Oltra, Puig y Dalmau en la firma del Botànic II. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. El incremento de altos cargos en el Gobierno valenciano en un 56,7% (pasan de 102 a 137) hecho público este viernes en rueda de prensa se basa en diversas razones que en algunos casos resultan más sencillas de defender que en otros.
La entrada de dos partidos políticos más en el Consell (Podemos y Esquerra Unida) ha propiciado un aumento de dos consellerias y esto ha conllevado un incremento además de las secretarías autonómicas, las subsecretarías, las direcciones generales y, también, del número de asesores.
Si con la entrada de nuevas formaciones en un ejecutivo las que hasta ahora sustentaban el Consell -PSPV y Compromís- no quieren perder competencias -o simplemente sillones- la lógica indica que aumentará el número de altos cargos para poder dar cabida a los partidos entrantes. Es decir, la tarta tiene que ser más grande si nadie quiere ceder parte del pastel o, utilizando otro símil, si alguien viene a vivir a tu casa y no quieres ceder una de tus habitaciones, tendrás que mudarte a otra vivienda más grande.
De la misma manera, es inevitable el aumento de altos cargos cuando se le pretende dar estructura de conselleria a un área que hasta ahora era poco más que una dirección general, como es el caso de Vivienda que lidera Podemos. Dos secretarías autonómicas y cuatro direcciones generales relacionadas con una misma competencia deberían convertir a este departamento en el más eficiente de todo el Gobierno valenciano. O quién sabe si todo lo contrario. De la misma manera, la creación de otra nueva conselleria como la de Innovación, también genera inevitablemente la creación de cargos nuevos que, en algunos casos, provienen de áreas de otras consellerias pero que, en otros, surgen de competencias a las que no se le daba tanta relevancia.
Esto no significa que no haya desdoblamiento -y por tanto aumento- de algunas direcciones generales que sí tienen sentido sentido. Por ejemplo, en Educación, parece razonable la iniciativa adoptada de separar la Dirección General de Centros y Personal Docente en dos áreas diferentes: solo la gestión de las más de 60.000 nóminas del profesorado parece suficiente tarea para un departamento propio, de la misma manera que la atención y mantenimiento a los centenares de centros educativos también lo merece. En esta línea, tal y como informó Valencia Plaza, se antoja apropiada la creación de la Dirección General de Infraestructuras Educativas para gestionar, entre otras cuestiones, todos los fondos -más de 700 millones en cinco años- dedicados al proyecto Edificant.
En esta línea, también se han producido algunas separaciones defendibles en Sanidad, un área con más de seis mil millones de presupuesto y que solo tenía una única secretaría autonómica. Ahora, la división entre Salud Pública y Eficiencia Tecnológica y Sanitaria, con Recursos Humanos dependiendo directamente de la consellera, puede contribuir a coordinar mejor la gestión.
Ahora bien, también influye especialmente en el aumento de altos cargos con un carácter discutible Presidencia y Vicepresidencia. Con una docena cada uno, tanto Ximo Puig como Mónica Oltra se esfuerzan en mantener un equilibrio en este apartado que arroja no pocas dudas sobre la necesidad de alcanzar tal suma.
Por otro lado, en buena parte de los nombramientos efectuados hasta ahora se percibe una importante apuesta generalizada por los perfiles más políticos en detrimento de los técnicos.
En cierta medida, la conselleria de Políticas Inclusivas con Oltra a la cabeza sí apunta más a especialistas en la materia sin puesto destacado en el partido e incluso sin carné, algo que también ocurre en la cartera de Innovación con la independiente Carolina Pascual al frente. Por el contrario, el PSPV y Unides Podem se han caracterizado por el momento por situar algunos activos con carácter más político en los puestos hasta ahora designados.
