Mariano Aznar, el guardián valenciano del Titanic 

VALÈNCIA.-Los fondos del mar son testigos de la historia. En ellos descansan vestigios de batallas y de pecios malditos afectados, entre otros males, por antiguas pandemias y epidemias medievales que, con nombres distintos a la covid-19, también recorrían ya el planeta desde el siglo VI a bordo de los barcos, como ocurrió con la peste bubónica o la de Justiniano y la peste negra. Los fondos marinos, además, también abrazan restos de lujosos buques hundidos. En ellos podemos encontrar de todo, desde restos de cuerpos humanos hasta cañones, objetos personales, baúles, extractos de plantas medicinales, semillas, monedas, lingotes de oro, plata, perlas y también piedras preciosas... y los cazatesoros lo saben bien. 

En la historia de los barcos españoles hundidos encontramos ejemplos de intentos de cazatesoros por expoliar el patrimonio cultural subacuático español. Tal vez el más representativo sea el de la fragata de guerra Nuestra Señora de las Mercedes, que llevó a España en 2007 a iniciar un litigio de cinco años que finalmente acabó con un triunfo para el Gobierno español y que dio lugar a El cisne negro, un cómic de Paco Roca y Guillermo Corral que Alejandro Amenábar convertirá en serie para Netflix a partir de septiembre. Porque los cazatesoros no solo expolian, también pueden suponer un verdadero quebradero para las arcas de los gobiernos que, paradójicamente, se ven obligados a defenderse de denuncias interpuestas por los rastreadores de pecios y restos arqueológicos de gran valor. 

La Comunitat Valenciana cuenta con un jurista pionero en España, entre los profesionales del Derecho Internacional Público, especializado en la protección del Patrimonio Subacuático. Mariano Aznar, profesor de la Universidad Jaume I de Castellón, es un gaditano de nacimiento pero valenciano de adopción que llegó a València a los trece años por motivos familiares. Entre sus actividades profesionales, además de la docencia, están la de representar y defender al Gobierno de España frente a los abusos de los cazatesoros, y también asesorar a gobiernos de todo el mundo en la protección de su patrimonio cultural subacuático, entre otras cuestiones. Mariano Aznar en 2020 tiene cuatro proyectos en marcha y de estos uno llama la atención, su participación —junto a un grupo de académicos internacionales, la Unesco y varios gobiernos— en una iniciativa conjunta ante el gobierno de Canadá para la protección definitiva del Titanic.

— Usted es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Jaume I de Castellón. ¿Cómo es su día a día?

— Mi actividad profesional además de la docencia incluye mis trabajos en la generación y transferencia de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo hago transferencia de conocimiento cuando asesoro a empresas, a gobiernos u organizaciones internacionales, a través de informes o dictámenes, para ayudarles a acomodar una ley nacional a las obligaciones internacionales asumidas. Por ejemplo, debido a que actualmente la Generalitat Valenciana está modificando la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano me han pedido que elabore un informe para incluir, modificar y mejorar el articulado referente al patrimonio subacuático en las costas valencianas. Y genero conocimiento cuando estudio temas del ámbito de mi disciplina. Por ejemplo, actualmente estoy articulando un modelo de explicación sobre cómo la Unesco protege los Derechos Humanos.

— ¿Por qué se especializó en patrimonio cultural subacuático?

— Mis orígenes gaditanos y mi padre ingeniero naval tuvieron mucho que ver. Desde bien pequeño he visto barcos de todo tipo y condición; y hasta la gabarra más fea y sucia me gusta [ríe]. Eso estaba latente en mí, pero realmente mi vocación surge en València y las responsables de este nuevo rumbo en mi vida fueron dos fragatas españolas: la Juno y la Galga de Andalucía, hundidas en 1750 y 1802, respectivamente, frente a las costas de Virginia (EEUU).

— Dos fragatas le cambiaron el rumbo a su vida… 

— Sí. Yo acababa de sacar mi plaza de profesor titular en la Universitat de València y una mañana de 1998 leí la noticia del primer litigio que España planteaba contra los cazatesoros ante los tribunales estadounidenses. El tema me pareció tan interesante... La importancia del caso fue que mostraba un cambio en la política jurídica exterior española en esta materia, pues desde ese momento España pasó a defender su patrimonio subacuático en todo el planeta. También me resultó muy llamativo que nadie en España, en el ámbito del Derecho Internacional Público, se ocupara de esta materia, por lo que decidí dedicarme a ello y me convertí en pionero entre los juristas de Derecho Internacional Público en la Protección del Patrimonio Subacuático español.

