Los ayuntamientos, ¿también lloran?

La presidenta del PPCV Isabel Bonig, el año pasado espetó al Consell del Botanic (o del Titanic según ella) que para gestionar lo público se tenía que venir llorado de casa, y es una frase que me ha venido varías veces a la cabeza, la última con la campaña mediática de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) sobre Financiación y Régimen Local.

La campaña de la FVMP, que no da casi información en su página web de en que consiste, si tiene mucho vídeo de YouTube de adhesiones inquebrantables de Alcaldes al señor presidente, ¡¡viva el cesaropartidismo!!, además de los correspondientes tweets. Ésta iniciativa se puede resumir en que la Federación bajo la presidencia del socialista Ruben Alfaro quiere, ¡que digo yo!, exige más dinero y competencias al gobierno central, con curiosamente (como veremos más adelante) el apoyo de la Generalitat y, claro está, con el dinero de todos.

Pero resulta que según nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 49 es la Generalitat (por eso es curioso) quien tiene la competencia exclusiva sobre el Régimen local (con la pequeña excepción del 149.1.18ª sobre legislación básica), y que además dedica todo un título, el 8º, a la Administración Local, por lo que desde Madrid pensaran que vayan los alcaldes a ver a Ximo Puig y que le pidan más competencias a él. Táctica, por otra parte, que más que ayudar al superior problema de financiación autonómica, lo perjudica por crear nuevos y erróneos problemas, distrayendo del objetivo principal.

Respecto a la petición de recursos financieros, primero es curioso observar como la administración local solicita más fondos cuando es la única con superávit ¿Por qué no pensar en bajar la carga impositiva al ciudadano alguna vez? Y, en segundo lugar es sorprendente que se lo exija a la Administración Central cuando la responsable en primer término es la Autonómica, como se puede observar en el Estatuto por ejemplo en su artículo 64.3 con la previsión de crear un Fondo de Cooperación Municipal, o como muy bien recoge la ley de 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana que en su artículo 199 habla incluso de  la tutela financiera de la Generalitat sobre las entidades locales.

Eso sí, el Consell ha querido dar cumplimiento al Estatuto en eso de crear el anterior Fondo de Cooperación Local, pero utilizando un curioso sistema de 'te invito a comer pero pagamos a medias', pues ha pedido (y ha conseguido en parte, Alicante ha resistido) que las Diputaciones aporten recursos propios siendo como son también entidades locales, y parece que este sistema chirríe con el  citado artículo 64.3 in fine cuando dispone, "se creará el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana con los mismos criterios que el fondo estatal", y ese fondo estatal para los entes locales se nutre de la cesión de lo recaudado por tributos estatales o por la cesión en si de esos tributos estatales, por lo que el fondo de la GVA debería nutrirse sólo con fondos cedidos desde la autonomía. Además el fondo se ha aprobado con una cantidad teórica de 130 millones de euros, repartidos en 40 millones fondos incondicionados, otros 40 millones en fondos europeos condicionados y el resto con avales del IVF, por cierto muy lejos de los 350 millones totales exigidos por los socialistas, como puede verse en la página 42 del informe del 12 Congreso Nacional del PSPV-PSOE celebrado en Alicante en el 2012  ("al menos, 70€ por habitante", concreta el documento).

En fin; ya sabemos que una cosa es predicar y otra dar trigo, y para algunos es más fácil el postureo y la reivindicación que la gestión, más fácil alterar la convivencia entre peatones, ciclistas y conductores que mejorar la limpieza de las calles. Y como no siempre habrá un chivo expiatorio de la gestión municipal, en este caso la Iglesia, al que es muy fácil amenazar y abofetear pues tiene la mala costumbre de poner la otra mejilla, exigiéndole el pago del IBI, cuando además hace una excepcional labor social en áreas tan heterogéneas como las ayudas a los más necesitados o en situación de exclusión pasando por la formación y educación de la juventud hasta el cuidado de ancianos ahorrándole al Estado miles de millones de euros, eso sin considerar lo que aporta la Iglesia con su patrimonio o las fiestas religiosas a través del turismo cultural al PIB nacional que en un estudio de KPMG lo eleva al 2,5%, unos 30.000 millones €.

Y para más inri existen otros colectivos exentos del IBI (no es exclusivo de la Iglesia) como recoge el artículo 62 de la ley reguladora de las haciendas locales, que exime del IBI a lo Bienes públicos dedicados a la Enseñanza, Seguridad o Defensa, a los bienes comunales y montes vecinales en mano común, la Cruz Roja, oficinas Diplomáticas y Consulares, si la piden la educación concertada o monumentos históricos artísticos, etc, o según la ley sobre el Mecenazgo (49/2002), estarán también exentas las fundaciones; las asociaciones declaradas de utilidad pública; las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de CooperaciónInternacional para el Desarrollo; las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones; las federaciones deportivas españolas etc., es decir un largo numero de entidades

Pero la palma en los dislates anticlericales es el problema (otro más) creado a raíz de la prohibición del tañido de las Campanas en iglesias valencianas como San Nicolas por el consistorio dirigido por Joan Ribó, cuando además hace años que se declaró como bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial el toque manual de campanas, en cuatro iglesias una de ellas la Catedral de Valencia, y que además según la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica en su artículo 15 recoge como posible excepción los toques de los campanarios, por ser de tradicional consenso

Para acabar expresar mi perplejidad por la forma de gobernar, intentando expulsar el sentimiento religioso de la calle para sustituirlo con, por ejemplo, ideologías ecologistas que impiden la libre circulación de vehículos por el centro de la ciudad un domingo al mes, compitiendo deslealmente con los comercios que pagan sus impuestos todo el año (por cierto cual es el coste de esas jornadas ecológicas). Señores, no seamos secretarios; ni todo sentimiento religioso es malo (casi ninguno), ni el consumo ecológico es de paladar basto. Hay que buscar el equilibrio, la moderación y la convivencia de forma ordenada entre la ciudadanía y que nos solucionen los problemas, no que nos los generen. Porque, cuidado falleros, con la misma razón de prohibir el toque de las Campanas, alguien puede pedir la absurda prohibición de las mascletás, que me parece también exceden el límite sonoro y son contaminación acústica...