VALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad Universal solo asumirá personal de la UTE Erescanner Salud, participada en su mayoría por Eresa (Grupo Ascires), que tenga antigüedad de al menos un año en los hospitales públicos donde la empresa presta el servicio de resonancias magnéticas. Así lo recoge el borrador del proyecto de decreto del Consell, por el que se regulan los efectos para el personal de la extinción del contrato resonancias magnéticas en los hospitales públicos. Un decreto que todavía no ha sido aprobado, a falta de menos de un mes y medio para el final del contrato, y que recoge la fórmula para realizar la transferencia de trabajadores de la empresa privada a la administración.
A finales de julio, el Consell aprobó una declaración de urgencia para acelerar la tramitación del proyecto de decreto que regulará el paso de los empleados de Eresa e Inscanner -la otra integrante de la UTE que aporta personal- a la sanidad pública. Como ocurrió con la reversión del Hospital de La Ribera (Alzira) y su área de salud, Sanidad asumirá el personal que hasta ahora prestaba el servicio a sueldo de la empresa privada, como establece el Estatuto de los Trabajadores en los casos de sucesión de empresa.
Sin embargo, hasta ahora poco se sabía de los filtros que el departamento de Ana Barceló iba a marcar para incorporar al personal laboral a la administración con la finalización del servicio el 31 de octubre.
Al margen del año de antigüedad y de estar contratado como laboral fijo, Sanidad también especifica en el borrador del proyecto de decreto que únicamente se pueden incorporar a la lista de subrogados personal que haya estado desempeñando su tarea de forma continuada y presencial en los equipos ubicados en los hospitales públicos dentro de su contrato. Las categorías contempladas son la médico especialista de radiodiagnóstico, enfermero, técnico en cuidados auxiliares de enfermería y auxiliar administrativo. Todos ellos deberán contar con la titulación habilitante para el puesto que desempeñan.
A pesar de las condiciones especificadas -y de que el documento recoge que tendrán que ser acreditadas mediante certificación expedida por los órganos directivos del Departamento de Salud correspondiente- lo cierto es que las normas de reversión y subrogación de este concierto han sido mucho menos claras que las aplicadas al departamento de La Ribera.
Por ejemplo, en aquel caso la Conselleria de Sanidad Universal que dirigía Carmen Montón hizo pública la petición de todas las nóminas de los futuros subrogados en La Ribera además de prohibir a la empresa concesionaria, desde un año antes de la reversión, contratar a persona alguna sin autorización de la Conselleria. En el caso de la UTE Erescanner Salud, este control debería haberse establecido el pasado 31 de octubre, no solo en el número de trabajadores, sino en el trasvase entre centros de trabajo.
Y es que, si una diferencia tiene la reversión del servicio de resonancias y el departamento de La Ribera, es que todos los trabajadores del hospital de concesión público-privada gestionado hasta el pasado marzo por Ribera Salud trabajaban al servicio de la administración pública y estaban enmarcados en solitario en una empresa. Sin embargo, Eresa no solo emplea a los que prestan servicio en hospitales públicos, sino también a los que trabajan en las instalaciones privadas de resonancias, como las del centro de Campanar. No es el caso de Inscanner, cuya actividad es prácticamente toda para la UTE, de la que posee un 20%.
El personal subrogado mantendrá su relación laboral en la condición de "personal laboral a extinguir" hasta que concurra causa legal de extinción de su contrato de trabajo. También desempeñará sus tareas en las mismas condiciones de trabajo y retribución que en su contrato con Eresa o Inscanner o el convenio colectivo que resulte de aplicación, como el de sanidad privada para la provincia de València. Sin embargo, una vez en la administración, podría realizarse un nuevo acuerdo por negociación colectiva. Desde Sanidad aseguran que todavía no se sabe el número exacto de personal que asumirá, y es que debe ser la Conselleria la que, en última instancia, dé el visto bueno a la propuesta de la compañía.
El decreto deja por escrito que se trata de una sucesión de empresas al producirse la reversión de un servicio público desde una empresa contratista a una administración pública, acompañada del traspaso patrimonial a la Conselleria de Sanidad de todos los bienes y derechos relacionados con el servicio, tal y como se establece una de las cláusulas del contrato, según recoge el decreto.
Tras el fin del contrato vigente, la Generalitat ya anunció que asumirá como propios los 20 equipos que tiene asignados la adjudicataria en el hospital general de Castellón (2), en el hospital de la Plana (1), en el hospital de Sagunto (1), en el hospital Clínico (3), en el hospital La Fe (3), en el hospital Arnau de Vilanova (1), en el hospital de Gandía (1), en el hospital de Xàtiva (1), en el hospital general de Alicante (2), en el hospital de Alcoi (1), en el hospital de Elda (1), en el hospital de Elche (2) y en el hospital de Orihuela (1).
Además, la internalización de esta prestación se verá reforzada por la adquisición de nueve equipos más, que se sumarán a los 20 actuales. De ellos, siete son financiados a través del convenio con la Fundación Amancio Ortega. También se adquirirán nuevos equipos en el departamento de la Marina Baixa y Doctor Peset de València, financiados por la Conselleria de Sanitat.
Mientras, el Hospital General de València, que de momento mantiene a Eresa en el servicio de resonancias y TAC tras la finalización del servicio, también solicitó que se sometiera a la consideración de la Abogacía de la Generalitat, de la Intervención General de la Generalitat y de los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia la "viabilidad" de la integración del personal de Eresa como trabajadores del consorcio a la vista de la línea que la propia Generalitat ha adoptado respecto al personal del Hospital de la Ribera.
Cabe recordar que Eresa también ha sido la gran beneficiara del nuevo concurso de resonancias magnéticas para realizar la transición a lo público del servicio al adjudicarse tres de los cinco lotes –València, Vinaroz y Marina Baixa– por un importe que asciende a 13,8 millones de euros. Un concurso del que la directora general de Eficiencia y Régimen Económico de la Conselleria, Carmelina Pla, decidió el pasado 4 de septiembre no firmar la adjudicación del servicio de resonancias magnéticas al mantener una "amistad íntima" con la presidenta de Eresa, Lorena Saus.
