VALÈNCIA. Los diputados valencianos en Madrid tienen una difícil decisión que tomar en el Congreso dentro de un par de semanas. Se trata de la votación de la nueva Ley del Cupo Vasco para el periodo 2017-2021 y la modificación del Concierto Económico, que mejora aún más la financiación de la comunidad mejor financiada de España. El Gobierno vasco disponía ya del doble de recursos públicos por habitante que la Generalitat valenciana, lo que significa más dinero para sanidad, educación y servicios sociales, brecha que crecerá con este pacto entre Rajoy y el PNV que tiene que convalidar el Congreso por mayoría.
A pesar de la importancia de estas dos normas, que nos afectan a todos porque la mejora para los vascos deja menos dinero para el resto de España, el Congreso las va a despachar por la vía de urgencia, mediante lectura única y sin posibilidad de enmiendas, porque aquí se puede enmendar hasta el Estatuto de Cataluña, pero el Cupo no. Así lo han decidido PP, PSOE y Unidos Podemos, a petición del Gobierno y del PNV, lo que muestra no solo las pocas ganas que tienen de justificar lo injustificable, sino por dónde irán los votos de cada uno.
Que nadie espere que los diputados valencianos del PP o del PSOE –se ha librado Julián López, repescado el viernes por Ximo Puig– voten en contra de una medida ante la que a uno se le queda cara de gilipollas después de tantos años peleando para arreglar lo de la infrafinanciación valenciana. La disciplina de partido no está en la Constitución pero como si lo estuviese, no hay quien se la salte.
Por si alguien no sabe qué es el Cupo, es el dinero que el País Vasco paga al Estado por los gastos de competencia nacional –defensa, asuntos exteriores, aeropuertos...–, ya que allí son las diputaciones forales las que recaudan los impuestos, igual que en Navarra, al contrario que en el resto de CCAA, donde es el Estado el que recauda y transfiere el dinero para las competencias cedidas.
Albert Rivera ya dijo que no aprobaría esta mejora del Cupo después de apoyar la otra parte del pacto Rajoy-PNV, la del aumento de las inversiones para Euskadi, incluida la cesión de la nonata central nuclear de Lemóniz, que quieren destinar a la cría de gambas y salmones. Así que Toni Cantó, Vicente Ten y compañía votarán en conciencia. Otra cosa será cuando se apruebe el Cupo y el PNV decida a apoyar los Presupuestos de Rajoy para 2018 –rebañando alguna inversión adicional a la que sacó en mayo–, porque entonces será Ciudadanos el que vote a favor y el PSOE el que lo haga en contra. Hay que quitarse el sombrero ante la habilidad de los políticos vascos para esquilmar al Estado con el apoyo de los grandes partidos estatales, unos días unos y otros días los otros.
Los diputados valencianos de Unidos Podemos también lo tienen claro, harán lo que diga Pablo Iglesias, cada vez más líder máximo de la otrora asamblearia formación. Así que el problema de verdad lo va a tener Compromís. La formación que lidera en el Congreso Joan Baldoví tiene que pronunciarse sobre un apaño que supone menos dinero para la Administración General del Estado, cuyo ministro de Hacienda dice que no tiene más dinero para las Comunidades Autónomas.
En la formación valencianista se ha abierto el debate entre abstenerse y votar en contra de la mejora del Cupo. El voto a favor está descartado. El cuerpo les pide votar en contra pero la prudencia aconseja la abstención. El 'no' sería compartido por la mayoría de los valencianos, a los que no tendrían que dar explicaciones, y sería una demostración del hartazgo que se sumaría a la de la manifestación del 18N, pero supondría un desaire innecesario –se va a aprobar haga lo que haga– hacia el PNV, partido con el que existe cierta afinidad, sobre todo por parte del Bloc y muy especialmente de Enric Morera. El PNV suele abstenerse en las votaciones sobre financiación de comunidades de régimen común y espera que otros partidos nacionalistas hagan lo mismo con 'sus' asuntos.
La abstención sería la postura más cómoda a corto plazo, pero condicionaría el discurso de Compromís en el futuro y no soportaría la hemeroteca. El propio Baldoví rechazó en mayo el acuerdo entre el Gobierno y el PNV y Mónica Oltra lo calificó de "arbitrario, partidista y oportunista". La vicepresidenta reiteró el "profundo" rechazo del Ejecutivo valenciano al Cupo vasco y añadió que "no puede ser que una financiación se decida de manera unilateral por parte del Gobierno central sin escuchar las necesidades del resto de Comunidades". Pues sí que puede ser y, de hecho, no es la primera vez que sucede.
El motivo no confesado de las prisas del Gobierno por mejorar la financiación del País Vasco, mientras la reforma para el resto duerme el sueño de los justos, es que Rajoy necesita los votos del PNV para aprobar los Presupuestos de 2018. Los motivos del PSOE para respaldarlo tienen que ver con el amplio acuerdo de los socialistas vascos con el PNV en Euskadi, que condicionan a Pedro Sánchez, Ximo Puig y Susana Díaz. Los socialistas andaluces fueron los más contundentes contra el pacto Rajoy-PNV y ahora van a refrendarlo en el Congreso, igual que los valencianos.
El PNV juega tan bien sus cartas, que siempre encuentra un hueco para hacer comulgar con ruedas de molino a los grandes partidos. Durante la crisis no lo halló, pero se apuntó desde 2007, año tras año, lo que creía que le tocaba sin que hubiera acuerdo con los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Le valió la pena porque ahora le vamos a reconocer prácticamente toda la ‘deuda histórica’ que reclamaba, 1.400 millones de euros, además de bajarle el Cupo de los próximos cinco años. Resulta curioso que PP y PSOE no se pongan de acuerdo para evitar la evidente estrategia ventajista del PNV pero acaben aprobando juntos la bajada de pantalones.
En la entrevista que publica la revista Plaza este mes, José María Aznar dice del Cupo vasco y el concierto navarro que "nos podrán gustar más o menos, pero forman parte de los pactos de la Transición y de un proceso histórico que aceptamos en su día", por lo que el expresidente no los cuestiona. Casi nadie cuestiona el Cupo. Lo que se cuestiona es su cálculo, que se hace cada cinco años y que agranda la brecha de la financiación autonómica desde que un Aznar sin mayoría absoluta aceptó en 1996 lo que Felipe González había rechazado porque desequilibraba el reparto territorial. "He conseguido más con Aznar en 14 días que en 13 años con Felipe González", dijo entonces el líder nacionalista Xabier Arzalluz.
A partir de entonces, cada negociación quinquenal no se hace por criterios técnicos sino políticos, siendo la moneda de cambio el apoyo del PNV a PP o PSOE antes que el coste de los servicios estatales. Y la aritmética parlamentaria actual permite a la formación que preside Andoni Ortuzar apretar de lo lindo.
Habrá que ver si, con el saquito vasco arreglado en detrimento de la Administración General del Estado, Montoro repite en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que no tiene más dinero para repartir entre el resto de CCAA. Es capaz, pero a ver qué le responde Vicent Soler, habiendo su partido refrendado el acuerdo.