Los economistas valencianos destacan el impacto positivo del Corredor Mediterráneo en la Comunitat

VALENCIA, (EP). Los economistas de la Comunitat Valenciana han detectado un "estancamiento" de la economía española, a la que dan una nota de 4,88 puntos, así como de la valenciana que empeora su puntuación, al reibir 4,42 puntos. Asimismo, han destacado el "impacto muy positivo" que tendría el Corredor Mediterráneo en la Comunitat.

Así lo han señalado los presidentes de los Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana: Juan Manuel Pérez de Valencia; Francisco Menargues de Alicante y Jaime Querol de Castellón, en la rueda de prensa de presentación de la decimoséptima encuesta de coyuntura, elaborada entre el 23 de mayo y el 7 de junio a más de 800 economistas.

En concreto, los economistas valencianos rebajan las expectativas generadas a finales de 2015 y ratifican el suspenso de la economía española, que ya no aprobó en marzo con un 4,96 sobre 10, al obtener en esta ocasión un resultado ligeramente inferior de 4,88 puntos, lo que confirma "el estancamiento" de la economía.

Asimismo, no ven una mejoraría en el crecimiento económico de la Comunitat ya que le otorgan una puntuación de 4,42 puntos, lo que supone un ligero descenso frente a los resultados de la encuesta de diciembre de 2015 cuando se puntuó con un 4,46.

De hecho, el 51,95% de los economistas considera que la situación económica de la Comunitat Valenciana sigue igual que a mediados de 2015, mientras que para el 26,03% ha mejorado y el 21,22% cree que se ha deteriorado en este periodo.

Los más pesimistas son los parados ya que el 35,19% de los encuestados cree que la economía valenciana ha ido "a peor" este último año. De igual modo opinan el 31,03% de los jubilados, el 22,17% de los empresarios y autónomos, el 18,87% de los empleados públicos y el 15,97% de los autónomos.

Corredor mediterráneo

Por otro lado, la encuesta también recoge la opinión de los economistas valencianos respecto al impacto que tendría el Corredor Mediterráneo en la región. En este punto, los profesionales han mostrado unanimidad al señalar que la infraestructura sería beneficiosa para la región, especialmente para dinamizar el sector industrial y la actividad logística. Así, le dan una valoración de 4,49 sobre 5.

También coinciden en que sería una baza decisiva a la hora de atraer inversiones extranjeras a la Comunitat y un factor de crecimiento del turismo (4,29), mientras que únicamente dan 1,47 puntos a la posibilidad de que la creación del Corredor Mediterráneo pudiera ser causa de desequilibrios territoriales.

Respecto a la previsión de la economía española para finales de año, los economistas siguen suspendiéndola con una nota de 4,98 puntos, aunque supone una ligera mejora respecto a la última encuesta de marzo cuando puntuaron con 4,88 puntos las previsiones.

Según han explicado, este repunte de la confianza podría explicarse por la incertidumbre política y económica de los primeros meses del año y se mantiene la esperanza de que la economía recupere parte del terreno perdido en lo que queda de año.

En cuanto a las previsiones para la economía valenciana, la previsión a seis meses (4,56) mejora la valoración actual y la de las anteriores ediciones, aunque se queda por debajo de lo estimado en diciembre para mediados del momento actual (4,79).

Concretamente, trabajadores del sector privado (4,71 puntos), jubilados (4,56) y empresarios y autónomos (4,52) tienen algo más de confianza que los parados y los empleados públicos (4,3 ambos colectivos).

Principales problemas

Entre los problemas que más preocupan a los economistas valencianos, el paro sigue siendo el principal lastre para el 75,34% de los encuestas, muy por encima de los dos siguientes: la inadecuada dimensión y estructura de las empresas valencianas (56,88%) y la evolución de la demanda (55,05%).

En cuarto lugar aparece el déficit de infraestructuras y comunicaciones (36,12%), seguido de los costes laborales, que uno de cada cuatro economistas sitúa entre los tres principales problemas (25,69%) de la economía regional.

La escasez en el abastecimiento del agua (11,24%), la cotización del euro (3,67%), el precio de los combustibles (2,64%) y la inflación (1,72%) tienen mucha menor incidencia, según los economistas.

No obstante, entre los alicantinos la inquietud por la escasez en el abastecimientos de agua es considerablemente más alta (20,38%) que en Valencia (8,92%) y en Castellón (2,99%), mientras que en Castellón preocupan más los costes laborales (37,31%) y la falta de infraestructuras (43,28%) y en Valencia el tamaño de las empresas (60,61%) y la evolución de la demanda (56,57%).

Por grupo de trabajadores, los empresarios y autónomos están más preocupados por los costes laborales (36,14%) que el resto de economistas; los trabajadores del sector público y jubilados están más sensibilizados con el problema del déficit de infraestructuras y comunicaciones (43,4% y 43,1% respectivamente), el tamaño de las empresas (71,7% y 70,69%) y la escasez en el abastecimiento de agua (20,75% y 15,52%).

En cambio, la evolución de la demanda llama más la atención a los parados (57,41%) empresarios y trabajadores por cuenta propia (57,35%).

En esta edición, los economistas han valorado las medidas de austeridad y las políticas expansivas y se han decantado por un equilibrio, aunque inclinándose ligeramente hacía políticas expansivas pero sin descuidar el déficit público. Así, dos tercios de los economistas se encuentran en una horquilla del 5 al 8, anteponiendo la necesidad de crecer a la reducción de la deuda pública, una cuarta parte se decanta por las medidas de austeridad y sólo un 7% aboga por implantar políticas expansivas sin tener en cuenta el déficit público y los niveles de endeudamiento.

Por otro lado y preguntados por el tratamiento legal que merecen los negocios de economía colaborativa que conectan a los usuarios entre sí a través de Internet, la mayoría de economistas reconoce que estas actividades permiten optimizar recursos y abaratar costes pero presentan problemas de índole legal y a terceros, por lo que deberían estar "debidamente reguladas".

También defienden que aquellas actividades que entrañan riesgos para las personas, o que sortean regulaciones que perjudican a otros sectores productivos establecidos, deberían estar completamente prohibidas.