VALÈNCIA. Este martes finaliza el contrato de TAC de la empresa Eresa con el Hospital General de València y, como adelantaba Valencia Plaza, la compañía seguirá prestando el servicio en el departamento hasta nueva orden. Así lo confirman desde la dirección, donde recuerdan que la intención es internalizar el servicio pero aseguran que, al tratarse de un proceso de cambio, "requiere tiempo".
El Hospital General denunció el contrato hace un año, fecha en la que debía de realizar la comunicación a la empresa anunciando su intención de no continuar con la externalización de las pruebas de TAC. Esta situación no es nueva, ya se dio con las resonancias magnéticas, también en manos de Eresa, cuyo contrato terminó el 8 de enero y a pesar de ello sigue prestando el servicio en el hospital.
A partir de ahora, estas pruebas se pagarán a la compañía a través de expedientes de enriquecimiento injusto. Y es que, de momento, tampoco tienen intención de sacar un concurso como sí ha ocurrido en la Conselleria de Sanidad, quien licitó cinco lotes para reforzar el servicio de resonancias magnéticas tras finalizar el contrato con Erescanner Salud, UTE participada de forma mayoritaria por la compañía presidida por Lorena Saus.
La justificación de prolongar el servicio de resonancia con Eresa fue la conveniencia de devolver de forma simultánea a la gestión pública tanto resonancias como TAC. Desde el hospital que dirige Enrique Ortega justificaron la decisión señalando su estructura unificada, tanto en instalaciones como del personal facultativo, técnico y de administración. De momento, en el Hospital General de València, solo queda vigente con la compañía el contrato de medicina nuclear, que terminará a finales de 2018.
La situación ya se veía venir. El gerente del departamento ya manifestaba su intención en las alegaciones del pasado 22 de noviembre al borrador del informe de fiscalización de la Sindicatura sobre las cuentas del consorcio de 2016. En el documento se dejaba constancia de la petición a la Conselleria de Sanidad para que Eresa siguiera prestando el servicio de TAC para el centro más allá de julio de 2018. La razón manifestada era una supuesta falta de tiempo -a pesar de tres años sabiendo de la situación- para dotar a la administración de los medios humanos y materiales para asumir ese servicio.
El gerente incluso llegó a señalar en las alegaciones que la disponibilidad de ambos elementos trascendía del ámbito decisorio del consorcio, por lo que trasladaba la responsabilidad a la Conselleria de Hacienda y a la de Sanidad. De momento, el departamento recibirá una inversión por un valor de cinco millones de euros de la donación de Amancio Ortega a la sanidad pública y que le permitirá dotarse de un TAC -que se destinará al centro de especialidades de Torrent-, tres equipos de resonancia magnética -del que uno también irá a Torrent-, un mamógrafo digital y un acelerador lineal. Además, desde la dirección también están estudiando si adquirir o no equipos a Eresa.
En materia de personal, desde el departamento también se pidió que se sometiera a la consideración de la Abogacía de la Generalitat, de la Intervención General de la Generalitat y de los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia la "viabilidad" de la integración del personal de Eresa como trabajadores del consorcio a la vista de la línea que la propia Generalitat ha adoptado respecto del personal del Hospital de la Ribera. Una posibilidad que la conselleria también estaba estudiando para los hospitales públicos.
Las fuentes consultadas insisten en la intención de afrontar el proceso de forma "consensuada y ordenada" con la empresa, evitando que las decisiones tengan efecto negativo sobre la prestación asistencial. Respecto a los contratos con Eresa, la Sindicatura de Comptes ya advirtió en 2015 de sus irregularidades, hasta el punto de que remitió al Tribunal de Cuentas indicios de una presunta responsabilidad contable.