en referencia a la cesión de suelo a promotores para construcción de vivienda nueva, y de "no aplicar la Ley de Vivienda", que permite topar los precios en zonas tensionadas, así como de "no regular los apartamentos turísticos".
“Otras ciudades sí están haciendo cosas. Barcelona, por ejemplo, ha conseguido bajar un 5% los alquileres después de topar los precios y declararse como zona tensionada. Por eso, los grandes fondos están saliendo de Cataluña para centrarse en València, lo que va a empeorar la desastrosa situación que tenemos ahora”, dijo Valía al respecto. Y señaló que los alquileres se han incrementado casi un 30% en la ciudad mientras el consistorio "sube los alquileres de Aumsa o incrementa un 33% el ICIO y no moviliza las 36.500 viviendas vacías que hay en la ciudad".
Desde el ejecutivo local recordaron que la concejalía de Urbanismo, que dirige el edil Juan Giner, se están tramitando actualmente 15 PAI en la ciudad, que supondrán más de 7.500 viviendas nuevas, de las que 1.850 serán de protección pública en barrios como el Grao, Benimaclet, San Marcelino, el Parque de Artillería, el Camí Reial y Malilla Sur. Además, insistieron en que, durante este año y medio, se han comprado 139 viviendas que ya forman parte del patrimonio municipal en La Torre y en Safranar -en este último caso, el proceso de adquisición se había iniciado el pasado mandato-.
Con todo, los populares recordaron que del plan de construcción del ejecutivo anterior solo finalizaron una quincena de viviendas. Por lo que, insistieron en que los socialistas "no están para sacar pecho", en referencia también al proyecto de viviendas del Cuartel de Ingenieros, medida estrella anunciada por tercera vez en siete años por parte del Ejecutivo central. "Los terrenos siguen siendo solares porque, como ha pasado en el ayuntamiento con los socialistas, los proyectos solo son maquetas que nunca se ejecutan", afearon.
Una de las medidas puestas en marcha por el ejecutivo local ha sido la cesión de cuatro parcelas municipales en los barrios de Nou Moles y Faitanar para la construcción de 227 viviendas de protección pública por promotores privados, que podrán explotarlas durante 65 años (con posible prórroga de otra década). Entonces, pasarán a la gestión pública. Un concurso que ha levantado críticas al conocerse que sólo se ha presentado una firma, vinculada al esposo de una diputada popular, miembro de la ejecutiva del PP de València.
Al respecto, Sanjuán exigió la suspensión del concurso, que calificó como "uno de los mayores y más indecentes pelotazos en la ciudad". "Es evidente que les hemos pillado regalando a sus amigos suelo público", señaló el portavoz socialista, quien avanzó que su grupo estudia "medidas judiciales" en el caso de que el Ayuntamiento no paralice la adjudicación. Al respecto, el Ejecutivo local subrayó que se trata de "un proceso abierto, trasparente y de libre concurrencia al que se ha podido presentar cualquier empresa" y que todavía "está en curso".
Los socialistas también anunciaron una moción para que el Ayuntamiento realice un censo de las viviendas afectadas por la Dana así como de los vecinos y vecinas que necesitan atención por parte del Ayuntamiento. Según el gobierno municipal, el consistorio "ha atendido todas las necesidades de realojo y los servicios sociales están volcados", pero Valía señaló que es "inconcebible" que la concejalía no "haya sido capaz" de hacer el censo "en tres meses".
"No saben ni cuantas personas necesitan un realojo, por eso, vamos a instar al consistorio a que elabore ese censo y que coordine la atención de todas las necesidades", señaló Valía, quien añadió que se pedirá una línea de ayuda de 1.000 euros por vivienda que se incremente en función de los habitantes.
Por su parte, desde la concejalía respondieron que los socialistas "deberían estar exigiéndole a Sánchez que dé las ayudas a los municipios que ya han solicitado lleguen y que dejen de hacer trilerismo sobre las ayudas concedidas por los pagos del Consorcio de Seguro, que no sale de las arcas del estado".
