VALÈNCIA. El juicio por la financiación irregular del PPCV prosigue este miércoles con las declaraciones de los dos procesados que quedaban por declarar, el exvicesecretario de Organización y exdiputado autonómico David Serra y el considerado 'cerebro financiero' de la trama Gürtel, José Ramón Blanco Balín.
Serra se enfrenta a más de siete años de prisión por tres delitos electorales y otro de falsedad en documento mercantil. De hecho, su declaración se considera, junto con la que realizó el exsecretario general de los populares Ricardo Costa, una de las más interesantes del juicio porque en el caso de confesión sería la puntilla definitiva para el PP de Francisco Camps.
La cuestión que se plantean tanto las defensas como las acusaciones es si Serra se posicionará del lado de Costa y asumirá el delito electoral, que no la falsedad, o si por el contrario hará como el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y negará cualquier tipo de participación en el ‘dopaje’ electoral si bien no negará el delito electoral sino que afirmará no conocerlo.
El problema para Serra estriba en que, además de las declaraciones que ya le han señalado a lo largo del juicio, la Fiscalía cuenta con varias grabaciones por pinchazos telefónicos que le implicarían en las presuntas trampas del PPCV y que son el verdadero 'as' en la manga del Ministerio Público.
Algunas de esas grabaciones vienen desde otro proceso abierto por corrupción, el caso Brugal. En ellas se puede escuchar a Enrique Ortiz -uno de los empresarios que será condenado tras pactar su confesión de que financió irregularmente al PP y que también está imputado en Brugal- y a David Serra hablar sobre las gestiones que la dirección del partido, entonces dirigido por Francisco Camps, estaban haciendo para que Ortiz pague a Orange Market. Ambos también discuten sobre lo que les preocupaba y les enfadaba que se hubiera destapado la trama corrupta de manos del entonces juez instructor, Baltasar Garzón, pues se estaba destapando el ‘dopaje’ electoral.
De hecho, esas grabaciones son tan importantes, que durante las cuestiones previas el letrado de Serra trató por todos los medios de que se excluyeran de la causa. Finalmente el magistrado José María Vázquez Honrubia desestimó todas las peticiones de las defensas, incluida la del abogado de Serra.
En cuanto a Blanco Balín, la Fiscalía Anticorrupción le acusa de ocultar los ingresos y gastos reales obtenidos por Orange Market en las declaraciones tributarias, sobre todo cuando la mercantil prestó "colaboración" para financiar irregularmente al PP valenciano. Los representantes del Ministerio Público Carlos Alba y Myriam Segura piden para él 15 años de prisión por seis delitos fiscales.
Con las declaraciones de estos dos investigados concluye el interrogatorio a los 19 acusados de financiar ilegalmente al PP valenciano. Tras ello comenzará la fase testifical en la que se tomará declaración, entre otros, al primer denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas, o al extesorero del PP Luis Bárcenas.
La que más expectación genera es la de Francisco Camps, prevista para el 7 de marzo, después de que su nombre haya sido mencionado en varias ocasiones como responsable de la caja 'B' del PP regional. La Fiscalía Anticorrupción anunció que esperará hasta que concluya la vista oral que arrancó el pasado 15 de enero, para valorar la prueba practicada, la trascendencia de las declaraciones y decidir si pide que se investigue al exlíder de los populares valencianos.
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell