Sede de Eresa, en Valencia.VALENCIA. Los 13 directivos de la empresa valenciana Exploraciones Radiológicas Especiales (Eresa) imputados deberán declarar no sólo por un presunto fraude tributario de 8,4 millones de euros, sino también por un presunto fraude de 1,47 millones de euros en subvenciones de investigación y desarrollo (i+D) entre los ejercicios 2009 y 2011.
Eresa es la empresa concesionaria del servicio de resonancias magnéticas de casi todos los hospitales públicos valencianos –excepto el Dr. Peset y los hospitales concertados– por el que están imputados 13 directivos entre ellos el consejero delegado y máximo accionista de la compañía, Vicente Saus, y sus dos hijas, Marta y Lorena.
Del presunto fraude en las subvenciones ya dio cuenta Valencia Plaza cuando el juzgado de instrucción número 8 de Valencia abrió diligencias para investigar a la empresa por, supuestamente, coaccionar a un trabajador que denunció ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Guardia Civil el borrado de la facturación de esta empresa tras abrirse la investigación por este presunto fraude. En aquel caso la denuncia fue archivada, como publicó este periódico, aunque la investigación de la Fiscalía Anticorrupción siguió su curso en el juzgado número 15 de Valencia.
Según el auto de incoación al que ha tenido acceso Valencia Plaza, Eresa recibió subvenciones del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), una entidad pública dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. “Dichas subvenciones se percibieron para la adquisición de activos y gastos de personal que debían dedicarse de manera exclusiva a la actividad de I+D". Sin embargo, según el auto y las actuaciones de la Agencia tributaria, “los bienes subvencionados y el personal se emplearon en el proceso productivo de Eresa, incumpliéndose así las condiciones de la subvención otorgada”.
Según la juez, los importes calculados de las subvenciones aplicadas que incumplen las condiciones establecidas son de 938.508 euros en 2009, 250.338 en 2010 y 281.265 en 2011, lo que hace un montante total de 1,47 millones.
Pero al presunto fraude en las subvenciones hay que sumar otro presunto fraude tributario por valor de 8,4 millones de euros. Tal y como consta en el auto, “Eresa se dedujo gastos ficticios amparados en una facturación emitida por la entidad Sun Chiz SL”.
Siempre según el auto, “aparentemente, el consejero delegado de Eresa, Vicente Saus, encargó en 2008 a Vicente P., de Sun Chiz, la prestación de servicios médicos consistentes en la realización de informes radiológicos y atención al paciente en todos sus centros, con total disponibilidad geográfica y horaria”.
Pero, añade, “la entidad Sun Chiz carecía de los medios materiales y humanos necesarios para la realización de los servicios encomendados por lo que, a través de un contrato suscrito por Vicente P. y Vicente Saus se subcontrató a Iberdiagnosis SL la prestación de los servicios de resonancias”.
Así Sun Chiz facturaba a Eresa por unos servicios que, a su vez, le eran aparentemente proporcionados a Sun Chiz por Iberdiagnosis, que, a su vez, emitía las facturas a su supuesto cliente Sun Chiz. Aunque, “en realidad, toda esta operativa no era más que una simulación con el objetivo de facilitar a Eresa la disminución de sus bases imponibles mediante la deducción de gastos ficticios”, según el auto.
Para la juez y el fiscal Anticorrupción, “Sun Chiz carecía de actividad real. Se trataba en realidad de una sociedad interpuesta (pantalla) cuyos socios eran, en su mayor parte, de empresas vinculadas a Vicente Saus o a personas con vínculos familiares con él, que habrían aceptado formar parte con el propósito de colaborar para defraudar a hacienda con la declaración del impuesto de sociedades de Eresa”.
Pero a todo ello hay que añadir que “Iberdiagnosis, cuyo administrador único hasta 2012 es Vicente Saus, fecha tras la que se suman a la empresa sus dos hijas, también carecía de medios materiales y personales para realizar los servicios requeridos”.
“Al parecer los servicios realizados por Iberdiagnosis a Sun Chiz, y por Sun Chiz a Eresa, fueron realizados por el personal y los medios técnicos de la propia Eresa, tratando todo de aparentar unos gastos ficticios”, y todo ello supuso un presunto fraude a Hacienda de 8,4 millones de euros entre los años 2009 y 2012, según el auto judicial.
