LOGROÑO, (EFECOM). Los incidentes gestionados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) se duplicaron en España durante el año pasado, al pasar de los 50.000 detectados en 2015 a unos 115.000 en 2016, lo que suponen unas cifras "preocupantes".
Así lo ha detallado Marisol Aldonza, técnico jurídico del Incibe, quien ha intervenido hoy en Logroño en las III Jornadas de Ciberseguridad y Fraude en Internet, organizada por el Gobierno de La Rioja a través del Centro de Referencia Nacional de Informática y Comunicaciones (Think TIC). Aldonza ha explicado que estos incidentes en ciberseguridad proceden de servidores extranjeros, principalmente de países como China, Rusia y Ucrania.
El principal motivo de estos ciberataques es la obtención de un beneficio económico por parte de los delincuentes, pero también es "lograr accesos no autorizados a cuentas de directivos o altos cargos de las empresas con la finalidad de robar información", ha detallado esta experta. Sin embargo, según sus datos, no todos los incidentes que sufren las empresas se denuncian porque algunas entienden que un ciberataque puede suponer un desprestigio para su marca.
Además, ha constatado que los delitos informáticos son "complejos" desde su ejecución a la investigación posterior, ya que el ciberdelincuente suele conservar su anonimato. Tramitar un expediente judicial de este tipo es "complicado", lo que suele "desanimar" a los denunciantes, a pesar de que tanto la Policí Nacional como la Guardia Civil cuentan con unidades especializadas "muy bien formadas y preparadas" para la investigación de este tipo de delitos, ha resaltado.
Además, Aldonza ha destacado que el ordenamiento jurídico español intenta "anticiparse" a todos estos nuevos incidentes de ciberseguridad y prueba de ello es la reforma, en 2015, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Con estas medidas, ha dicho, se intenta dar respuesta a este nuevo modelo de delincuencia para que la definición del delito "encaje" perfectamente con los hechos, ya que antes era más difícil perseguir a los delincuentes al no encontrar el artículo exacto.
Ha señalado que los mayores riesgos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas en este ámbito es la suplantación de identidad de la empresa, un registro abusivo de nombres de dominio, ataques de denegación de servicio, publicaciones negativas hechas por terceros y el uso no consentido de derechos de propiedad industrial.
Para prevenir este tipo de ataques y amenazas, ha opinado que, "a coste prácticamente cero, se puede hacer mucho" porque una de las cuestiones fundamentales es "la concienciación o formación" de sus empleados.
