Los promotores, contra la ley de 'cohousing' por excluirlos de las ayudas públicas: "Nos discrimina"

VALÈNCIA. La Conselleria de Vivienda tramita un proyecto de ley para legislar el cohousing y las viviendas colaborativas en régimen de cooperativa en la Comunitat Valenciana. Una norma, en trámite de información pública, que, además, incluye una serie de medidas de fomento y la posibilidad de acceder a ayudas públicas para la promoción y construcción de los edificios, pero únicamente en el caso de las cooperativas. Un hecho que ha llevado a los promotores a cargar contra un texto que califican de "discriminatorio" por no contar con ellos y excluirles.

El objetivo del Consell con esta norma es fomentar las viviendas colaborativas en régimen de cesión de uso, donde el usuario sea copropietario del total del edificio y usuario único de la vivienda. Además, pretende regular todos los tipos de viviendas colaborativas donde los espacios comunes tienen una mayor importancia que la vivienda de uso propio. Y más en un momento en el que este tipo de producto gana peso en el mercado. 

Y para lograr darle ese revulsivo, el departamento que dirige Héctor Illueca fomentará más la cesión de uso con ayudas a esta modalidad, en la que el usuario es copropietario del conjunto residencial. De hecho, dará ayudas a aquellos que decidan sustituir su vivienda habitual por una vivienda colaborativa y cedan la primera a la administración para alquiler público. No obstante, en el caso de las nuevas promociones, los incentivos, que no se concretan en el texto, irán dirigidos a las cooperativas, lo que ha provocado el enfado del sector promotor valenciano. 

Por ello, aprovechando el periodo de información pública, la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova) ha presentado una serie de alegaciones en las que reclama que se incluya a las empresas privadas, así como que se definan los requisitos y condiciones de esas ayudas "sin perjuicio de su posterior selección, concreción o desarrollo a través de las correspondientes bases y convocatorias".

En concreto, el texto señala que podrán acceder a las medidas de fomento previstas en esta ley, y en los reglamentos que posteriormente la desarrollen, las actuaciones de viviendas colaborativas que "se usen y disfruten por las personas usuarias de las misma en régimen de cesión de uso, y se construyan en un edificio o conjunto residencial cuyo promotor o promotora tenga la forma jurídica de cooperativa o asociación, sin ánimo de lucro, de la que sean socios o formen parte de la membresía de la asociación, las mismas personas usuarias de las coviviendas y, en su caso, las personas que convivan con ella".

"Discriminación"

Y para los promotores la exclusión de las entidades mercantiles "no se motiva ni justifica" teniendo en cuenta que el anteproyecto de ley "no establece límite ni control alguno sobre las dimensiones de la vivienda ni coste de la cesión de uso, ni de los ingresos de los cesionarios". "No establece criterios objetivos ni límites al coste ni precio de la cesión de uso, por lo que la ausencia de ánimo de lucro no justifica la exclusividad en favor de las cooperativas para disfrutar de las medidas de fomento", subrayan. Por tanto, consideran que la no incorporación de las empresas constituye "una discriminación contraria al principio de libertad de empresa", remarcan en sus alegaciones.

Asimismo, a las medidas de fomento, entre las que se incluye, garantías para la obtención de créditos, cesión de suelo y exenciones y bonificaciones fiscales, el texto apunta que podrán acceder "las coviviendas de protección pública y las promocionadas por cooperativas de viviendas colaborativas en régimen de cesión de uso", otra circunstancia que rechazan. "¿Qué razón hay para que las empresas privadas no puedan acceder a las medidas de fomento de las coviviendas de protección pública?", se preguntan desde Aprova.

Por tanto, sin cuestionar el fondo de la ley ni la regulación del cohousing en la Comunitat, sí consideran un error que no se les tenga en cuenta y creen que esa situación provoca una "discriminación" sobre ellos. 

También incluyen otra serie de modificaciones en cuanto a los requisitos básicos de los edificios como es que la parte privada de los inmuebles. Así, en lugar de contar con tres estancias privadas -dormitorio, baño y sala-, como señala la norma, proponen que sean solo dos -dormitorio y baño- y "con una superficie útil de al menos 25 metros", apostillan mientras que el texto no hace alusión a esta cuestión.