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El letrado del asesor pide el sobreseimiento tras el archivo del TSJCV en el caso de Miquel Domínguez
VALENCIA. El abogado del asesor del PP del Ayuntamiento de Valencia Luis Salom ha enviado un escrito al juzgado de Instrucción número 18 de Valencia solicitando el archivo de la causa abierta contra su cliente en el marco de la operación Taula por un presunto delito de blanqueo de capitales conocido como pitufeo.
En el citado escrito, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el letrado basa su petición en el archivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) de la causa abierta por pitufeo contra el diputado popular y exconcejal de Valencia Miquel Domínguez.
El escrito de Salom, el primero y hasta ahora único presentado por los presuntos pitufos investigados, es peculiar teniendo en cuenta que el letrado no puede citar directamente el auto de archivo del TSJCV, ya que el mismo no está incorporado a la causa en la que está como imputado su cliente, pero sí cita el fallo. Por tanto, el abogado realiza un encaje de bolillos entre, por un lado, el escrito del magistrado de Instrucción 18 de Valencia al TSJCV pidiendo la investigación del diputado y, por otro, la resolución final del TSJCV a este respecto.
En el escrito se puede leer que en la exposición razonada al TSJCV del juez instructor se afirma que "el aforado don Miquel Domínguez debía ser investigado por la referida Sala del TSJCV dado que sobre el mismo y, tal y como se recogía en el siguiente literal, no se podía atribuir una relevancia excluyente de su posible implicación en los hechos investigados puesto que, como continuaba razonando el Magistrado Instructor, la instrucción no había revelado hechos, circunstancias o explicaciones que permitieran valorar con carácter excluyente ningún tipo de discriminación, en atención a la persona o cargo, en cuanto a la propuesta u ofrecimiento de devolución del dinero".
Es decir, el letrado trata de exponer en su escrito que hay una especie de efecto dominó, ‘si cae uno, caen todos’ y viceversa. Por tanto, teniendo en cuenta que la magistrada ha archivado la causa contra Domínguez, entiende el letrado de Salom que también tiene que hacerlo con el asesor. El problema es que, al no estar incorporada a la causa la resolución de archivo del TSJCV, el abogado no ha podido citar directamente el auto de archivo del TSJCV.
Un auto que, tal y como publicó Valencia Plaza, es más bien perjudicial para el resto de imputados puesto que la magistrada Pía Calderón dice, de forma literal, que "se parte de la objetiva apariencia delictiva", y lo que es más, que "es plausible el operativo descrito en la exposición razonada", es decir, el blanqueo de dinero, la donación de 1.000 euros por parte de los implicados a quienes se habría devuelto esa cantidad en dos billetes de 500 euros.
Eso sí, el letrado sí que le ‘recuerda’ y le solicita al magistrado que "en atención a los argumentos y fundamentos jurídicos esgrimidos por el instructor, venimos a asumir y hacer propios los razonamientos jurídico-procesales que en ellos se contenían respecto de la prohibición de discriminación entre investigados, el carácter unitario del delito de acuerdo con la naturaleza de los hechos investigados, la evitación de pronunciamientos contradictorios entre los Tribunales y el obligado reconocimiento por parte del Juzgado Instructor de la autoridad que emana del TSJCV, por lo que, en atención al reciente sobreseimiento que ha sido adoptado de Miquel Domínguez, venimos a solicitar que de forma urgente e inmediata se decrete, de igual modo, el sobreseimiento".
La causa conocida como pitufeo es la acusación por presunto blanqueo de capitales que recae sobre todo el grupo municipal del PP de la pasada legislatura, salvo cuatro personas que se negaron a blanquear dinero y que están como testigos dentro de la investigación. Según la Fiscalía Anticorrupción, todos los imputados, 50 personas, aportaron 1.000 euros para la campaña de Rita Barberá en las últimas elecciones municipales que, supuestamente, después les fueron devueltos por la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, en dos billetes de 500 euros.
Esta pieza fue la primera que se comenzó a instruir en el marco de la conocida como Operación Taula. En la pieza hay imputadas 50 personas, entre las que también se encontraba la que fuera exalcaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá hasta su fallecimiento el pasado 23 de noviembre.