VALÈNCIA. Existía la tecnología, pero faltaba un marco regulatorio que no la penalizara. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante ha alabado la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Según fuentes de la organización, esta novedad legislativa supone facilitar las instalaciones de autoconsumo en industrias, explotaciones, infraestructuras hídricas y zonas rurales en general que permitirán desarrollar proyectos cuya puesta en marcha significará el ahorro de muchos recursos y el aprovechamiento de otros ya existentes.
A partir de ahora, se podrá disponer de fuentes propias de generación de electricidad compatibles con tener un punto de acceso a la red eléctrica y verter energía en ella. Sin tener que pagar carga ni peaje alguno. Y no solo incluye a las fotovoltaicas, sino también a la cogeneración y a otras fuentes de energía “alternativa”. Hasta los 100 KW, el usuario solo tendrá que presentar un boletín y una licencia para instalaciones de baja tensión. Menos burocracia y más posibilidades para el consumidor. Además de un incremento de la sostenibilidad y un abaratamiento de la factura eléctrica.
Este Real Decreto abre la puerta a la implantación de nuevas actividades en el medio rural que tienen un carácter multifuncional, es decir, no solo son instalaciones que generan energía, sino que vienen a solucionar otras cuestiones o a prestar otros servicios. Es el caso de las cubiertas flotantes, unos paneles fotovoltaicos que se montan sobre las balsas de riego. Además de generar energía, impiden la evaporación, evitan la proliferación de algas y reducen la suciedad del agua, con lo que el ahorro de la factura eléctrica se maximiza.
O del biogás, para aprovechamiento del metano que generan las deyecciones animales, los lodos de depuración o los subproductos de la industria alimentaria, cuya explotación era inviable hasta ahora. La nueva legislación permitirá utilizar el biogás para producir energía y “colateralmente” reducir las emisiones del sector y generar un digestato que tratado adecuadamente se convierte en abono, es decir, se produce energía, se elimina un problema ambiental y se genera una nueva actividad empresarial. Economía circular se llama. Unos avances que permitirán al biogás comenzar a recorrer el camino que todos los principales países europeos llevan años recorriendo.
La posibilidad de instalar paneles fotovoltaicos sin penalizaciones en zonas aisladas abre un mundo de posibilidades a todos los sectores económicos en general y al agrario en particular. Uno de los colectivos que más se puede beneficiar es el de los regantes, cuya factura eléctrica para impulsar agua es siempre demasiado alta. Ahora, podrán instalar paneles fotovoltaicos para autoabastecerse e incluso podrán vender sus excedentes una vez cubierta la demanda.
Si toda la industria se podrá ver beneficiada, la alimentaria, especialmente la que tiene una marcada estacionalidad, como la vitivinícola o la oleícola, cuyo gasto energético se concentra en unos pocos meses, lo será de forma especial, ya que con las instalaciones adecuadas podrán cubrir su demanda y comercializar los excedentes durante el resto del año.
El colectivo de ingenieros agrónomos se alegra por la simplificación administrativa y la seguridad jurídica que ofrece el Real Decreto. Una norma clara y sencilla, frente a la complejidad del Real Decreto anterior.
Pero desde el COIAL demandan que el desarrollo reglamentario pendiente atienda y considere la problemática especial que presenta el medio rural. “Si desde el Ministerio miran al medio rural, lo entienden y legislan para aprovechar sus oportunidades, esta puede ser una de las normas que más beneficien a su desarrollo y a la tan necesitada fijación de población. Como no puede ser de otra forma, este colegio y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos estamos a disposición de aportar nuestra experiencia”, declara Baldomero Segura, decano del COIAL y presidente del Consejo.
Económicamente, los expertos calculan que el período de amortización de las instalaciones bajará entre un 25% y un 30%. En general, los pequeños consumidores van a poder ahorrar mucho dinero. Sobre todo, porque desaparece la anomalía de que la energía autoconsumida tuviese que soportar el peaje.
Los ingenieros agrónomos ponen también de relieve que desaparece la figura del gestor de carga y cada productor va a poder distribuir sus excedentes a quien quiera, incluso regalar la energía que no vaya a utilizar. Esto posibilita la instalación de puntos de carga que resultarán muy atractivos para, entre otros, el turismo rural.