«A Tintín lo critico porque El tesoro de Rackham el Rojo deja en buen lugar a los cazatesoros en lugar de promover el respeto al patrimonio acuático»

— O sea que el interés no le vino de leer a Tintín en  El tesoro de Rackham el Rojo.

— ¡Para nada! [responde con contundencia]. Todo lo contrario. A Tintín siempre lo critico porque la historia de Rackham el Rojo —como también la novela de Pérez Reverte La Carta Esférica— lo que hace es dejar en buen lugar a los cazatesoros, en lugar de promover el respeto del patrimonio subacuático. Tintín para mí es un enemigo, como lo es Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino y el origen de la fortuna del Capitán Nemo, a pesar de que siga disfrutando con su lectura [ríe].

— El contenido de la fragata de guerra Nuestra Señora de las Mercedes, con casi seiscientas mil monedas de plata y algunas de oro entre otros muchos y valiosos restos, fue recuperado por España. Un éxito para el país. ¿Algún otro caso a la vista?

— En este litigio ejercí de off-counsel del Gobierno español, una especie de asesor externo, y redacté algún dictamen. Aquel caso sentó jurisprudencia y ahora actúa como elemento disuasorio. Actualmente no hay ningún litigio similar abierto y, en parte, diría que es debido al éxito del asunto de la Mercedes. De hecho, a raíz del caso, el Gobierno de España decidió que debía existir un Plan Nacional para el Patrimonio Nacional Subacuático y se creó un grupo de trabajo —al cual me incorporé— para redactar el Libro Verde sobre el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español, que se publicó en 2009.

Existe otro tipo de litigios en zonas marinas. Recientemente conocíamos el pulso lanzado por Marruecos a España para controlar las aguas próximas a Canarias. Ambos países han hecho públicas sus pretensiones jurídicas que ahora deberían acomodar en un acuerdo. Ello, hoy por hoy, parece imposible porque Marruecos declara suyas las aguas del Sáhara, cosa que niega España y el resto de la comunidad internacional. Es un complejo caso de delimitación marítima.

— ¿Cómo inciden las delimitaciones marinas en la protección del patrimonio subacuático?

— Cada estado extiende su soberanía o jurisdicción a los distintos espacios marinos que el Derecho Internacional reconoce. Una opción posible, por ejemplo, es declarar y delimitar lo que llamamos la zona contigua, que se extendería hasta las 24 millas náuticas y sobre la que el estado ribereño podría ejercer plena jurisdicción para proteger su patrimonio sumergido. Así se lo he propuesto, por ejemplo, al Gobierno de Ecuador. Le he propuesto que declare su zona contigua, tanto en su costa continental como alrededor de las islas Galápagos, pues de esta manera contará con una mejor base jurídica para poder reaccionar ante cualquier incumplimiento y evitar expolios, por ejemplo. 

— ¿Actualmente, en qué proyectos trabaja?

— Tengo cuatro en marcha. Junto al mencionado asesoramiento al gobierno ecuatoriano, desde 2019 también asesoro a Qatar. En febrero de 2020 he estado en Doha como profesor visitante en el University College London de Qatar, y en colaboración con Qatar Museums Foundation hemos estado trabajando en la elaboración de la nueva legislación sobre la protección del patrimonio cultural material e inmaterial. Qatar tiene una importante riqueza subacuática porque fue centro de la extracción y comercio de perlas desde el siglo XVI al XVIII, momento en que los japoneses comenzaron a cultivarlas.  Continúo con el asesoramiento al Gobierno de España y ahora, en particular, en la protección del galeón San José hundido en aguas colombianas en 1708. Y el cuarto proyecto iniciado tiene que ver con el Titanic. Un equipo de académicos, junto a la Unesco y varios gobiernos, estamos haciendo presión para mejorar su protección. 

— ¿Cuál es su cometido respecto al Titanic?

— Este es un caso peculiar porque si bien todos los ejemplos anteriores son buques de guerra, este es un buque privado pero que merece igual protección. Se hundió en 1912 frente a las costas de Canadá pero en alta mar, un lugar en donde nadie es dueño de nada y todos somos dueños de todo. En él perecieron más de 1.500 personas. Y cuando en 1985 se descubrieron los restos por una misión conjunta francesa y estadounidense, se inició una carrera para ver quién se hacía con los derechos de salvamento de sus restos. Aquello generó sentencias, apelaciones y más sentencias... Y cuando la presión sobre los restos del Titanic se hizo tan grande —y varias compañías comenzaron incluso a hacer turismo subacuático sobre lo que, no olvidemos, es una tumba marina— cuatro estados reaccionaron por su especial vínculo con el buque, la tripulación y el pasaje: Reino Unido, Estados Unidos y Francia, pero también Canadá por encontrarse frente a sus costas. 

