Alberto García, Alexis Marí y David de Miguel. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Desde que se marcharon de Ciudadanos y pasaran a convertirse en diputados No Adscritos, Alexis Marí, David de Miguel, Domingo Rojo y Alberto García demandaron gozar de ciertas competencias para poder continuar con el trabajo parlamentario que realiza cualquier diputado que pertenece a una formación política. Unas peticiones, como la de tener un "interlocutor ante la Mesa como representante con voz y voto en la Diputación Permanente" –postularon a Marí en este puesto- o poder presentar enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat, que finalmente no fueron aceptadas por la Junta de Síndics.
No obstante, la batalla de los ex del partido naranja para "continuar trabajando en lo que queda de legislatura" como señalaron en su momento, no terminó entonces. Después de vagar un mes por la Cámara valenciana sin espacio fijo en el que poder desempeñar sus funciones, éstos pidieron la primera semana de agosto poder participar en el Debate de Política General -que se celebrará el 13 y 14 de septiembre- tanto en el turno de intervención, como en la "presentación, defensa y explicación de voto de las propuestas de resolución con el fin de respetar los derechos constitucionales que como representantes del pueblo valenciano en Les Corts" estos diputados tienen.
Ante este escenario, la Junta de Portavoces que se reunía este martes para fijar el orden del pleno extraordinario del próximo viernes en el que se aprobará o derogará el decreto de plurilingüismo, debía pronunciarse además respecto a esta petición. Sin embargo, los No Adscritos ampliaron la reclamación a primera hora de la mañana para pelear su derecho a participar en el debate. El escrito presentado remite a la intervención de la diputada no adscrita Marga Sanz en los debates de 2009 y 2010, en los que tuvo, como portavoz de la Agrupación de Diputados y Diputadas no adscritos derecho a "réplica" y a presentar "propuestas de resolución”.
Ahora bien, los grupos parlamentarios plantearon las dudas para que esta situación pueda darse ahora, ya que en aquel momento Sanz sí era representante de una agrupación. Un estatus que los ahora no adscritos no tienen: no están considerados como grupo ni tienen un portavoz.
Ante esta duda, los cuatro parlamentarios recurren al acuerdo de la Mesa de Les Corts que se elaboró entonces tras convertirse Gloria Marcos en la primera diputada no adscrita. Un reglamento -aprobado cuando Milagrosa Martínez (PPCV) era presidenta de Les Corts y con los populares gozando de mayoría absoluta- que definía las competencias de los parlamentarios no adscritos y entre las que no recogían la posibilidad de que estos participasen e intervinieran en el debate de política general. Sin embargo, sí lo hicieron a través de su portavoz.
En este sentido, entienden que la intervención de Sanz "fue posible merced a un acuerdo de la Junta de Síndics y la Mesa de Les Corts, o bien a una resolución de la presidencia de Les Corts, órgano competente para interpretar el reglamento". Por lo que solicitan que, existiendo este precedente de 2009 y 2010, ahora ellos puedan hacer lo propio: "Intervenir en el debate durante un tiempo proporcional, digno y razonable, así como presentar y defender propuestas de resolución".
Pese a tratarse de casos diferenciados –en 2008, sí fueron reconocidos como agrupación y contaban con una portavoz, pero en este caso no se da ninguno de estos dos supuestos debido a que el acuerdo lo permitía si se trataba de coaliciones electorales–, a los cuatro ex de Ciudadanos se les aplicó este mismo pacto para definir las competencias que tendrían al pasar a ser no adscritos. Se rigen por la misma normativa por la que lo hacía Sanz, Marcos, Marina Albiol i Lluís Torró.
De momento, la Junta de Síndics no alcanzó ningún acuerdo este martes. Sino que adoptará una posición u otra el próximo viernes después de que se celebre el pleno extraordinario en el que comparecerá el conseller de Educación, Vicent Marzà, para explicar el decreto-ley que regula el plurilingüismo en las aulas de Infantil 3 años y posteriormente se vote su convalidación. Tras este pleno, se volverá a celebrar una junta de portavoces para que los grupos parlamentarios adopten una postura respecto a los no adscritos puesto que sólo quedarán cinco días para que el debate de política general se celebre. El interrogante sobre su participación cada vez más cerca de resolverse.
