VALÈNCIA. El año que termina en pocos días ha estado marcado por varios asuntos judiciales de calado en la Comunitat Valenciana. En la primera mitad del ejercicio se conocían asuntos como el archivo de la causa a Mónica Oltra, la suspensión del ingreso en prisión de Pedro García, el uso indebido de un helicóptero de Emergencias para un rescate VIP o algunas nuevas declaraciones en el marco del 'caso Taula'.
Ya en los seis meses restantes del año era noticia el archivo de la causa sobre publicidad institucional de Ximo Puig; la condena de 10 años y cinco meses a Eduardo Zaplana por prevaricación, cohecho y blanqueo; así como que casi un centenar de abogados colaboran en una denuncia popular contra Carlos Mazón por la gestión de la Dana que asoló la provincia de Valencia a finales de octubre.
Pero además, otros asuntos relevantes en el plano de los tribunales, han estado relacionados con la ciudad de València en materia de pisos turísticos, plusvalías, semáforos, y la situación de los inquilinos de un histórico edificio en el vértice de la Plaza del Ayuntamiento que una empresa quiere convertir en un hotel de lujo. Así pues, estas son las noticias más leídas de tribunales en Valencia Plaza en 2024:
Pocas horas después de que la Dana causara estragos en la provincia de Valencia, con 214 fallecidos hasta el momento y miles de millones de euros en pérdidas materiales, los responsables del podcast 'Greuges pendents', formado por Quico Miralles, Andrea Kruithof y Juan Cardona. lanzaban la iniciativa a la red de impulsar un formulario para presentar una denuncia popular contra el Consell presidido por Carlos Mazón, por su gestión de la Dana.
La Audiencia Nacional concedió la suspensión de la ejecución de la pena de prisión a Pedro García, exdirector de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) condenado en una de las ramas del caso Gürtel. Con esta decisión, que tardó más de un año en llegar, eludirá la cárcel.
Un informe de la Agencia Antifraude concluyó la existencia de posible fraude o corrupción en un episodio sobre lo que consideraba como uso indebido de un helicóptero de Emergencias para rescatar a una mujer que "podría tener relación" con una alto cargo del Consell. A la herida, dice la entidad, se le dio un tratamiento especial. Algo que relacionan directamente con una amistad con Mako Mira, quien en aquel momento era secretaria autonómica de Financiación en el Gobierno del PSPV y Compromís.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de València condenó al Ayuntamiento de València a indemnizar con 40.542,065 euros a una mercantil a la que cerró por "error" un alquiler turístico. El juzgado estimó parcialmente el recurso interpuesto por la mercantil afectada, Penfeld Assets SL -Arquibérica-, contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de un cese de uso lícito de actividad.
El Gobierno central no tendrá que compensar al Ayuntamiento de València con 24 millones de euros, como reclamaba el consistorio del Cap i Casal por responsabilidad patrimonial del Estado tras declararse inconstitucional varios apartados de la norma que regula el impuesto de plusvalías aprobada por el Gobierno.
El Juzgado de lo Social número 10 de València obligó a la empresa concesionaria del mantenimiento de los semáforos en la ciudad de València a mantener los turnos de sus trabajadores que pretendía modificar tras absorber a varias empresas del mismo grupo.
El juicio sobre la financiación de las campañas del PP para las elecciones de 2007 y 2011 dentro del caso Taula contó, a principios de enero, con la declaración de un empresario que tenía una agencia de publicidad que realizó trabajos para los populares durante ambas campañas. Según explicó, los que efectuó fueron por encargo de la que fuera secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster. Ella, ha dicho, le abonó el dinero y lo hacía "en efectivo y en su despacho". Además, ha asegurado que no le pedían factura y que alguna vez le pagaron con algún talón al portador.
El edificio de la familia Santos en el vértice de la plaza del Ayuntamiento de València ha acabado en el juzgado de instrucción número 8 de València tras una querella presentada por un colectivo de personas afectadas por la intención de la propiedad de convertir este inmueble en un hotel. Nordeste Properties (socimi dueña de los edificios que opera Hoteles Santos) compró este edificio a principios de 2017 con la intención de convertirlo en un hotel.
El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia decidió ampliar el objeto de la querella interpuesta en su día por el fondo norteamericano JZ International (JZI), accionista mayoritario de la matriz de Gedesco (Gedesco Finance SL), contra cinco consejeros a los que acusa de haberse apropiado de la sociedad y haber desviado 100 millones de euros para su beneficio. El procedimiento pasó ahora a dirigirse contra un total de once personas y el juez decidió imponer una fianza por importe de 65 millones para los cinco querellados principales para garantizar las responsabilidades civiles y pecuniarias que pudieran derivarse de los hechos investigados.
El juzgado de instrucción número 15 de Valencia acordó a comienzos de abril el sobreseimiento provisional de la investigación a la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y a todo el resto de cargos de la Conselleria de Igualdad y de su gabinete al no encontrar delito. Junto a Oltra, figuraban en la causa otros 14 investigados. Desde cargos del departamento de Igualdad a responsables del centro de menores. También exmiembros del gabinete de la que fuera vicepresidenta, como Miquel Real o Francesc Gamero. El sobreseimiento les incluía a todos ellos.
El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia archivó el pasado mes de julio la investigación sobre la publicidad institucional que la Generalitat Valenciana otorgó durante varios años a los medios de comunicación al no apreciar delito. La causa abarcaba al periodo temporal de entre 2016 a 2019, durante la etapa en la que Ximo Puig era el jefe del Consell.
La Audiencia Provincial de Valencia condenó a 10 años y cinco meses de prisión al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. La Sala le impuso, además, 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, otros tres para el ejercicio de su profesión y multas por un importe superior a los 25 millones de euros.