Malestar en Compromís por el doble rasero de la Conselleria de Hacienda con las empresas públicas

VALÈNCIA. El marrón de tener que poner orden en el enmarañado sector público de la Generalitat no solo está provocando fricciones entre el Consell y los sindicatos, sino que también ha abierto fisuras entre los dos socios del Ejecutivo: PSPV y Compromís. En concreto es la gestión de la Conselleria de Hacienda, controlada por los socialistas, para regularizar los detalles de las plantillas de las empresas públicas la que está provocando un malestar creciente en la coalición.

En la formación de Mónica Oltra no entienden que, mientras el departamento que dirige Vicent Soler apenas ha necesitado unos días para dar el visto bueno a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de organismos como la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) o el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) –ambas bajo la órbita de los socialistas– algunas sociedades adscritas a conselleries de Compromís siguen esperando su turno.

En la coalición escuecen especialmente los casos de Vaersa, dependiente de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, y el Ivace, adscrito a la Conselleria de Economía Sostenible. Ninguna de las dos ha logrado todavía la aprobación de sus respectivas RPT tras meses de trámites y de haber realizado –aseguran– las correcciones que les han requerido las direcciones generales de sector público y presupuestos.

La empresa que realiza trabajos instrumentales para Medio Ambiente ha llegado incluso a publicar por su cuenta en su página web la RPT sin esperar al visto bueno de Hacienda.

Los dos partidos difieren a la hora de señalar a los responsables de esta demora. Mientras Compromís sitúa el problema en Hacienda y reclama la misma celeridad para todas las sociedades, en el departamento que encabeza Vicent Soler se escudan en la falta de diligencia de los gestores de algunas de estas empresas para poner a su disposición todos los detalles sobre sus trabajadores: cuántos son, cuándo y qué procesos de selección debieron superar para acceder a su puesto, cuáles son las retribuciones, etcétera.

La cuestión no es baladí por dos razones. Por un lado, porque las RPT de estas empresas siguen pendientes de aprobación desde 2013 y, además, el año pasado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) falló a favor de UGT-PV cuando reclamó que se diera cumplimiento al destape de las plantillas de CulturArts, IVAM, IVACE, EIGE y Vaersa.

Desde el fallo, el sindicato ha presionado al Consell con la amenaza de movilizaciones sin no daba cumplimiento a la sentencia, pero más de un año después sigue sin ejecutarse en su totalidad.

Por otro, la falta de unas RPT aprobadas por la Conselleria de Hacienda dificulta la convocatoria de la oferta de empleo público para estas sociedades en 2017, la primera tras años de recortes. Hacienda propuso en la comisión de Diálogo Social del Sector Público una oferta de 199 plazas que los sindicatos calificaron de ridícula.

Los representantes de los trabajadores esperan una mejora sustancial de esa oferta en la reunión que mantendrán este lunes con los representantes de la Conselleria, pero temen que Hacienda se escude en la indefinición sobre algunas plantillas para sacar una oferta más ambiciosa.