El conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. Foto: Kike TabernerVALÈNCIA. (VP/EP) Un total de 33 millones de euros. Esa es la cantidad que la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, liderada por Rubén Martínez Dalmau, destinará a ampliar el parque del Consell, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda (EVha) y de los cuales un total de 26 corresponden a la adquisición de nuevos inmuebles. Además, dedicará 62,3 millones a otro de los compromisos adquiridos por el actual equipo del ramo como es la rehabilitación.
Así lo explicaba este lunes el también vicepresidente segundo del Consell en Les Corts donde acudía para explicar el presupuesto de su departamento para 2020 que asciende a un total de 184,9 millones de euros, que incluyen el concepto de la "eco-construcción" para incorporar el elemento verde, respetuoso con la naturaleza y el entorno en las nuevas edificaciones. El total para esta partida alcanza los 4,5 millones de euros.
"En el gobierno valenciano hemos entendido el
mensaje: la vivienda es un derecho que engloba otros derechos que condiciona la salud, la educación, el acceso al trabajo y el devenir de la economía. Es por ello que, por primera vez, desde la constitución del primer gobierno valenciano el año 1983, hemos hecho un gran
cambio estructural y hemos creado una Conselleria", enfatizaba Dalmau al inicio de su intervención.
Un de los aspectos más llamativos de las cuentas es el gasto que se dedica al capítulo de personal: un total de 15 millones de euros, un 79% más que en las anteriores cuentas. Según el conseller, este aumento redundará en "la agilización de la gestión y la tramitación de expedientes, así como en una mayor ejecución del gasto y más eficacia" a la hora de dar soluciones habitacionales.
Entre los más de 33 millones para la Evha, --que triplica su presupuesto para ampliar el parque público--, se asignarán 5 millones para el reinicio o reactivación de promociones públicas paradas, cuyas obras permitirán disponer de 111 viviendas para alquiler social; dos millones para los expedientes de tanteo y retracto y otros 26 millones a la adquisición de viviendas mediante el concurso lanzado este año.
A la rehabilitación de viviendas particulares se destinan más de 62 millones de euros. El objetivo de la Conselleria es renovar un total de 9.000 inmuebles en la legislatura. "El 34% de los hogares de la Comunitat Valenciana pasan frío", advirtió Dalmau, quien incidió en la necesidad de mejorar la eficiencia energética y su aislamiento. El crecimiento de esta línea, en un 80,2%, viene también propiciado por la los desperfectos causados por la DANA.
En cuanto a los ARRUS en la Comunitat, se destinarán 5,9 millones a continuar los 19 ya iniciados (9 en la provincia de Valencia, 7 en Alicante y 3 en Castellón). Una vez finalizados supondrán 2.400 viviendas rehabilitadas y 270 renovadas. Para el barrio del Cabanyal-Canyamelar la línea asciende a 1,2 millones. A todos ellos se sumarán 7,7 millones a otros siete ARRUS en ejecución que rehabilitarán más de 1.400 viviendas del parque público en los municipios de Alicante, Alcoi, Castelló de la Plana, Sagunt, Paterna, Alzira y Algemesí.
Por lo que se refiere a los Planes de Intervención Integrales sostenibles (PIIN) en el parque público de la Generalitat, se transferirán a la Evha 3,7 millones de euros (+6% respecto al 2019) para la mejora de 1.000 promociones de la Generalitat que se han quedado "viejas y deterioradas" en Alfafar, Benaguacil, Ribarroja del Turia, Benifaió, Massamagrell y Picassent.
Uno de los flecos pendientes en la Conselleria es la aprobación del reglamento de la Ley de la Función Social de la Vivienda, una norma que prevén sacar adelante en el primer trimestre de 2020 y que permitirá desarrollar algunos de loas cuestiones que recoge la norma como es la actualización del registro de demandantes de vivienda y otro de viviendas vacías. A ello se destinará 1 millón de euros.
El objetivo es que estos registros estén interconectados con otras bases de datos, como la nacional de subvenciones para acceder al histórico de todas las ayudas que ha recibido un demandante de los diferentes organismos para adecuar mejor las soluciones habitacionales para cada caso. También se pretende que proporcione a la administración herramientas para casar la oferta y la demanda, de manera que se puedan geolocalizar posibles soluciones habitacionales en función de las necesidades de los demandantes.
"Queremos que, aparte de las obligaciones que se deriven para los grandes tenedores, el registro sea una herramienta útil y ágil para pequeños tenedores con voluntad de que sus inmuebles desempeñen una función social, y para ello debemos ser rápidos en la gestión de esas expectativas", explican desde Vivienda.
