La ambiciosa agenda legislativa del Consell en materia de articulación territorial y su situación financiera se enfrentan a límites que acaban siendo constitucionales... ¿vivimos aún bajo los Decretos de Nueva Planta?
A estas alturas ya deben saber los fieles lectores de 'Valencia Plaza' que a este colaborador le gustan especialmente las efemérides y su contextualización: seguramente la vocación frustrada de historiador -abortada en una época en la que el alumno y su familia aún creían que la elección de estudios universitarios tenía alguna remota relación con la posterior inserción laboral- tenga mucho que ver con ello. Por eso, me gusta recordar, por ejemplo, que el pasado jueves 29 se cumplieron 309 años de la promulgación de los Decretos de Nueva Planta que acabaron con el Reino de Valencia.
Seguramente el lector se sentirá decepcionado: la efeméride ni siquiera esconde o se afana en simular algún número redondo. En realidad, habría tenido sentido conmemorar los 300 años cuando correspondía, en 2007, tal y como hicieron con grandes fastos los catalanes en su gigantesca “V de Vendetta” - urbana en su correspondiente 2014. Aquí, sin embargo, ocupados como estábamos en los fastos de la Copa del América y aún con la resaca del seminuevo Estatut de 2006, no nos preocupamos en absoluto del asunto. Tan sólo algunos radicales -de los que entonces gozaban oponiéndose al imparable progreso de los PAI’s y hoy viendo besarse a la Geperudeta y a la Moreneta- se molestaron en desplazarse hasta la planicie de Almansa, con sorpresa de los autóctonos, para hacer la conmemoración del tercer centenario de la destrucción de un país por la via militar y del justo derecho de conquista.
Pero en 2016, sea por la desaparición escalonada del derecho civil a manos del Tribunal Constitucional o porque los sectores sociales que antes achacaban todos los problemas a la corrupción han descubierto qué aspecto tiene la caja llena de telarañas y facturas por pagar, la cuestión de los fueros y el modelo territorial ha cobrado una tímida primera línea de reivindicación institucional. Coincide el hecho con que por primera vez desde la restauración a medias de la Generalitat en 1982 hay a cargo un Consell y sobre todo un President que tiene una idea del territorio; pero como vimos en su momento hay importantes problemas de concepción tanto de lo que significa construir identidad desde las instituciones; un problema de indefinición y polarización absurda -el PP ha vuelto a las andadas volviendo a presentar la misma Ley de Señas de Identidad que fue derogada en enero- que bloquea incluso la elaboración de una marca turística coherente, tanto en lo discursivo como institucional.
Un ejemplo de parálisis muy parecido a los anteriores, descendiendo ya al terreno legislativo, se refiere a la anteriormente llamada Ley de Comarcalización que los propios Puig y Soler bajo las órdenes de Joan Lerma, el eterno senador y amante de los invertebrados, hubieron de dejar en un cajón cogiendo polvo. Ahora la han recuperado aunque con otro nombre: Ley de Mancomunidades. En la línea de lo que prescriben desde hace años varios geógrafos -Joan Romero o Josep Vicent Boira- economistas -como Josep Sorribes o el propio Vicent Soler- y juristas -Andrés Boix lo plasmó en Una nova planta per als valencians, editado por Fundació Nexe en 2013- la Generalitat se ha puesto manos a la obra para convertir las mancomunidades de municipios y servicios -en la práctica, las comarcas, pero también las áreas metropolitanas- en el centro del autogobierno valenciano, articulando el territorio de abajo hacia arriba y con interlocución directa con la Generalitat. Comarcas sin llamarlas por su nombre, pero comarcas.
