VALÈNCIA. (EFE). El pleno de Les Corts Valencianes ha acordado este miércoles tramitar una propuesta de Podem para cambiar la ley del estatuto de los expresidents de la Generalitat de 2002 con el fin de eliminar que sean miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y limitar los medios materiales a su disposición.
El inicio de la tramitación se ha aprobado por unanimidad, aunque el resto de grupos ha alertado de que queda mucho por debatir durante el trámite parlamentario, pues existen puntos de encuentro y otros donde será más difícil el consenso.
Podem pide sustituir la condición de miembros natos del CJC durante quince años de los expresidents por la de miembros natos del Comité Económico y Social (CES) cinco años máximo, y fijar supuestos de revocación del tratamiento honorífico y de sus medios en caso de sentencia condenatoria firme por delito contra la Administración pública.
También propone introducir obligaciones en materia de transparencia informativa respecto de las actividades desarrolladas con el uso de las asignaciones presupuestarias establecidas en favor de los expresidents.
La iniciativa la ha defendido la diputada de Podem Fabiola Meco, quien ha recordado que es la segunda vez esta legislatura que traen una propuesta de reforma de esta ley, con el objetivo de "defender la dignidad y la integridad de las instituciones" y contar con una ley que no equipare "dignidad institucional con privilegios".
Meco ha explicado que las oficinas de los expresidents José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra han costado hasta el momento un millón de euros a los valencianos, y ha hecho un llamamiento a encontrar el equilibro entre las posiciones de los grupos sobre la pertenencia al CJC de los expresidents o sus oficinas "opacas".
El portavoz socialista, Manuel Mata, ha admitido que para él es el debate "más incómodo" de la legislatura, pues ha conocido a todos los expresidents y es una de las profesiones "más sacrificadas y nobles", y ha opinado que se debe permitir que sigan "al servicio de la Comunitat" en lugares donde pueden "aportar", como el CJC.
Mata ha indicado que el coste de un millón de euros equivale a "20 céntimos" por valenciano; ha pedido que no se hagan leyes para "personas concretas", pues el derecho no es "venganza ni castigo", y ha alertado de que con esta ley no les podrían revocar si cometieran pedofilia o asesinato, ni habría servido para revocar a los tres expresidents del PP que están imputados.
Mireia Mollà, de Compromís, ha apoyado que los expresidents vayan al CES; ha calificado de "primario" hablar de la oficina; ha opinado que lo que hay que decidir es si tienen derecho a un sueldo durante un tiempo de transición, y ha invitado a "huir de nombres propios" y a regular una norma que valga para expresidents "honrados".
El diputado del PP Alfredo Castelló ha calificado de "trilera" a la diputada de Podem por mantener que esta norma no es retroactiva mientras habla de Francisco Camps o de Eduardo Zaplana, y ha asegurado que esta propuesta "está basada en el odio" y la exposición que se hace es "demagógica y sectaria".
Castelló ha indicado que el coste de las oficinas de los expresidents supone "doce céntimos por valenciano", lo que no es un "coste insoportable", y ha asegurado que estarán en los debates de esta norma, que no es una prioridad para los ciudadanos, "defendiendo la honorabilidad de las instituciones".
Emigdio Tormo (Ciudadanos) ha apoyado que los expresidents tengan un reconocimiento honorífico e incluso una remuneración económica unos años al dejar el cargo, pero no ven necesaria la oficina, dado que se les puede dar asistencia, ni tampoco que estén el CJC ni en el CES, que deberían estar formados por técnicos.
