de septiembre a diciembre
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VALÈNCIA. Uno de los objetivos que se marcaron PSPV, Compromís y Podemos en la última comisión de seguimiento del Pacto del Botánico fue acudir a la siguiente reunión con un listado de las leyes que fuesen prioritarias en esta legislatura. Una tarea nada sencilla por un motivo: existían todavía 22 proyectos normativos pendientes de ser validados en la cámara valenciana. Una cantidad prácticamente inviable de sacar adelante si se tenía en cuenta que al calendario parlamentario tan solo le quedaban seis meses de trabajo -ahora cinco- de los cuales uno es inhábil -no se descarta que lo habilite para adelantar cuestiones retrasadas- y otros dos se dedican casi plenamente a Presupuestos.
En este sentido, conviene recordar que preguntados por sus preferencias, los grupos parlamentarios del Botànic tan solo coincidían, tal y como avanzó Valencia Plaza, en que debían sacar adelante "sí o sí" la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup). El resto de normas prioritarias para PSPV, Compromís y Podemos -cada uno enumeró un total de cinco- eran dispares.
Con esta premisa, y a una semana de que se presente el anteproyecto de ley de las cuentas de la Generalitat de 2019, este lunes acudieron representantes de las tres formaciones parlamentarias a la cita pactada hace ya mes y medio. No hubo enfrentamientos por seleccionar una ley u otra, o ser realista a la hora de hacer un listado asumible que tuviera en cuenta los plazos que quedan antes de que se disuelvan Les Corts para convocar las elecciones de mayo -en caso de no producirse un adelanto electoral-. Esto es, en esa suerte de ranking que los diputados y cargos orgánicos de los tres partidos debían elaborar, solo faltó una de las leyes que socialistas, valencianistas y morados ya trasladaron a Valencia Plaza que eran prioritarias.
Fuentes presentes en la reunión, no obstante, se mostraron optimistas respecto a la posibilidad de validar una amplia mayoría de todas ellas. "Tres de esas catorce leyes están ya en su última fase en comisión, por lo que llegarán a un pleno en breve", aseguraron. Así, la estrategia a seguir por los grupos del Botànic se basará en que los diputados se centren primero en las normas que estén en la fase final de tramitación en la cámara valenciana para desatascar el embudo, y después en aquellas que estén en una fase intermedia o incipiente.
Nueve de los proyectos legislativos seleccionados son del Consell formado por PSPV y Compromís y otros cinco provienen de la propia cámara; en concreto, cuatro de ellas son obra de Podemos, y la última de los tres partidos. Un café para todos legislativo para evitar enfrentamientos que desgasten en exceso a las formaciones en pleno debate presupuestario y con una cita en las urnas a la vuelta de la esquina que tiene un inconveniente principal: el tiempo.
Como curiosidad, de las 12 leyes solo faltó por priorizar en esta última reunión la Ley de Función Pública. Una norma que comenzó a redactarse en 2016, pero que se encuentra encallada por las diferencias que existen entre PSPV y Compromís a cuenta del requisito lingüístico. De hecho, el anteproyecto todavía está por aprobar y, por lo tanto, la norma no ha entrado en Les Corts. En la reunión de este lunes, ni siquiera la mencionaron.
Tampoco hubo enfrentamiento a cuenta de las negociaciones que se están produciendo entre Podemos y el Consell antes de presentar el anteproyecto de ley de Presupuestos de 2019. PSPV, Compromís e incluso Podemos, se mostraron favorables a alcanzar un acuerdo previo al debate de enmiendas en el Parlamento valenciano. Si bien los morados prefirieron ser más prudentes que sus socios en esta cuestión y "esperar a ver los números" que presente el Ejecutivo valenciano.
En este sentido, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, destacó que se habían dado pasos "muy positivos" para que pudiera haber un acuerdo sobre las cuentas autonómicas "como no ha habido antes", ya que otros años los presupuestos pasaron por un trámite de enmiendas, mientras que en esta ocasión lo que se podría dar era que hubiera "un acuerdo de presupuestos previo a su presentación en Corts". Lo que en su opinión "demostraría que el Botànic tiene larga vida aún" y podría "continuar más allá del 2019", aventuró.
En esta línea, el portavoz socialista, Manolo Mata, celebró que este año no haya "líneas rojas ni prejuicios de unos contra otros", sino "una germanor botánica". "Hay una predisposición absoluta a tener un acuerdo presupuestario antes de que entre en Corts", zanjó. La portavoz adjunta de Podemos, Fabiola Meco, no fue tan tajante, pero sí aseguró que en principio "hay disposición por todas las partes a alcanzar el máximo número de acuerdos".
-Ley LGTBI. Después de que el movimiento #MeQueer haya destapado las agresiones que sufre este colectivo, la Generalitat toma partido con esta ley para luchar contra todo tipo de discriminación. Para su validación todavía falta que los grupos parlamentarios debatan sobre las enmiendas y se introduzca en un pleno de la cámara valenciana. Su viabilidad para salir adelante, no obstante, es alta debido al amplio consenso que genera y a la fase avanzada en la que se encuentra.
-Ley de Estructuras Agrarias. En febrero el Consell aprobó el proyecto de ley. El objetivo es mejorar la competitividad en la Comunitat actuando contra el abandono de tierras, la fragmentación de la propiedad, la falta de herramientas que faciliten la planificación a profesionales del sector y la deficiencia de inversión pública y privada en beneficio de una actividad que genere empleo. Como la ley de LGTBI, sólo queda la votación de enmiendas y su debate en pleno.
