VALÈNCIA. Continúa la tramitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de València, que supondrá el veto a los coches más contaminantes de manera progresiva desde este año hasta su implantación final en 2028. A finales de diciembre, el gobierno municipal, dirigido por María José Catalá, dio luz verde a la ordenanza reguladora, por lo que tras recibir las alegaciones y resolverlas, podrá aprobar la normativa definitiva.
En esa fase, el grupo municipal del PSPV ha anunciado que presentará las suyas, que buscan ampliar las limitaciones de acceso a toda la ciudad, a un número mayor de coches de fuera del Cap i Casal y activarlas con mayor rapidez, así como contemplar excepciones para las familias de rentas bajas, tal como explicaron este miércoles tanto el portavoz socialista, Borja Sanjuán, como la edil María Pérez.
Cabe recordar que la norma vetará el acceso al interior de las rondas -se permitirá en la fachada marítima y las pedanías- a los vehículos etiqueta A, y no se multará hasta el 30 de noviembre. A partir de entonces, no podrán entrar los vehículos de fuera de la provincia de Valencia; desde enero de 2027, los registrados fuera del Cap i Casal; y desde enero de 2028, todos. Las excepciones de zonas y de usuarios la convierten en una de las ZBE más 'blandas' de las grandes urbes. Aspecto atribuido como logro por parte de Vox y justificado por la concejalía de Movilidad, que dirige el popular Jesús Carbonell, atendiendo a los datos de contaminación.
Este miércoles, el socialista Sanjuán consideró que la Zona de Bajas Emisiones que se tramita es la "más falsa de todas las grandes ciudades españolas" y "la única que se plantea con el objetivo de no mejorar la calidad del aire de su ciudad". Opinión que refrendó su compañera de bancada, María Pérez, al ver en la ordenanza una norma "de mínimos" y que "va muy por detrás de la de Madrid". Motivos por los cuales, dijeron, han presentado alegaciones para endurecerla.
Por un lado, en cuanto a las zonas afectadas por las restricciones, pues han planteado que la Zona de Bajas Emisiones se amplíe a toda la ciudad. "No hacerlo así provocará que los coches que no cumplan con la normativa busquen aparcar en los barrios limítrofes", señalaron los socialistas en referencia a San Marcelino o San Isidro, que "tradicionalmente han sido el trastero de la ciudad" y a los que, insistieron, "este gobierno les ha negado el Corredor Verde".
También proponen un calendario de implantación mucho más rápido, sin eliminar la fase informativa hasta el mes de noviembre y empezando en diciembre a prohibir los vehículos de etiqueta A de fuera de la provincia; en enero de 2026 , los de fuera de la ciudad; y en enero de 2027, todos, por lo que se adelantaría un año el calendario propuesto por el gobierno local. "En Madrid y Barcelona ya está plenamente implantado, aquí se propone en 2028", criticó Pérez, según la cual "las familias de fuera no planifican el cambio de vehículo según las ZBE de cada ciudad".
Pero además, los socialistas proponen que las restricciones no sólo afecten a los vehículos más contaminantes (etiqueta A) sino también a los de etiqueta B de fuera de la ciudad. Limitación que, según su planteamiento, empezaría a operar a partir de 2027. En ese sentido, Pérez subrayó que el texto propuesto reconoce que en 2023 "dos de las estaciones de medición tampoco cumplirán los valores máximos fijados", por lo que "la ordenanza debería ser responsable" y ampliar las restricciones para mejorar la calidad del aire.
Actualmente, además de no afectar a camiones, furgonetas o autobuses, la normativa en tramitación prevé otras excepciones como los vehículos vinculados a actividades económicas, personas con movilidad reducida, familias numerosas, familias con menores de 3 años y vehículos que transporten embarazadas. Y para los vehículos afectados por la prohibición, habrá excepciones también, pues se permitirá el acceso puntual hasta 48 veces al año. A los municipios de la provincia y pedanías de València afectados por la riada, se les aplicará una moratoria hasta diciembre de 2027 y diciembre de 2028 respectivamente.
En la propuesta de los socialistas, por ejemplo, se mantendrían las excepciones a los vehículos vinculados a actividades económicas pero sólo hasta 2030 y no sine die como está ahora. Además, señalaron que la norma actual "considera las situaciones familiares" pero no su economía, por lo que plantearon exceptuar el veto para personas con rentas bajas en base al IPREM. Y se mantendrían también las excepciones a personas con movilidad reducida. En ese sentido, criticaron que la ordenanza de Madrid "no tiene tantas excepciones" y cuenta con un plan de ayudas de 20 millones para el cambio de vehículos, una fórmula que reclamaron implementar en València.
Por todo ello, Sanjuán y Pérez consideraron que la actual ordenanza "no se compromete con la calidad del aire" y se ha aprobado para "salir del paso de la obligación" que marca el Gobierno y la Unión Europea pero "vaciándola de contenido". "Nuestra alternativa es responsable, ponderada, pensando en la salud y en los ciudadanos de rentas bajas, y con compromisos del Ayuntamiento para ayudar a las familias y empresas a cambiar los vehículos", concluyeron.