El conseller de Educación insiste en la reducción de la ratio y la recuperación de plazas del profesorado, mientras reivindica su rechazo a la Lomce y las becas al alumnado de centros privados
VALENCIA. El curso escolar arrancará este próximo jueves, 8 de septiembre, en todos los niveles educativos, desde Infantil a Bachillerato, pasando por Formación Profesional. Es por ello que el conseller de Educación, Vicent Marzà, ha querido presentar su proyecto futuro, y lo ha hecho sin disimular su apuesta clara y decidida por la educación pública. Es la misma línea que en el último año le ha acarreado varios enfrentamientos con los centros de titularidad concertada y privada, pero que promete seguir dibujando con énfasis a tenor de los datos ofrecidos sobre arreglo escolar, plantillas docentes y concesión de becas, entre otro puntos que favorecen al sistema gratuito.
Marzà sustenta su discurso sobre el lema Escola pública, garantia de qualitat, pero lo organiza en torno a tres grandes bloques: implicación, innovación e igualdad. En sus palabras, “la calidad depende de que todos tengan las mismas oportunidades”, por lo que antepone la oferta pública como referente indiscutible. El titular de área reivindica, sobre todo, que esta línea no tiene por qué resultar perjudicial para nadie, ya que los datos "son positivos". Así es como introduce que para el ejercicio 2016/17 se ha logrado bajar la ratio en todas las comarcas a una media de 23 alumnos por aula y se ha incrementado el número de docentes en plantilla en 2.871 más. “Hubo muchos agoreros”, comenta, “pero estamos contentos con lo conseguido durante todo el año pasado”.
En concreto, este año habrá 8.000 alumnos más en las aulas valencianas, lo que representa un aumento del 1% con respecto al curso 2105/2016. Un total de 555.782 en los centros públicos y de 226.574 en los concertados arrojan un baremo de hasta 782.356. Lo más destacable, no obstante, es que la ratio media haya mantenido una trayectoria descendente con respecto a la anterior Administración. Si en 2014/2015 había una media de 25’2 alumnos por aula, que en 2015/16 se situó en 24, este año encontramos que habrá 22’7 en cada espacio. Curiosamente, esta ratio es siempre mayor en el caso de los concertados de las tres provincias, que en el cómputo global mantienen su media en los 25’91.
El cuerpo docente, por el contrario, se ha visto incrementado considerablemente. Hay 2.871 profesores más que el curso pasado, lo que significa que se ha producido una recuperación del 57’42% del profesorado que había sido suprimido en años previos por los recortes (hasta 5.000). No obstante, el reparto es desigual entre centros públicos y concertados. Mientras en los primeros hay 1.815 docentes nuevos, en los segundos solo 103; la suma de ambos arroja 1.918, a los que cabría sumar las 953 nuevas adjudicaciones de inicio de curso. “Menos alumnos por aula y más profesorados es igual a calidad”, insiste el conseller.
Su reflexión no acaba aquí, sino que incide en la estabilidad de los puestos de trabajo. Marzà ha anunciado que está elaborando una nueva orden de plantillas, pero mientras tanto ha incidido en la “evolución positiva” del empleo docente. se contabilizan hasta 5.417 docentes con plaza, 1.706 en las escuelas y 3.711 en los institutos. Si bien es cierto que entre los maestros el aumento únicamente ha sido de 259, en el resto de cuerpos se ha producido un incremento mucho más notable, de hasta 3.031. Además, se ha logrado reducir a la mitad el tiempo para la sustitución de un profesor, que antes era de 20 días, pero ahora queda en 10, “y todavía queremos bajarlo más”. Es por ello que se ha dado trabajo a 1.200 interinos.
Otro de los puntos en los que se ha detenido el conseller es el de las bolsas de recolocación. En estos momentos todavía se debate con los sindicatos si es adecuado resituar alos profesores de la concertada en los colegios públicos en caso de quedarse sin plaza por el arreglo escolar. No todos los sindicatos son partidarios de esta postura, pero la Conselleria ha dicho que trabajara en ello durante las futuras negociaciones.
