FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) Los ayuntamientos españoles deberán disponer antes de 2023 de un censo de edificios e infraestructuras que contengan amianto así como un plan para su eliminación, de acuerdo con el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el próximo martes, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Según el último borrador del proyecto normativo, de finales de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, esta será la primera vez que una norma obligue a los municipios a censar todas las instalaciones que contengan esta sustancia cancerígena.
El texto también establece que la ropa del armario que se quiera desechar como un residuo tendrá su propio sistema de recogida separada en España antes del 31 de diciembre de 2024.
La futura ley propone que los consistorios deberán establecer sistemas de recogida separada de los residuos municipales entre los que se incluyen los de origen doméstico (envases, papel, cartón, vidrio, metales y plásticos) --es decir los de los contenedores azul, amarillo y verde-- los biorresiduos, la madera, los textiles, los residuos de aparatos eléctricos y electrónico, las pilas, los acumuladores y los residuos de gran volumen como los colchones y muebles, así como el aceite de cocina usado.
En concreto, los residuos textiles que representan el 4,62 por ciento de los 23 millones de toneladas de los residuos urbanos, según datos del Gobierno, deberán contar antes del 31 de diciembre de 2024 con un sistema de recogida separada.
De este modo, como tope en la Nochevieja de dentro de cuatro años también será obligatorio para los municipios disponer de una recogida separada de aceite de cocina usado, tanto para los hogares como para el de la hostelería y también para los residuos voluminosos, como por ejemplo los muebles o enseres, así como los residuos domésticos peligrosos.
Pero antes de ese hito, este mismo año, el 31 de diciembre de 2021 los Ayuntamientos también deberán contar con una recogida separada de los biorresiduos (basura orgánica) domésticos en el caso de poblaciones de más de 5.000 habitantes y dos años después, en 2023 en el resto de municipios.
La futura ley introduce restricciones como la prohibición de ciertos productos, como los plásticos de un solo uso, pero también con desincentivos fiscales en forma de nuevos impuestos verdes.
En ese sentido, para reducir el impacto de los plásticos en el medio ambiente, los envases de este material deberán pesar la mitad en 2026 que en 2022 e incluso un 70 por ciento menos en 2030.
Al mismo tiempo, de acuerdo con la normativa comunitaria, contempla recoge que a partir del 1 de enero de 2023 los consumidores tendrán que pagar por cada vaso de bebida, su tapa, los recipientes para alimentos para llevar y mucho antes, este mismo verano, a partir del 3 de julio quedará "prohibida" la venta de cualquier producto fabricado con plástico oxodegradable, con microesferas de menos de 5 milímetros, bastoncillos de algodón, cubiertos de plástico, platos, pajitas, palitos agitadores de bebidas, el palo de los globos, los recipientes de poliestireno expandido y los vasos de ese mismo material.
A la mitad de este decenio, en 2025 las botellas de plástico deberán estar compuestas, al menos, por un 25 por ciento de plástico reciclado y un 30 por ciento en 2030. Para fomentar su recuperación, estas botellas se recogerán también por separado y para ello se podrán usar los sistemas colectivos actuales o bien se abre la posibilidad de implantar un sistema de depósito, devolución y retorno de envases con el fin de que en 2029 se pueda recuperar el 90 por ciento del peso de las botellas de PET puestas en el mercado.
Las medidas de fiscalidad verde también se amplían en la futura Ley puesto que este borrador consultado, que ya incluye los comentarios del Consejo de Estado, fija un impuesto a los envases de plástico no reutilizables de 0,45 euros por kilogramo y otro más, para evitar el depósito de residuos en vertederos, la coincineración y la incineración que según el material podrá oscilar desde 1,5 euros a 40 euros por tonelada métrica.
Entre el extenso articulado, 118, las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, el proyecto de ley quiere también reducir el desperdicio alimentario, en línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de modo que se plantea bajarlo en un 20 por ciento en 2030 respecto a 2020.
Para ello se fomentarán, con incentivos fiscales, las donaciones a comedores, por ejemplo, y en otras vías de redistribución y en para los bares y restaurantes será obligatorio ofrecer agua de grifo en vez de disponer solo de agua embotellada.
Entre las nuevas restricciones para los productores, los fabricantes tendrán prohibido destruir los excedentes de productos que no vendan que se destinarán a la donación y otros circuitos, al tiempo que tendrán que aumentar el periodo de validez de las garantías de los productos y también a la hora de contar durante más tiempo de piezas de repuesto.
Otra de las propuestas, dirigidas a los más jóvenes, pasan por fomentar la reutilización de los libros de texto y las campañas de concienciación ambiental en este sector poblacional.
Además, la nueva norma amplía también obligaciones y el régimen de responsabilidad de los productores, de los sistemas individuales y colectivos de gestión de residuos e incorpora medidas para revertir la contaminación de los suelos al tiempo que eleva el régimen de multas y sanciones por incumplir la ley que finalmente sea aprobada por las Cortes Generales.
El Gobierno busca ampliar por un lado la responsabilidad de los productores de residuos y que estos dejen de serlo para convertirse en nuevos recursos, para lo que el borrador de ley propone generar medidas de prevención y sistemas que estimulen que estos puedan volver al sistema, mediante su reciclaje y conversión en nuevos productos que de nuevo entren en la cadena de producción.
De ese modo, se pretende reducir el consumo de materias primas, el volumen de residuos, evitar la contaminación ambiental, marina y terrestre, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular del metano --que se genera especialmente en los biorresiduos-- y acelerar, con ello, la economía circular que redunde en un beneficios sociales, económicos y ambientales.
De hecho, el borrador de la ley prevé que en 2025 aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos municipales hasta un mínimo del 55 por ciento en peso. Ese porcentaje aumentará en 2030 hasta un mínimo del 60 por ciento del peso de los residuos y en 2035 cinco puntos porcentuales más.
Para la recogida separada de todas estas fracciones de residuos los consistorios podrán poner en marcha distintas iniciativas que pasan por la recogida puerta a puerta, entre otras y además estarán obligados expresamente a fijar una tasa por este servicio a los ciudadanos.
Por otro lado, también será obligatorio, en este caso a partir del 1 de enero de 2022, la clasificación separada de los residuos de construcción y demolición no peligrosos, como por ejemplo el hormigón, los ladrillos, los azulejos, la cerámica y la piedra por un lado, pero también los metales, el vidrio, el yeso y el plástico. También afecta esto a quienes hagan una reforma en su vivienda.
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