El exvicealcalde de València Alfonso Grau. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Entre el estupor y la incertidumbre ha sido recibida por las defensas de los imputados la última providencia del juzgado encargado del presunto blanqueo cometido en el grupo del PP en el Ayuntamiento de València. En ella, se daba por finalizada la instrucción con una respuesta que ha tardado dos años en llegar y que ahora genera una especie de "limbo".
Esta pieza, una de las componen la macrocausa de Taula y la más mediática por sus protagonistas, se centra en en el llamado pitufeo: 50 investigados –entre ellos nueve de los diez concejales de entonces y la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster– habrían realizado una aportación de mil euros para la campaña electoral de 2015 que después se les habrían devuelto en dos billetes de 500. En total, un supuesto blanqueo de 50.000 euros. Posteriormente, se amplió a supuesta financiación irregular de las campañas desde 2007, acciones que habría coordinado, de acuerdo con los investigadores, el exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau.
El motivo del escrito conocido este miércoles se remonta a diciembre de 2018, cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió, ante la expiración del plazo, prorrogar un año más la instrucción. Las defensas lo recurrieron y la contestación a todos ellos ha llegado ahora por parte de la juez sustituta de Instrucción 18 –el titular se encuentra de baja–. En ella indica que, debido al tiempo transcurrido sin que hubiera resolución sobre los recursos ni sobre la solicitud de prórroga, ésta no se puede realizar y es innecesario emitir pronunciamiento alguno.
Aquí surgen dos preguntas que quedan en el aire: ¿Qué ocurre a partir de ahora? y ¿qué sucede con lo instruido estos dos años? Sobre la primera cuestión, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece que "practicadas sin demora las diligencias pertinentes", el juez adoptará mediante auto el sobreseimiento de la causa o el procesamiento de los imputados. De manera que la resolución, en un sentido o en otro, no puede tardar demasiado en llegar. Aun así, todavía se le pueden adelantar algunas de otras piezas de Taula cuya instrucción también está acabada.
Para la segunda pregunta tampoco existe una respuesta clara. Desde diciembre de 2018, fecha en la que la investigación finalizó al no prorrogarse, se han practicado algunas diligencias, si bien no han sido numerosas ni especialmente trascendentales para las indagaciones. Entre ellas, las declaraciones voluntarias en febrero del año pasado de la exasesora en el Ayuntamiento Cristina Montalvá y del exedil Alberto Mendoza. El segundo apuntó que García-Fuster le ofreció la devolución de los mil euros porque Alfonso Grau iba a colaborar en la campaña.
Para unos, se trataría de pruebas válidas porque la causa sigue viva, pero para otros no es así porque no se prorrogó la instrucción cuando correspondía. En lo que sí están la mayoría de las defensas de acuerdo es en que se trata de una situación "insólita" y en que habrá que esperar. De hecho, varios de los abogados con los que ha podido contactar este periódico descartan por el momento presentar escritos y únicamente se mantienen expectantes.