Cuando todavía está pendiente que los centros solicitantes voten la aprobación de la jornada continua el próximo 15 de septiembre, los datos sobre los colegios que han solicitado dichas medidas son reveladores. Alicante es, por mucho, la provincia más interesada en la modalidad. De hecho, de los 307 centros que han pedido acogerse a ella, 257 pertenecen a este territorio frente a los 14 de Castellón o los 36 de Valencia. Esto se traduce en 181.300 familias alicantinas partidarias, frente a las 13.000 castellonenses o las 21.300 valencianas.
El conseller ha insistido en que ellos son “sensibles a las diferencias territoriales” y que han facilitado en todo momento la capacidad de elección de cada centro. Sin embargo, preguntado por cómo pretendía contribuir al desarrollo de las mismas, únicamente ha indicado que ellos han supervisado que todos los centros autorizados a votar a presenten un proyecto educativo apto. No ha aclarado, sin embargo, quién se encargará de pagar las actividades extraescolares de obligada oferta que deberán incluir en los programas. En ocasiones anteriores ya ha manifestado que no se hará desde Generalitat, por constituir “un agravio comparativo” con respecto al resto de centros.
En cuanto a la mejora de infraestructuras educativas, marcada por la negfasta gestión anterior de Ciegsa, Conselleria ha anunciado la construcción de 26 centros nuevos. De ellos, 15 ya están en marcha y 11 en previsión, además de los 6 finalizados el curso pasado. Preguntado por la instalación de barracones en colegios, cuya licitación se anunció a través del Docv, sí ha querido aclarar que son “instalaciones temporales” que responden a “necesidades concretas” mientras se terminan de acometer obras en algunas escuelas. Estamos hablando de 29 aulas prefabricadas, repartidas por 17 centros de la Comunitat, a las que se han destinado 506.105,74 euros.
El bloque final de la presentación de Marzà se ha orientado plenamente a lo que Conselleria llama “innovación” y que comprende una serie de medidas para la formación constante y la concesión de ayudas. Así, se ha anunciado la creación de 6 centros Cefire para necesidades educativas distintas, entre los que el propio conseller ha destacado el de Alzira, que impartirá cursos orientados al impulso lingüístico. No ha querido detallar de que manera conecta esto con el prometido decreto de plurilingüismo, pero ha asegurado que los detalles “se conocerán en breve” y que serán "flexibles con las plantillas".
Con respecto a Xarxa Llibres, ha recordado que el 100% de centros públicos han participado en el programa de bancos de libros gratuitos, frente al 73% de centros concertados. Esto quiere decir que hay un 27% en desacuerdo, a los que además se ha obligado a entregar los lotes que no vayan a usar, tema completamente obviado en la exposición. La transferencia de libros entre centros concertados se hará antes del día 15 de septiembre y esta es la fecha límite para que los no participantes comuniquen a su ayuntamiento si ha quedado algún lote pendiente. Los porcentajes le parecen positivos a Marzà, quien destaca que la acogida es “esencial” después de las dificultades a las que se enfrentó el programa en su configuración.
En otro juicio de valor favorable a la escuela pública, que conecta con todo el discurso trazado conscientemente por el conseller, se ha calificado de aspecto “positivo” el incremento de aulas de 0 a 3 años en un 4%, pese a la oposición que suscitó desde los sectores de la Escuela Infantil privada, y muy concretamente la implantación del aula de 2 años, cuestión dolorosa para el sector que padece los rebufos de la crisis. Sobre el cambio de criterios de concesión del bono infantil, que pasó de ser universal a depender del nivel de renta, lo justifica en que lo hicieron pensando en “llegar a más gente”.
Por último, Marzà también ha incidido en la creación de nuevas figuras de responsabilidad en los colegios, como los coordinadores de Xarxa Llibres o de Igualdad y Convivencia; ha destacado la reconfiguración del mapa de FP, con la incorporación de nuevas titulaciones; y ha remarcado el incremento de plazas para las Escuelas Oficiales de Idiomas, donde además habrá más profesorado, una bajada de ratios y una oferta de lenguas mayor. Se ha mostrado crítico con la Lomce y ha vuelto insistir en que desde su departamento “se destinarán los recursos públicos a la escuela pública”, en una alusión directa a la concesión de becas, también a nivel universitario. No se ha salido ni un ápice del discurso esperado, el que viene marcando desde hace un año, y que pasa por impulsar la escuela pública sobre cualquier otra, pese a cualquier reacción que esta decisión le pueda conllevar.