Los afectados por las cláusulas suelo (y los bancos) contienen la respiración: llegó el día del dictamen

VALENCIA. "Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) favorable a la retroactividad de las cláusulas suelo, de forma que haya que devolver el importe cobrado de más desde el inicio del contrato, sería un varapalo a la cuenta de resultados de la banca europea, que en estos momentos tiene un problema de baja rentabilidad como consecuencia de los reducidos tipos de interés y del elevado importe de activos problemáticos". Son palabras de Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la UV, investigador del IVIE y colaborador del CUNEF a horas vista de conocer el dictamen no vinculante del TJUE.

Será a mediodía de hoy cuando Paolo Mengozzi, abogado general del TJUE, publique las conclusiones sobre la retroactividad o no de las cláusulas suelo en contratos hipotecarios en España, algo que puede costar a la banca española varios miles de millones de euros por cuanto se calcula en que afectan a unos cuatro millones de familias. Aunque la conclusión no es vinculante, no hay que olvidar que los dictámenes de los abogados generales suelen marcar el camino que sigue el Alto Tribunal con sede en Luxemburgo en su sentencia, que se espera antes de finales de año, probablemente en otoño.

Desde GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios, su director general Gonzalo J. Boronat, recuerda que el Tribunal Supremo "en sentencia dictada en febrero de 2013, a consecuencia de la Sentencia del TJUE que acordaba la ilegalidad de las conocidas cláusulas suelo, decreta la ilegalidad de dichas cláusulas abusivas, quedando, desde ese momento, las entidades bancarias vinculadas al fallo de nuestro Alto Tribunal, y los perjudicados, facultados para su reclamación, extrajudicial o judicial. Sin embargo, en la referida Sentencia se negó la posibilidad de devolución de aquellas cantidades ingresadas con anterioridad a dictarse la sentencia de 2013, fundamentando esta decisión en la quiebra asegurada que se produciría en el sistema económico-financiero de nuestro país".

Sin embargo advierte que "son numerosas las sentencias emitidas por Juzgados de Primera Instancia y Audiencias Provinciales que se pronuncian favorablemente sobre la devolución íntegra de las cantidades ingresadas indebidamente, estableciendo que la motivación dada por el Supremo en 2013, hoy en día no tiene aplicación habida cuenta de que la situación económico-financiera ha cambiado. Como respuesta y dada la previsión que hay sobre el dictamen del Tribunal de la UE que se pronunciará en este mismo sentido, la mayoría de las entidades afectadas por la aplicación de las cláusulas suelo van a verse obligadas a proceder a la dotación de las provisiones adicionales y necesarias para cubrir las eventuales demandas que a consecuencia de dicho dictamen, puedan presentarse".

Ni que decir tiene, tal y como apunta también, que caso de tener que devolver el dinero las entidades financieras se verían afectadas en sus balances e indicadores de solvencia y liquidez impuesta por Basilea III y, de este modo, incumplirían uno de los principales objetivos marcados. Pero no duda en señalar que "a partir de la sentencia de febrero 2013  ya han dotado parte de estas provisiones, atenuando el impacto que puede tener en su balance, aunque parece ser que el efecto de la sentencia puede tener serias repercusiones sobre las arcas de bancos más pequeños, como es el caso del Banco Popular que acaba de atravesar una situación de las más delicadas de su historia y que ha culminado con la reciente ampliación de capital, muy previsiblemente para reforzar su posición para la avalancha de reclamaciones que se van a producir".

En la misma línea se pronuncia Francisco Iniesta López-Matencio, socio director de Galán Consultores, que ha venido recomendando en este diario a los afectados por las cláusulas suelo lo que deberían hacer para tratar de recuperar su dinero. "En la actualidad parte del impacto en la cuenta de resultados ya está provisionado como es, por ejemplo, el caso del Banco Popular, mientras que otras entidades tendrán que provisionarlo y en su momento devolver las cantidades reclamadas pero en ningún caso pensamos que implique una intervención pública. BBVA y CaixaBank son las principales afectadas y tendrán una capitalización suficiente para absorber el impacto", apunta.

Impacto sobre los resultados

Maudos recuerda que las estimaciones disponibles cifran en unos 3.000 millones de euros el impacto que deberá provisionar la banca española "y si tenemos en cuenta que en 2015 el resultado antes de impuestos fue de 22.500 millones de euros, esos 3.000 millones de provisiones suponen un recorte de algo más del 10% del beneficio". Boronat añade que "las entidades más expuestas van a verse obligadas a apelar al endeudamiento interbancario y posiblemente este hecho represente uno de los detonantes de la aceleración del proceso de fusión ya recomendado por el BCE y que se esperaba se esperaba producir para finales del 2016 y/o principios de 2017".

Habrá que esperar pues a conocer hoy el dictamen de Paolo Mengozzi para saber si la banca española tiene que devolver a los clientes los intereses cobrados de más con anterioridad al 9 de mayo de 2013, fecha en la que el Tribunal Supremo español declaró nulas estas cláusulas por falta de transparencia. Mientras tanto los afectados y la banca contienen la respiración... y a ésta última todavía le queda un sobresalto antes de final de mes: los resultados de los stress test. Casi nada.