"hay SERIOS PROBLEMAS EN LA CONCEPCIÓN DE LO QUE SIGNIFICA CONSTRUIR IDENTIDAD DESDE LAS INSTITUCIONES; unA GRAVE CUESTIÓN de indefinición y polarización absurda"
El anteproyecto de ley, que se espera que llegue a les Corts en otoño y pueda aprobarse definitivamente a principios de 2017, incide en el principio de subsidiariedad, y habla explícitamente de ceder fondos a las mismas para que ejerzan conjuntamente funciones que ahora corresponden a los municipios, pero también otras propias de las diputaciones provinciales y de la Generalitat -agua, residuos sólidos, policía local, turismo e incluso funciones concretas en educación y sanidad. Para ello se les dota de funcionarios habilitados de escala estatal, capacidad fiscal y jurídica propia o potestad expropiatoria, entre otras prerrogativas.
Pero no es ningún secreto que para hacer todo eso posible -y financieramente factible- se necesita poner en vereda a las Diputaciones Provinciales, dos de las cuales -Alicante y Castellón, gobernadas por el PP- se resisten por la vía política y judicial a dejarse coordinar en asuntos como la política turística o la puesta en marcha de la Agencia Tributaria Valenciana. Aunque el Consell cuenta con la Ley 2/1983, llamada de Coordinación de Diputaciones, el camino para aplicarla no será nada fácil. Obligarlas a ceder competencias y recursos a las Mancomunidades parece aún más complejo. Más aún si el PP de Isabel Bonig se sube a la parra y acusa al Consell de instaurar el catalanismo puesto que imita el modelo catalán de comarcas -como si ningún cargo del PP hubiera participado o presidido nunca una mancomunidad comarcal.
Casi todos estos problemas tienen un denominador común en última instancia, y se llama Constitución Española. Aunque teóricamente el derecho civil foral era legal según la Constitución de 1978, como teóricamente lo es la reordenación de competencias de las diputaciones provinciales -éstas han desaparecido en las comunidades autónomas uniprovinciales en favor de la correspondiente administración autonómicas y en las archipelágicas en favor de los cabildos y consejos insulares sin ningún tipo de drama- parece que el PP, como el PSOE andaluz, van a resistir su doma con uñas y dientes. Lo mismo pasaba con la inmersión lingüística o los artículos anulados del Estatut catalán idénticos a otros del andaluz que siguen vigentes: siempre hay una alineación de magistrados designados a propuesta directa o indirecta del partido en el gobierno para hacer cumplir sus directrices, y siempre en un sentido regresivo. Puesto que las administraciones españolas periféricas no pueden confiar ya en la doctrina o la jurisprudencia, la única solución jurídica a los problemas se halla, pues, en el blindaje constitucional explícito y sin demasiado espacio para la interpretación. En otros términos: en la reforma constitucional.
Por eso llama la atención que en la conmemoración institucional del Decreto de Nueva Planta -que coincide más o menos con el primer año del Consell del Botànic en el cargo- los representantes del Consell se hayan limitado a pedir un encaje constitucional para el derecho civil foral valenciano sin aprovechar la efeméride para al menos insinuar las claves de su visión en materia constitucional y de reforma del Estado de las Autonomías. En primer lugar parece sorprendente que si se pretende instar una reforma constitucional desde la Generalitat no se plantee ni mencione la opción de que las Comunidades Autónomas que lo deseen puedan acabar con las Diputaciones; o simplemente pedir la unificación de las tres provincias valencianas en una sola para conseguir lo mismo por la vía de los hechos.
Siendo rigurosos, una reforma constitucional ad hoc que reconociera el derecho civil valenciano como vigente -y recordemos que no lo está por los propios Decretos de Nueva Planta de 1707, que los derogó expresamente y por tanto sigue vigente- podría limitarse a derogar dichos decretos y plantearse el encaje constitucional de las comunidades llamadas históricas como la nuestra por la vía de la Disposición Adicional 1a de la Constitución de la que derivan sus derechos históricos y por tanto sus conciertos fiscales. Y con la cuestión de la financiación, las inversiones y la deuda como tríada de problemas del País Valenciano, no es descabellado situarlo en el centro de las reivindicaciones.