Estos cuatro estados concluyeron un acuerdo en 2000 sobre el Titanic y lo declararon «sitio para preservar». A fecha de hoy, Francia y Canadá aún no han ratificado aquel acuerdo. Esperemos que lo hagan pronto. Además hay que tener en cuenta que Canadá ha iniciado un procedimiento para que se le reconozca una plataforma continental extendida de hasta un máximo de 350 millas náuticas, y si se le reconoce la nueva extensión, el Titanic pasaría a estar en ella.

—  ¿Y en qué presionan al Gobierno de Canadá? 

— En este contexto favorable, un grupo de académicos entre los que nos encontramos juristas, arqueólogos, gobiernos como Reino Unido y Estados Unidos y también la Unesco, estamos instando al Gobierno de Canadá para que ratifique el Acuerdo relativo al pecio del Titanic del año 2000, de manera que cuando los restos queden en su plataforma continental, el Gobierno de Canadá lo proteja mejor de la acción de los cazatesoros.

— ¿Cuál es el perfil actual de un ‘cazatesoros’?

— Yo hablaría de tres perfiles. Tenemos al cazatesoros accidental, que es el que abunda en nuestras costas valencianas. Y es esa persona que está buceando, encuentra un ánfora o cualquier otro objeto antiguo y se lo queda, en lugar de ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil. Está el cazatesoros profesional, también llamado «pitero», de pequeña y mediana escala, que sale al campo o a la playa con el detector de metales, que está prohibido. Y luego están las empresas especializadas o entramados corporativos, con ejemplos como la compañía Odyssey Marine Exploration, la que expolió la fragata Mercedes y en 2015 otro yacimiento entre las costas chipriotas y libanesas. 

Pero que no se olvide que el patrimonio histórico también es cultura, nada efímera además, quizá la más importante porque nos sitúa ante nuestro devenir actual

— ¿Qué recomendaciones daría a quién encuentre un objeto de valor histórico bajo el mar?

— Que haga todas las fotos que pueda, sin tocar nada. Que intente, mediante GPS, recoger las coordenadas precisas del hallazgo, y toda esa información la facilite a la Guardia Civil inmediatamente.

— En la Comunitat Valenciana, ¿qué patrimonio subacuático destacaría?

— Tenemos restos de puertos antiguos como el de Sagunto, está la zona de Xàbia-Dénia y también el cauce del río Turia pues, seguramente, si excaváramos frente a las Torres de Serranos probablemente encontraríamos restos de cuando el puerto de València estaba en el río. Otro lugar interesante es Torre la Sal en Cabanes, en donde hay un sitio arqueológico terrestre que no se entiende sin su yacimiento subacuático. Hay otros muchos más.

— ¿Cuáles es el más relevante y dónde se encuentra?

— En mi opinión es el Bou-Ferrer, un barco romano que fue encontrado en 1999 por dos buceadores frente a Villajoyosa. Es el primer yacimiento subacuático español declarado BIC (Bien de Interés Cultural), un pecio romano fabulosamente conservado, que cuando fue descubierto albergaba varios miles de ánforas,  y algunas de ellas todavía conservaban el oligarum.

— Ha sido consejero-abogado en el asunto Louisa y al gobierno español le salió muy rentable... 

— Tuve que defender al Reino de España, junto a un equipo español formado por funcionarios del Estado, en una demanda en la que se exigía a nuestro país una indemnización de 40 millones de euros, que conseguimos evitar. Todo ello motivado por la detención de un barco —el Louisa— que faenaba frente a las costas de Cádiz y que finalmente se demostró que estaba expoliando patrimonio cultural español.

— ¿Cree que la covid-19 afectará negativamente a los recursos destinados a la protección del patrimonio cultural subacuático?

— Lógicamente, como en otras partidas. Las prioridades financieras inmediatas irán a necesidades más urgentes en este momento. Pero que no se olvide que el patrimonio histórico también es cultura, nada efímera además, quizá la más importante porque nos sitúa ante nuestro devenir actual.

— ¿Es una buena solución vincular experiencias de turismo responsable a los yacimientos para obtener recursos con los que protegerlos?

— Por supuesto y existen experiencias muy interesantes como la de la antigua ciudad romana sumergida de Baia, en Nápoles. En España tenemos el caso de Ampurias en Girona. Y en la Comunitat Valenciana, perfectamente se podrían articular procedimientos para poder bajar en botella a visitar el Bou-Ferrer o los restos subacuáticos de Torre la Sal.  

* Este artículo se publicó originalmente en el número 70 (agosto 2020) de la revista Plaza