María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Foto: EPVALÈNCIA. Noviembre. Este es el último plazo que ha dado María Jesús Montero en relación a la esperada reforma del sistema de financiación autonómica. Para entonces, la Ministra de Hacienda se ha comprometido a tener la nueva definición del criterio de "población ajustada" que servirá como base para decidir la asignación entre las Comunidades Autónomas de régimen común, pero que no implica que para entonces el Gobierno vaya a tener lista su propuesta de reforma.
Así lo anunció la titular de Hacienda en una entrevista con la Agencia EFE en la que destacó que este paso supone el primer hito para la reforma pendiente de la financiación autonómica. Este anuncio supone una buena noticia por cuanto confirma que el Ministerio ha pasado de dar largas con los plazos hasta el punto de dar prácticamente por imposible un acuerdo para cambiar el actual modelo a ponerse a trabajar en ella.
Sin embargo, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la pasada semana, la titular de Hacienda se comprometió a celebrar una nueva reunión en este foro con las CCAA para tratar exclusivamente la reforma del modelo, lo que implicaría tener la propuesta de reforma este mismo año.
La ministra, no obstante, quiere implicar directamente a las CCAA en la redefinición del criterio de población ajustada para evitarse quejas posteriores. El Ministerio de Hacienda ha abierto una ronda de reuniones bilaterales con autonomías para ello y el resultado de la misma será el que se tenga en cuenta para presentar "una de las partes nucleares" de la financiación autonómica.
Montero ya ha reconocido en varias ocasiones que la Comunitat Valenciana es la región peor tratada en el actual sistema de financiación según "todos los informes". El modelo actual, a su juicio, arroja diferencias injustificables entre las comunidades con mejor y peor financiación per cápita. Esa brecha, definida por criterios como la población ajustada, provoca que los valencianos reciban actualmente alrededor de 600 euros menos per cápita que los cántabros para financiar servicios esenciales. Según Montero es "un elemento a corregir".
La revisión se centrará en el peso de las variables que se tienen en cuenta para fijar el criterio de población ajustada frente al de población real, como la insularidad, la población mayor de 65 años, la población infantil o la dispersión geográfica a la hora de calcular el coste de la prestación de los servicios públicos.
Con todo, la ministra advierte: "Si somos honestos y nos ponemos de acuerdo en eso, lo que no vale luego es que alguien aplique simplemente el criterio de población y diga, 'estoy infrafinanciado' o 'me han robado'", que para Montero "es una palabra que se utiliza mucho por el Partido Popular" y que le recuerda "mucho a los independentistas".
No es la primera vez que la ministra busca la implicación directa de las CCAA en decisiones de reparto. Sin ir más lejos, lo ha hecho con la reciente asignación de los 13.486 millones del Fondo Covid de este año, que se ha asignado conforme a la población ajustada por ser el criterio elegido por la mayoría de las CCAA, que también podían decantarse por un reparto en función del PIB.
Una vez establecido el criterio de población ajustada, Montero entiende que sería el momento "adecuado" para abordar el debate concreto de la armonización fiscal dentro del debate general sobre la financiación autonómica. Este posicionamiento va en línea de la aspiración del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien en sus últimas intervenciones ha insistido más en combatir el "infierno fiscal" de la Comunidad de Madrid con una fiscalidad progresiva.
Tras conocer el último anuncio de Montero este jueves, Puig lo consideró "una magnifica noticia" porque hay "una absoluta coincidencia" con el criterio de población ajustada. "Es muy positivo que finalmente pueda ser una realidad esta discusión sobre el modelo y esperamos el consenso y la capacidad de acuerdo suficientes para que el parlamento de España finalmente lo apruebe", añadió.
Respecto a la fiscalidad, dijo que no tiene ningún sentido que exista en España dumping fiscal cuando en estos momentos "se está intentando armonizar, incluso hablando de un suelo fiscal determinado en todos los países desarrollados".
El anuncio de la ministra de Hacienda no ha sido acogido del mismo modo en todas las orillas del Botànic. El síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, incidió en que esperan que presenten "una propuesta completa de reforma del sistema de financiación antes de finalizar el año y no solo de algunas de sus variables".
"Lo que esperamos es que cumplan la resolución impulsada por Joan Baldoví en el Congreso, aprobada por una amplia mayoría", ha señalado en relación a la propuesta de financiación, y ha añadido que "si no lo hacen, habrán incumplido nuevamente sus compromisos, no solo con Compromís sino con todos los valencianos y valencianas".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
