Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La situación de emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana ha llegado a tales límites que el sector urge a la Administración a activar soluciones. En este momento, en la ciudad de València solo hay 185 viviendas de obra nueva a la venta y pocos proyectos a la vista de nueva planta, mientras el alquilar en el 'cap i casal' roza ya de media precios que oscilan en los 1.500 euros al mes. Un panorama que está expulsando a muchos colectivos del mercado y dificultando el acceso a una vivienda, no solo a personas en situación de vulnerabilidad, sino a familias y personas con trabajos, pero cuya economía doméstica no les permite abonar esas rentas.
Por ello, conscientes de esta problemática, el sector reclama al gobierno de Carlos Mazón medidas para revertir este escenario. Y de forma urgente. Y más teniendo en cuenta que desde el Consell ya se han ido dando pinceladas sobre por dónde transitarán sus líneas de actuación y algunas de sus medidas. No obstante, por el momento, ha habido poca concreción. Lo que se sabe es que el gobierno autonómico replicará el concurso de cesión de suelo de la anterior legislatura para construir 10.000 nuevas viviendas para alquiler en la Comunitat, a través de la colaboración con el sector privado.
"El concurso tiene que sacarse ya, en este primer semestre, porque la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) tiene definidos sus solares disponibles, sabe cuáles son y dónde están. Hay que moverlo rápido porque nos estamos quedando sin producto", subraya Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) a este diario.
Lo cierto es que en varias ocasiones el 'president' ha dejado claro que será "la legislatura de la vivienda". Incluso la consellera del ramo, Susana Camarero, expresó en Les Corts que su compromiso es llevar a término este plan para la construcción de 10.000 viviendas públicas a lo largo de esta legislatura y, por esta razón, las inversiones en el presupuesto de su departamento para 2024 se habían elevado casi un 6%.
Según el presidente de los promotores valencianos se está trabajando en ello, así le consta, pero bien es cierto que poco ha trascendido sobre el estado de este proyecto, a diferencia del concurso de suelo municipal en el que ya se conocen las ubicaciones de las primeras ocho parcelas que se quieren movilizar en la ciudad en una primera fase, en su caso para 1.000 viviendas. Asimismo, el equipo municipal trabaja en permutas concretas para incrementar el parque de vivienda pública en la ciudad. Por ello, los promotores urgen a sacar la iniciativa autonómica cuanto antes con el objetivo de dinamizar la actividad y ofrecer más stock al mercado valenciano.
A priori, el plan se basaría en la cesión del derecho de superficie de esos suelos a los agentes privados. Esta modalidad conlleva que las empresas privadas construyan en suelo público un edificio y lo exploten durante un periodo de tiempo determinado, generalmente de 50 a 70 años. Una vez finalizado ese plazo, los inmuebles pasan a ser gestionados por la Administración, que en todo momento es propietaria de los activos.
Esta es la forma a la que recurrió el pasado gobierno autonómico, formado por PSPV, Compromís y Podem, en su concurso para construir 1.100 viviendas y que adjudicó en su totalidad a la UTE formada por Urbania y Visoren, ya que fue la única que se presentó a los tres lotes. También, la Comunidad de Madrid eligió la cesión del derecho de superficie en su plan de colaboración público-privada con el sector. Por tanto, la intención es replicar esos ejemplos y que el concurso pivote sobre esta opción, pero con cambios respecto de la convocatoria del Botànic para facilitar la concurrencia, especialmente de empresas locales.
Uno de los principales problemas que se encontraron, y que llevó a que solo se presentara la UTE adjudicataria, fue que solo había tres únicos lotes que acaparan mucho volumen de viviendas y en suelos en diferentes puntos de la geografía valenciana. "Los concursos deben hacerse basados en las posibilidades reales desde el punto de vista de la ubicación y con posibilidades técnicas y financieras. Lo primero que hemos planteado ahora es que los lotes de 350 viviendas de media son difíciles de acometer para un promotor local", remarca Olmedo. También, el sector reclama que se flexibilicen los criterios que se piden a los usuarios finales para que puedan acceder no solo colectivos en situación de vulnerabilidad y emergencia habitacional.
"Reclamamos celeridad", insiste Olmedo que advierte de la "desoladora" situación que existe en varios puntos de la Comunitat con necesidad de vivienda. De hecho, según el Informe sobre Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA), elaborado por el Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, en coordinación con la Dirección General de Vivienda, la Dirección General de Emergencia Habitacional y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), un total de 248 municipios de la Comunitat Valenciana tiene urgentes necesidades de vivienda pública.
Por otro lado, el sector reclama para antes de mayo la aprobación de una nueva normativa que regule la VPO en la Comunitat. Precisamente hace una semana salía a exposición pública el nuevo proyecto de decreto, por el que se aprobará el reglamento de vivienda de protección pública. De hecho, hace ya unos meses que el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, avanzaba su intención de modificar la actual normativa en la Comunitat Valenciana para generar "mayor seguridad jurídica" y garantías a las empresas.
El objetivo es unificar en una misma regulación tanto el decreto de VPO como el decreto de 2021 por el que se creó un registro de oferta y demanda de vivienda pública. "Con la nueva regulación se pretende dar solución a problemas interpretativos a fin de incrementar la seguridad jurídica y unificar todas las disposiciones aplicables a las viviendas de protección pública, ya sean de iniciativa pública como privada, en aras a garantizar la mayor transparencia posible en las actuaciones de la Administración", explican desde este departamento.
Entre los cambios que las compañías inmobiliarias reclaman están la subida del módulo, de los 2.200 euros actuales para promociones de VPO que sean privadas a 2.700 euros, así como reclaman la vinculación de los precios al IPC o la posibilidad de que un propietario de una vivienda pueda, asimismo, acceder a una VPO, aunque con ciertos requisitos. Unas cuestiones que podrían incluirse en la nueva regulación.