Es difícil explicar en el contexto de una democracia moderna desigualdades básicas en materia legislativa y fiscal por la actuación arbitraria de un rey absolutista responsable de quema de ciudades en el siglo XVIII. Pero al contrario de lo que Ciudadanos e incluso Ximo Puig han apuntado contra el cupo vasconavarro como generador de desigualdades no parece demasiado realista conseguir su eliminación con la aquiesciencia de los vasconavarros. Menos aún visto el desastroso y desigual resultado del sistema de financiación autonómica y del sistema de reparto discrecional de la inversión pública, que como bien sabemos los valencianos genera graves distorsiones. Y tampoco por el papel clave que tienen los partidos vascos -fundamentalmente el PNV- en la gobernabilidad estatal. ¿Y si para garantizar la igualdad entre ciudadanos españoles que tanto preocupa a algunos se pudiera intentar la vía contraria y simplemente generalizar estos derechos históricos?
En este sentido resulta sumamente interesante la propuesta que trasladó a Podemos el President de les Corts Enric Morera y apareció en el programa de Compromís-Podemos de diciembre, que toma el nombre de “concierto económico responsable”. La propuesta consiste en extender el modelo vasconavarro a la totalidad de las Comunidades Autónomas con un fondo común de solidaridad y nivelación para evitar los desequilibrios actuales. Esto supondría acercar y mucho España a un modelo federal, donde se descentralizan los ingresos además de los gastos, se corresponsabiliza a las distintas administraciones del modelo fiscal y se asignan de forma clara los impuestos propios de cada escala de gobierno, aunque después existan fondos complementarios para la compensación. Un modelo de corresponsabilidad fiscal que suena algo más racional que o el horrible galimatías de fórmulas cruzadas y derechos adquiridos del sistema de financiación autonómica, o la discrecionalidad de los Presupuestos del Estado. Tendría sentido que ese mismo modelo pudiera adaptarse a la legislación civil propia u otros aspectos que se solicitaran.
"Un modelo de corresponsabilidad fiscal que suena algo más racional que o el horrible galimatías de fórmulas cruzadas y derechos adquiridos del sistema de financiación autonómica"
Está claro que la Administración Central del Estado no renunciará a la ligera a su tremendo poder de reparto de prebendas y disponibilidad financiera en asuntos como defensa o grandes infraestructuras; en favor de un sistema más o menos objetivado de corresponsabilidad y transferencia entre territorios por criterios como coste de competencia, inversión por habitante o simplemente necesidades estratégicas según el tejido económico -¿será lo mismo el Corredor Mediterráneo que el AVE a Extremadura?
Pasados los sucesivos comicios estatales, hace ya un año que el gobierno se puso en marcha y el resultado del 26-J debiera tomarse como un aviso: ya terminó el tiempo de gracia y de los gestos, ahora empieza lo difícil. Ha llegado la hora de que una institución llamada Generalitat que apareció en el siglo XV para administrar un impuesto, “el general”, que ya en la Edad Media -al contrario que en Castilla- pagaban plebeyos, clérigos y nobles por igual para hacerse cargo de los gastos del Reino, haga honor a su nombre y se centre en su principal cometido, que no es otro que garantizar el cobro de los impuestos de los valencianos es importante, pero no lo es menos que reciban también lo que les corresponde.
Dos partidos de tradición valencianista como PSPV y Compromís debieran saber que el Decreto de Nueva Planta es algo más que un símbolo a conmemorar para pedir limosna a Madrid. Es una guillotina que sigue pendiendo sobre nuestras cabezas: que cuesta cada año dinero al contribuyente, en escuelas no construidas, urgencias no atendidas, dependientes sin ayudas, familias desahuciadas y colas para emigrar en el aeropuerto. Dinero enterrado cada año en cazas F16, kilómetros de AVE deficitario en la estepa y ayudas a los amiguetes del palco del Bernabéu. El siglo XXI necesita algo más que retratos cabeza abajo.