logVALÈNCIA. El impuesto autonómico de vertederos no deberán abonarlo los ciudadanos directamente: serán los ayuntamientos los que tengan que hacer frente a este gravamen aprobado por la Conselleria de Transición Ecológica y que entra en vigor este año. Así lo ha confirmado la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre), que engloba a los 45 municipios del área metorpolitana de València, tras consultar a la Conselleria de Hacienda por las dudas jurídicas surgidas sobre cómo recaudar este impuesto.
Se trata de un impuesto en el que la Emtre, como otros organismos similares, funciona de intermediadora: el ente hace la liquidación del impuesto en la administración autonómica y es, a la vez, quien lo recauda entre el contribuyente. La duda jurídica planteada por el organismo que preside el edil de València Sergi Campillo es acerca de cómo repercutir el gravamen. Porque cobrarlo hay que cobrarlo, explicaban fuentes del organismo hace escasas semanas, dado que "incrementará los gastos globales" del ente y se ha de garantizar la sostenibilidad financiera a la que obliga la ley para entidades públicas locales.
La Generalitat Valenciana, y en concreto la Dirección General de Tributos de la mencionada Conselleria, ha informado a la Emtre de que la normativa autonómica fija negro sobre blanco que los contribuyentes de este impuesto son quienes depositen los residuos en vertederos y plantas incineradoras o coincineradoras: "Los ayuntamientos son los responsables de la recogida de basura en sus municipios y quienes entregan los residuos", subraya la Conselleria, para aclarar a continuación que por ello son los consistorios quienes deben "satisfacer el importe del impuesto".
El vertedero de Dos Aguas, a donde van a parar los residuos tras ser procesados en las plantas de Manises y Hornillos, es titularidad de la Emtre, y por eso la entidad metropolitana, como "sustituto del contribuyente", debe repercutir "íntegramente" el impuesto sobre los 45 municipios del área metropolitana, "que estarán obligados a soportarlo", según reza la contestación de la Conselleria a la que ha tenido acceso este diario, que hay que resaltar que tiene efecto vinculante.
Preguntado sobre esta cuestión por Valencia Plaza, el presidente de la entidad metropolitana, vicealcalde y concejal de Ecología Urbana de València ciudad, Sergi Campillo, confirmó que la respuesta emitida por la Dirección General de Tributos resuelve las dudas legales remitidas por la Emtre sobre la repercusión de este impuesto autonómico. Campillo, además, explicó que de esta manera se desecha la idea de repercutir el tributo en la factura del agua desde la Emtre, puesto que serán los ayuntamientos los que se hagan cargo directamente.
El presidente de la Emtre, Sergi Campillo. Foto: KIKE TABERNER
Otra cosa será, sin embargo, con qué dinero quieren pagar los consistorios este gravamen y si pueden y quieren repercutirlo a los vecinos a través de impuestos locales. Por su parte, Campillo señaló a este respecto que los ayuntamientos tienen la posibilidad de pagar a la Emtre haciendo uso de los remanentes presupuestarios locales, y subrayó que en muchos municipios se tratan de "decenas de miles de euros", cuantías que no trastocarían en exceso las cuentas consistoriales.
El gravamen autonómico está vigente desde 2018 y asciende a 30 euros por tonelada de residuos susceptibles de ser reciclados o empleados para la producción de energía; y a 25 euros por tonelada para aquellos otros no susceptibles de emplearse en estos procesos y se empezará a cobrar este año. Con todo, Campillo recuerda que próximamente y con toda seguridad será sustituido por otro impuesto similar estatal contemplado en la futura ley de residuos estatal, que ya supera sus últimos trámites parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Esta nueva ley, tal como estaba redactada en su antreproyecto y por lo que puede sufrir modificaciones, incluye nuevos tipos municipales por el uso de los vertederos: 40 euros por tonelada para los residuos municipales y, en el caso de residuos entregados en vertederos de residuos peligrosos, será de 5 euros por tonelada, mientras que en vertederos de residuos inertes se establece en 3 euros.