-Ley de Infancia y Adolescencia. Desarrollada en la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra, la norma pretende convertir a los menores en sujetos de derecho. Elimina la edad mínima para que los niños sean escuchados en tratamientos médicos y establece el acceso al ocio educativo como un derecho; es decir, que no estén saturados de deberes. El proyecto fue aprobado en junio, y ya ha comenzado su trámite en el Parlamento valenciano.
-Ley de Servicios Sociales Inclusivos. Llegó a Les Corts en agosto. Esta norma cuyo objetivo principal es equiparar los Servicios Sociales a los tres pilares del Estado del Bienestar -Educación, Sanidad y Dependencia-, todavía se encuentra en fase de participación. Por lo que su peregrinaje para llegar a ser aprobada es largo y supone un handicap para que llegue a ver la luz si los diputados no acumulan convocatorias de comisiones.
-Ley de Mediación. También este proyecto legislativo fue aprobado en marzo. Ahora bien, su trámite en Les Corts acaba de iniciarse. La ley diseña un procedimiento caracterizado por la intervención de un mediador profesional, que facilita el acercamiento de posturas entre las personas en conflicto para alcanzar un acuerdo y evitar llegar a los tribunales. Para que salga adelante, todavía podría quedar aproximadamente un trimestre, ya que los partidos ni siquiera han presentado sus enmiendas.
-Ley de Sindicatura de Greuges. Este proyecto de ley plantea una reforma amplia de la norma de 1988. Con el objetivo de modernizar y reforzar la institución para que sea más acorde a las demandas de la sociedad actual incrementa las posibilidades de intervención del Síndic de Greuges.
-Ley de Seguridad ferroviaria. Es una norma que ya fue aprobada el pasado mes de marzo por unanimidad -el PPCV se abstuvo en la votación-. Sin embargo, fuentes consultadas por este diario, aseguran que existe una pequeña modificación pendiente de tramitarse.
-Ley reguladora de la actividad del lobby. Esta ley obliga a la identificación pública de las actividades que desarrollan los grupos de interés. Incorpora, además, lo que se denomina "huella normativa" en referencia a la obligatoria publicidad de los contactos que la administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto. Una manera de asegurar así que la "influencia de estos grupos en la confección de las normas sea transparente y no desproporcionada".
-Ley de la LOTUP. Las enmiendas a esta norma fueron presentadas en agosto por cada formación y ya hay roces sobre varios aspectos. Compromís y Podemos quieren trasladar competencias de Urbanismo al parlamento, mientras el PSPV se ha quedado fuera de esta enmienda que busca dar a Les Corts la capacidad para aprobar la Estrategia Territorial de la Comunitat, un instrumento fundamental en la ordenación del urbanismo y el control de su crecimiento.
-Ley de Diputaciones. Después de que estallara la Operación Alquería, Podemos exigió al Consell que se aprobara una ley para ir vaciando de competencias a las diputaciones provinciales. Pocas semanas tardaron en presentar una propuesta a socialistas y valencianistas, aunque finalmente terminaron registrando el proyecto de ley presentado por el PSPV. Un texto cuya esencia es similar -si no idéntica- a la ley que trabaja la dirección general de Administración Local que dirige el socialista Toni Such.
-Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular. Esta proposición de ley, obra de Podemos, todavía debe iniciar su trámite parlamentario. Un recorrido largo que dificulta su aprobación en esta legislatura: toma en consideración en un pleno, introducción en una comisión para que los partidos presenten sus enmiendas, enfrentarse a las enmiendas a la totalidad que con toda seguridad planteará el PP, y finalmente el debate de nuevo en un pleno de Les Corts que incluya las enmiendas rechazadas y la totalidad de la norma. Además, conviene señalar que en esta ley, los morados incluyen el SDDR que ni socialistas ni valencianistas quieren validar, por lo que las negociaciones entre los tres socios sobre su contenido se prevén largas y complejas.
-Ley de Expresidentes. Después de que se bloqueara la primera vez, Podemos volvió a plantear en enero la reforma de esta norma para que los Molt Honorables cuenten con menos "privilegios" de los tienen: coche oficial, oficina, conductor, así como que pasen a ser miembros natos del Consejo Económico y Social (CES) y no del Consell Jurídic Consultiu (CJC). En este punto existe sintonía con Compromís, pero no con el PSPV. Si los socialistas no cambian de postura, modificarla será complicado ante la minoría parlamentaria en la que se encuentran.
-Ley de Información de Préstamos Hipotecarios. Obra de Podemos, esta ley pretende obligar a los bancos a informar a sus clientes si venden su préstamo hipotecario a fondos de inversión para que pasen a ser gestionados por estos. La entidad que no lo haga incurrirá en una infracción grave y si la falta de información impide al afectado defenderse en un proceso de ejecución hipotecaria, la infracción pasará a ser muy grave.
-Ley Electoral Valenciana. La punta de lanza de la reforma de esta ley es la rebaja del listón electoral del 5 al 3%. El próximo 30 de octubre llegará a la comisión de Coordinación para que se voten las enmiendas; penúltimo paso antes de que llegue a votarse en un pleno de Les Corts. La semana pasada, el PSPV presentó una proposición de ley reducida para bajar el listón electoral, pero la consensuada por los tres grupos del Botánic llegará antes al hemiciclo. Ahora bien, si Ciudadanos no cambia su posicionamiento, será imposible verla nacer en esta legislatura.