La gestora admite problemas económicos mientras los críticos, en su mayoría investigados por el 'pitufeo', creen que no se trata con equidad a los distritos
VALENCIA. La salida del PPCV de las principales instituciones tras las elecciones autonómicas y locales de 2015 acarreó un problema importante a la todopoderosa fuerza política que había dominado -quizá con doping según apuntan diversos casos que están en los juzgados- el escenario valenciano durante dos décadas.
Después de la tormenta llega la calma y, tras ello, la reconstrucción. No obstante, la situación no es fácil para la formación popular, especialmente en plazas como Valencia ciudad, donde el control de Rita Barberá -hoy vapuleada mediáticamente- se prolongó durante 24 años. Ahora, con nueve de sus diez concejales en al Ayuntamiento suspendidos de militancia al encontrarse investigados por la causa del presunto 'pitufeo', una gestora liderada por Luis Santamaría se hace cargo de un partido local en fase de recomposición.
Uno de los obstáculos para ello es la pérdida de músculo económico, a lo que se han unido otros factores como la entrada en vigor de la Ley de Financiación de Partidos Políticos que ha obligado a la unificación de cuentas y la revisión y centralización de contratos de las sedes: es decir, según explican fuentes de la gestora, todo tiene que pasar con el NIF de la dirección nacional y la autorización de la cúpula provincial del partido.
Con este escenario, los distritos del partido con sede en el Cap i Casal han comenzado a pasar apuros. Si hace ya varios meses bajaba la persiana Ruzafa -ahora los militantes se reúnen en un bar- al no poder afrontar el pago del alquiler, la semana pasada echaba el cierre a su sede el distrito de Marítimo ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos y, según fuentes de la formación en este barrio, al "no encontrar el respaldo de la gestora para mantener el local".
Curiosamente, el distrito de Marítimo se ha considerado en algunos círculos del partido como la "aldea gala" o punto de encuentro de los concejales y asesores imputados en el caso del presunto 'pitufeo', aunque los citados ediles se encuentran repartidos en varios barrios. Cabe recordar que el presidente de esta agrupación es Ignacio Pou, exasesor del grupo popular en el consistorio. En este sentido, el malestar de Pou con la gestora se evidenciaba en un tuit enviado en la noche del pasado miércoles.
Una situación que explicaba a este diario el propio presidente de la gestora, Luis Santamaría, quien afirmaba que no existía "nada personal" en esta cuestión. "La realidad es que la situación económica es mala como evidencian los últimos despidos que se han hecho en el partido y la gestora tiene la misión, y lo está haciendo, de adaptarse al nuevo marco jurídico por la ley", subrayó, para añadir que el objetivo principal de su mandato es llevar al partido al próximo congreso "en la mejor situación posible".
Ahora bien, Santamaría recalcó que deberá abrirse un debate en el futuro para ver "si son necesarias más sedes de distrito o menos, si hay que utilizar más la sede central del partido para ello o irse a bares populares del barrio porque es más cómodo". Una cuestión que, aclaró, "no compete a la gestora sino que se hablará en el futuro congreso de la ciudad", para añadir que espera una recuperación del músculo del partido que permita reabrir sedes como la de Marítimo.
Por otro lado, Santamaría admitió que el distrito de Tránsitos también se hallaba en dificultades por circunstancias parecidas, si bien confío en "poder salvarlo". "Todas las agrupaciones están trabajando en la viabilidad pero no todos tienen la misma realidad, ni circunstancias, ni la misma masa de militancia", argumentó, para explicar también que el marco de la nueva ley había cambiado la metodología de cosas tan básicas y habituales como la lotería. "Debe estar todo centralizado. Ahora ya tenemos la regulación de la Agencia Tributaria y estamos distribuyendo los tacos, pero por ejemplo un distrito no podría hacer por libre este tipo de papeletas con recargo", explicó Santamaría.