Mercavalència: una piedra más en los motores de la Nau

VALÈNCIA. Que el viaje se está haciendo largo a estas alturas de legislatura en el buque de la Nau es algo que empieza a evidenciarse. Después de tres años compartiendo mandato, en el gobierno de València conformado por Compromís, PSPV y València en Comú -con Podem como núcleo duro- empiezan a acumularse las desavenencias internas. Y no empieza a correr el aire sólo entre las costuras del tripartito, sino que incluso hay asuntos que en el seno de las formaciones son motivo de disensión, por acción -públicamente- o por omisión -guardando silencio-. Uno de los últimos ha sido Mercavalència.

Seguramente permanecerá en boga hasta la próxima legislatura y podría acabar por enquistarse en las relaciones internas, pues según ha podido saber este diario, existen opiniones diversas, aunque no en la arena pública, pero sí en los mentideros del consistorio. Y es que el pasado mes de junio, tal y como publicó València Plaza, la Inspección de Trabajo sacó a relucir 429 falsos autónomos que habían trabajado en Mercavalència durante los últimos cuatro años mediante la cooperativa de trabajo asociado Work Man ACP, la subcontrata que gestiona el matadero del mercado de abastos de València.

Mercavalència es una empresa semipública participada al 51% por el consistorio de València, al 48,8% por Mercasa, y al 0,2% por Oremape, organización de mayoristas del pescado. Allí, tras la denuncia del sindicato UGT ante la "precarización" que estaban sufriendo los empleados, la Inspección aseguró que la cooperativa mencionada opera con "carácter ficticio" para "eludir el cumplimiento de las obligaciones de alta en régimen general y cotización por parte del empleador".

Resolución que bien sirvió a Ciudadanos para hacer oposición, y se quedó solo en la batalla, pues se trata de un modelo que nació con el Partido Popular y que el actual concejal de Mercados y presidente de Mercavalència, Carlos Galiana, no ha revertido. De hecho, el último pleno, tanto PP como el tripartito votaron conjuntamente en contra de la moción de Fernando Giner, portavoz del partido naranja.

La presión por parte de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) se suma a la del sindicato denunciante. Ambas organizaciones creen que las alegaciones presentadas por Mercavalència al acta de Inspección suponen una demora innecesaria del proceso, especialmente a la vista de cómo están respondiendo empresas privadas ante esta problemática -un tercio de los empleados en la privada ya se han regularizado-.

Y es que si el caso acaba en los juzgados, podría demorarse dos o tres años. Por el momento, habrá que esperar entorno a medio año para conocer la respuesta de la Inspección a las alegaciones de Mercavalència mientras que en la empresa semipública, el ambiente laboral es cada vez más tenso. Buena muestra de ello es la denuncia que UGT presentó el viernes pasado por presuntas amenazas y castigos a una cooperativista.

Silencio en PSPV y València en Comú

Por ahora, el silencio en los socios de Compromís parece indicar que, o el desacuerdo interno se cierne sobre el caso de Mercavalència, o todo lo contrario. Y por ahí intenta ahora atacar Ciudadanos al acusar a PSPV y València en Comú de permitir la existencia de falsos autónomos en la firma semipública mientras que en otros territorios de España, como Málaga, sus homólogos la cuestionan e incluso la censuran.

Si bien hay voces en los círculos del PSPV que comprenden la situación en la que se encuentra Galiana y las presiones que puede recibir el edil de la coalición valencianista, fuentes sindicales han confirmado a este diario que en privado los socialistas han trasladado su apoyo a los cooperativistas. Pero "no pueden romper el gobierno", señalan.

UGT, al ser el sindicato más próximo a los socialistas, podría jugar un papel trascendental en las relaciones políticas de ambas formaciones en este asunto y, aunque por ahora la sangre no parece haber llegado al río, es un potencial motivo de desencuentro, máxime con los tiempos que vienen.

Verano de desavenencias

La diferenciación es una estrategia política que con el inicio del último curso político alcanzará niveles de precampaña. Un fuego que podría avivarse todavía más si -como viene especulándose en despachos y redacciones- el Botànic acaba por adelantar las elecciones autonómicas. Si eso ocurre, no es de esperar que durante los próximos meses se puedan contener los instintos a nivel local.

Por el momento, el verano nos ha dejado con varios puntos de choque, que han pasado por la V-21, el muro del 'caso Alsasua' y la controversia generada a raíz del bloqueo del techo de gasto en Madrid, que ha tenido su repercusión en la capital del Túria. En el primer caso, Compromís se desmarcó presentando una propuesta propia cuando el Ministerio de Fomento, dirigido por el socialista José Luis Ábalos, recordaba que el proyecto ya estaba licitado y adjudicado, y que los cambios no podían ser de gran profundidad.

La crisis del muro de Jesuitas dibujó todavía más las disensiones de la Nau, aireadas a pecho descubierto en los medios. Los titubeos del alcalde Joan Ribó y sus declaraciones admitiendo que tanto derecho a la libertad de expresión tenía el artista como aquellos que fueron a tacharlo, no gustaron ni en el partido de los círculos ni en el del puño y la rosa. Los primeros abanderaron la libertad de expresión con mayúsculas para el artista, mientras que los segundos, palabras de Sandra Gómez mediante, no estaban de acuerdo con ceder espacios públicos para "cuestionar el Estado de Derecho". 

Y por otro lado, la abstención de Compromís y Podemos que abocó al bloqueo del nuevo techo de gasto propuesto por los socialistas en Madrid también fracturó las posiciones en València, donde miembros de la coalición valencianista y de los socialistas mostraron sus desacuerdos en público por redes sociales.