Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València sigue buscando fórmulas para ampliar el parque público y destensionar el mercado inmobiliario del 'cap i casal', en plena crisis por el frenazo de la obra nueva y la escasez de pisos a la venta. Una compleja situación que está expulsando a muchos ciudadanos del acceso a la vivienda y cuya solución, según los expertos, pasa por la producción de vivienda protegida (VPO) para ayudar a los más vulnerables y bajar precios. Y eso es precisamente lo que pretende conseguir el equipo de la corporación municipal en colaboración con el sector privado a través de permutas de suelo por obra.
Así, el plan del equipo de la Concejalía de Urbanismo, que dirige Juan Giner, es comprar este tipo de inmuebles a promotores que en estos momentos están levantando promociones con esta calificación en València a cambio de suelos públicos para que se mantenga la actividad en la ciudad. Un intercambio que permite al consistorio conseguir vivienda casi terminada de forma rápida y que paga con un suelo, tasado y con un valor similar al de los inmuebles, que de otra manera sería complicado desarrollar ante los limitados recursos públicos.
Además, esta operación incentiva la actividad de los agentes privados porque reciben parcelas, materia prima que escasea en la ciudad, para seguir construyendo VPO y aumentar la oferta en la Capital del Turia. Precisamente, uno de los principales problemas en el 'cap i casal' para el fuerte descenso de la oferta de pisos de nueva planta es la falta de solares. Por ello, esta opción es una alternativa a la que quiere recurrir el gobierno municipal para liberar superficies paradas y conseguir pisos ya terminados, o en fase constructiva avanzada, con el fin de engrosar el parque público de alquiler asequible.
De hecho, así lo avanzó el propio Giner hace unos meses en una jornada de Valencia Plaza. "Tenemos más de 100.000 metros cuadrados de techo que queremos convertir en 1.000 hogares para alquiler asequible. Y queremos hacerlo a través de la colaboración público-privada", afirmó para incidir en que esa movilización iba a ser tanto "mediante la constitución de derecho de superficie como de permutas".
La corporación municipal ya ha tanteado a varios promotores, con los que mantendrá reuniones en los próximos días para intentar cerrar acuerdos, apuntan fuentes del sector a este diario. Principalmente son actores que están en estos momentos trabajando en promociones de vivienda VPO y cuyas obras están en estado avanzado. Así, la idea es que el gobierno municipal se quede un volumen importante de las unidades que componen los edificios y, a cambio, ofrecerá un suelo por el mismo valor de esos pisos. De esta forma, en lugar de abonar la transacción con dinero lo hará en especie.
En cualquier caso, estas permutas van a ser una opción puntual porque la corporación municipal no quiere perder suelos, explican a este diario las mismas fuentes. De hecho, por el momento lo que se está ofreciendo son los primeros ocho solares municipales que el Ayuntamiento ya ha seleccionado y valorado para su puesta en carga. Se trata de superficies sin problemas urbanísticos y que suman 11.683 m2 de superficie con una edificabilidad de 59.798,74 m2 de techo residencial y 2.253 m2 de techo terciario.
Como adelantó este diario, tres se ubican en Malilla, otras tres en la zona de Nou Moles; una en Massarrojos; y otra en la calle Doctor Domagk, cerca del Parque Central. Todas ellos suman una superficie que permitiría levantar cerca de 500 viviendas, la mitad de las 1.000 unidades con las que el nuevo equipo de María José Catalá quiere culminar su primer mandato.
No obstante, la bolsa de suelo de la corporación local es mayor y se encuentra dispersa en muchos barrios de la ciudad. Según datos municipales, hay parcelas para 115 viviendas en Russafa; para 127 unidades en Malilla; en Nou Moles son 114 inmuebles; 67 en Na Rovella; 378 en Fonteta; 85 viviendas en La Torre; 92 en Benicalap; y 54 en la zona del Grao.
En cualquier caso, estas permutas son el paso previo al lanzamiento del concurso de suelo que Urbanismo licitará en los próximos meses para movilizar suelo público bloqueado. En este momento, los técnicos están ultimando el pliego de condiciones para sacar a licitación las superficies, pero antes se quiere cerrar acuerdos de venta de suelo por VPO con los promotores para así conocer cuáles de esos ocho solares quieren. De esta forma, una vez se cierren operaciones, ya se estará en disposición de sacar los solares restantes y que no se hayan vendido previamente.
Esta colaboración público-privada se articulará a través de la cesión del derecho de superficie. Este modelo conlleva que las empresas privadas construyen en suelo público un edificio y lo explotan durante un periodo de tiempo determinado, generalmente de 50 a 70 años. Una vez finalizado ese plazo, los inmuebles pasan a ser gestionados por la Administración, que en todo momento es propietaria de los activos.
Se trata de una fórmula que ya se ha puesto en práctica en otras convocatorias de diferentes Administraciones locales y autonómicas de España como la Comunidad de Madrid con el Plan VIVE. También, en la propia Comunitat Valenciana, con el concurso de suelo que lanzó el Consell del Botànic para construir 1.100 viviendas y que se adjudicó en su totalidad a la UTE formada por Urbania y Visoren, ya que fue la única que se presentó.
Con todo, el objetivo es aumentar la oferta en València y hacerlo, además, en un momento de emergencia habitacional y en el que la producción de obra nueva está en mínimos históricos, según el último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV. Un documento que refleja que ahora mismo solo hay disponibles 185 pisos de nueva construcción en la ciudad y la cifra va a la baja. Asimismo, pone el acento sobre el poco dinamismo en el mercado, ya que no se construye en dos de cada tres barrios.
Por ello, la Administración está gestando medidas para revertir esta situación. "Tenemos un compromiso de 1.000 viviendas públicas en los próximos cuatro años. Si no empezamos ya, no cumpliremos nuestro compromiso", subrayó hace unos días la alcaldesa de València, María José Catalá, quien admitió que la vivienda es "la asignatura pendiente de la ciudad".
