ALICANTE (EP). Los trabajadores de nueve de las once ITV de la provincia de Alicante han secundado la huelga convocada para pedir la homogeneización salarial en la empresa pública Sitval (Societat Valenciana d'Inspecció Técnica de Vehicles). Las dos estaciones que no han seguido el paro han sido las de Ondara y Alcoi.
Rosario Benítez, representante de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT-PV, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el seguimiento de la huelga ha sido del cien por cien por parte del personal que podía hacer huelga --había un 40% de servicios mínimos que el sindicato impugnará-- en las nueve estaciones.
Benítez ha celebrado el "éxito rotundo" de la huelga y ha censurado que los trabajadores de las ITV en la provincia de Alicante "cobran entre un 30 y un 40% menos que los de Castellón o Valencia". Al respecto, ha defendido que "a igual trabajo, igual salario".
En este contexto, ha explicado que, con el proceso de reversión de las ITV, se constituyó la comisión negociadora de Sitval y en mayo de 2023 firmaron un acuerdo de homogeneización de salarios con efecto a partir de junio, con un periodo de 2023 a 2026 para pagar la cantidad del primer tramo que debía compensarse, "para que fuera suficientemente amplio y no supusiera problema".
Sin embargo, en junio Sitval "incumple el acuerdo" y se produce un cambio de gobierno, que se firma de nuevo el 9 de noviembre. Benítez ha destacado que el nuevo Consell afirma que "tiene el compromiso de cumplir", pero ha añadido que iniciaron la huelga ante un "incumplimiento grave del acuerdo".
Los trabajadores de las ITV de la provincia de Alicante están convocados a la huelga todos los martes y jueves y el próximo 27 de febrero la convocatoria se extenderá a las estaciones de toda la Comunitat Valenciana.
Al respecto, fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo han destacado que "no ha habido incidencias de consideración" durante la jornada, por lo que se han mostrado "contentos" con el transcurso del día.
En cuanto al procedimiento que han seguido en las ITV, han detallado que se sigue un "orden estricto" en el que tienen prioridad los vehículos de servicio público, después las personas que tienen cita y tienen la ITV caducada, y por último el resto de usuarios con cita previa. A las personas que no han podido pasar la inspección por la huelga, se les agenda otra cita para mañana.
Asimismo, se han mostrado de acuerdo con la equiparación salarial demandada por los sindicatos, pero han precisado no se puede ejecutar porque necesitan informes de otros departamentos para dar "toda la cobertura jurídica y legal al proceso". "En cuanto tengamos esos informes y la cobertura sea completa, nosotros haremos la equiparación salarial", han afirmado.
Igualmente, han sostenido que se trata de una situación "heredada y sobrevenida", puesto que han señalado que el acuerdo del anterior gobierno "era falso" y no contaba con informes de presupuestos ni de función pública, por lo que "era nulo de pleno derecho".
Al respecto, han apuntado que entienden la "frustración" de los trabajadores, pero han insistido en que es una situación "sobrevenida". "La solución tiene que ser dentro de la legalidad, con todos los informes pertinentes, con todos los puestos de trabajo clasificados", han explicado, al tiempo que están estudiando fórmulas para tratar de "acelerar el proceso" y tenerlo "a la mayor brevedad posible".
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha mandado un mensaje de "tranquilidad y normalidad" en declaraciones a la Cadena Ser y ha enfatizado que necesitan "tiempo para arreglar todo el desastre que dejó el gobierno anterior del Botànic".
"En el Pleno del Consell de esta mañana, hemos tenido que aprobar las cuentas anuales de esta sociedad del año 22, porque los anteriores gestores ni habían aprobado las cuentas, ni habían firmado el acta, ni habían depositado las cuentas en el registro, con el riesgo además de cierre de la hoja registral. No hicieron absolutamente nada del proceso que tienen que haber hecho de esta sociedad", ha aseverado.
En la misma línea, la consellera ha expresado que han encontrado una sociedad "completamente abandonada" y ha precisado que deben "restablecer todos los resultados jurídicos" para tener "la certeza y la seguridad" de que todo se hace "conforme a la legalidad".
