Les Corts se declaran incapaces de cuantificar el agujero de Ciegsa tras casi tres años de comisión

VALÈNCIA. En septiembre de 2016, Les Corts Valencianes constituyeron la comisión de investigación de la empresa pública Ciegsa en la que todos los grupos parlamentarios -a excepción del PPCV- esperaban poder depurar responsabilidades políticas de los sobrecostes y de la "corrupción del dinero destinado a la construcción de centros educativos". 

Sin embargo, tras casi dos años y medio, las conclusiones que los grupos parlamentarios del Botànic -Ciudadanos se borró de la presentación- expusieron a la prensa este martes se quedaban a medio camino de todas estas pretensiones. 

"Debemos concluir que esta comisión no puede determinar, por no tener ni los mecanismos, ni los recursos necesarios, los perjuicios ocasionados al erario público de la gestión realizada por los diferentes Gobiernos de la Generalitat que desde el mes de julio del año 2000 hasta el mes de noviembre de 2013 -Fecha en la que fue encargado el informe de Control Financiero Específico a la Intervención General de la Generalitat Valenciana- que por acción u omisión, han amparado el irregular funcionamiento de la empresa pública Ciegsa", explican en la penúltima página de un dictamen de 179 páginas. 

Una manifestación que, sin lugar a dudas, emborrona el resto del análisis de lo ocurrido estos meses y que colisiona con las palabras del conseller de Educación, Vicent Marzà, y el responsable de Hacienda, Vicent Soler, en enero de 2016 cuando estimaron basándose en el Informe definitivo de Auditoría realizado por la Intervención de la Generalitat que el agujero generado en las arcas públicas por la existencia de Ciegsa eran de 1.000 millones de euros.

El titular de Hacienda, acusó entonces a sus antecesores de "crear una administración educativa paralela, una especie de Conselleria de Educación en B", mientras detalló que los gastos habían supuesto 457 millones de euros -393,33 de costes financieros; 42,65 en personal y 21 en servicios exteriores- y sobrecostes de un 36% respecto a lo que hubiera costado construir los centros educativos si se hubiera gestionado directamente desde la Conselleria (es decir, aproximadamente, 540 millones de más). 

Ahora bien, esta conclusión también se topa con las declaraciones que en su día realizaron los portavoces de la comisión antes de iniciar los trabajos. Según el portavoz del PSPV en esta comisión, Alfred Boix, lo ocurrido en Ciegsa era la cara "más cruel de  20 años de despilfarro, corrupción, fiesta y cachondeo del PP, porque mientras ellos se paseaban con un Ferrari en un circuito de Fórmula Uno un domingo, los niños entraban en barracones los lunes por la mañana. Es un pufo de 2.500 millones de euros con unos sobrecostes de mil millones". Para la portavoz de Compromís, Belén Bachero, se trataba de "muchos millones" que habían ido a parar a "una presunta financiación del PP y a enriquecer muchos cargos". La portavoz de Podemos en esta comisión entonces, Sandra Mínguez, fue más cauta al señalar que se debían depurar responsabilidades políticas. 

Responsabilidades políticas

A pesar de este tiro en el pie, el dictamen provisional sobre Ciegsa concluye que la empresa pública funcionó como "una herramienta diseñada para eludir el control" de la Administración, lo que derivó en gastos adicionales en los que no se habrían incurrido si la Generalitat hubiera ejecutado de forma directa los colegios: "La ausencia de planificación y la reiterada falta de consignación presupuestaria provocaron el recurso sistemático a diversas ampliaciones de capital, aprobadas por el mismo Consell, y en la mayoría de ocasiones no fueron desembolsadas". 

En este sentido, los diputados recurren al informe de la Intervención General al que hizo referencia en su día Soler para apuntar que Ciegsa se acogió "para salir de la difícil situación económica generada a distintos mecanismos de financiación, aprobados por la Administración Central, por un importe superior a los 486 millones de euros".

Una cifra que se correspondería con los créditos bancarios o las  "permanentes pólizas de crédito" entre otros mecanismos financieros a los que la mercantil recurrió, pero no al montante total que la "mala gestión" habría generado, ya que, como revelan al final del informe, no han podido cuantificar la cantidad de dinero que generó la suma de tener una "plantilla sobredimensionada", "la utilización de contratos de alta dirección que no correspondían con las funciones ejercidas", "el recurso a la contratación de falsos autónomos" -contratación de zombies-, "expedientes desvinculados de la obra o directamente no vinculados a ninguna obra", o el "abuso del procedimiento negociado sin publicidad". 

En definitiva, los grupos tasan en 486 millones los gastos generados por la empresa para hacer frente a la deuda que tenía -una cantidad que ya se conocía antes de que comenzara la comisión-, pero no lo hacen con el resto de actuaciones derivadas de "mala gestión" que hubiesen permitido a la comisión medir una cifra total que, sin embargo, Soler y Marzà ya aventuraron nueve meses antes del inicio de la comisión. La cifra de los 1.000 millones, de hecho, surgió en varios momentos de su desarrollo, pero no aparece en ningún apartado del dictamen. 

El documento, elaborado por todos los grupos salvo el PPCV, responsabiliza a todos los consellers de Educación desde 2001 a 2013 -Manuel Tarancón, Esteban González Pons, José Císcar y María José Catalá- pero especialmente cita la responsabilidad política 'in vigilando' de Alejandro Font de Mora. La etapa "más negra" fue bajo la dirección de Máximo Caturla como secretario autonómico y consejero y posterior consejero delegado de Ciegsa.

Asimismo considera cooperadores directos a los directivos de la emresa que ocuparon cargos de repsonsabilidad en materia de contratación y dirección como Joan Vergara, Elena Bosque y Carlos Roqués.