Foto: PEPE OLIVARES
ALICANTE. Si la normativa urbanística en general ya no suele despertar excesivas simpatías entre los actores del sector, la reciente Ley por el Derecho a la Vivienda no ha sido una excepción. Los participantes en el Diálogo Plaza 'Sector inmobiliario y turismo residencial, retos y desafíos' coincidieron sin excepción en que, aunque con buenas intenciones, la ley será de difícil aplicación por implicar a los tres niveles de la Administración, y que en el caso concreto del precio del alquiler provocará el efecto contrario al que busca.
El abogado experto en urbanismo Rafael Moreno, de Inur Abogados, señaló que el Estado ha legislado sobre una materia en la que apenas tiene competencias, pues necesita que las comunidades autónomas declaren las zonas tensionadas, y que los ayuntamientos cobren el recargo del IBI a los tenedores de viviendas vacías. Una entente que vaticina difícil de lograr. Pero además, consideró que las trabas al alquiler reducirán la oferta, al retirar los pisos los inversores que buscan rentabilidad, de manera que los precios subirán. El experto en arquitectura mediterránea Carlos Pérez Carramiñana, por su parte, lamentó que el Estado "pida a los individuos que aporten soluciones particulares a un problema social que debería resolver directamente". ¿Cómo? "Haga usted vivienda social".
En el mismo sentido se pronunció Valentina Sileike, directora de Lucas Fox Alicante: "La mejor manera de que bajen los precios es liberar suelo finalista: si reducimos el coste del suelo bajarán los precios de las promociones". Al respecto, el secretario general de Provia, Jesualdo Ros, advirtió de que "los inversores buscan rentabilidad, si se limitan los alquileres, esos mismos inversores abandonarán el build to rent que estaba en auge los últimos años, y se dedicarán a los pisos turísticos, que ofrecen más seguridad jurídica". Algo que, indicó, ya está sucediendo. De hecho, Ros desveló que "lo último que hizo el conseller de Vivienda antes de las elecciones fue declarar zona tensionada toda la Comunitat Valenciana", algo que a su juicio agravará la situación, por lo que pidió que el nuevo Consell revierta esta decisión.
Fotos: Pepe Olivares
Mejor acogida ha tenido otra norma reciente, como es el registro obligatorio para los agentes inmobiliarios. Algo que en Lucas Fox consideran esencial para profesionalizar el sector, que como indican desde Inur Abogados, trabaja con una materia "sensible", como es la vivienda. La norma está siendo analizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que debe determinar si dicho registro puede ser obligatorio, como pretende la Generalitat, o debería ser voluntario. En este sentido, Moreno recordó que en Cataluña existe la misma exigencia desde hace una década, y que además el decreto emana de una ley autonómica que no fue enmendada, por lo que entiende que se aplicará sin problemas.
Por otra parte, el diálogo analizó las consecuencias de la inflación en el mercado inmobiliario. El director general de Alibuilding, José Antonio Izquierdo, explicó que su promotora ha tenido que llevar contra su margen de beneficio el incremento de precios en las promociones que ya tenía en marcha, porque "no puedes elevar el precio que ya tenías firmado con el comprador aunque suban los materiales". No obstante, advirtió que los costes, que tienen a estabilizarse, "no van a bajar", por lo que los precios de las nuevas promociones que se están iniciando tienen que trasladar el incremento al cliente. "Es la tormenta perfecta", lamentó Carramiñana.
Los tipos de interés no están teniendo impacto en los compradores extranjeros, pues el 80% no necesita recurrir a financiación bancaria. Sin embargo, complican el acceso a la vivienda de jóvenes y rentas medias españolas, como explicaron los participantes. "Hay previstas ayudas para los colectivos vulnerables, y luego tenemos a las rentas altas que no sufren la inflación y los tipos, pero tenemos un enorme intervalo entre medias que no se está atendiendo", indicó Moreno.
Ante este panorama, una posible solución sería apostar de forma decidida por la construcción industrializada, que no solo es más sostenible y genera menos residuos, sino que soluciona el problema de los costes y de la falta de mano de obra. "Se van a jubilar en los próximos años muchos albañiles, y no hay relevo generacional porque los jóvenes ya no quieren trabajar en la obra", advirtió Carramiñana.
