VALENCIA (EP). La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha advertido de que si en las auditorias que van a realizar a todas las concesiones sanitarias "se encuentran irregularidades que requieran una actuación judicial lo haremos porque es nuestra obligación". "Nuestra obligación es defender el interés público y no vamos a ocultar ninguna irregularidad", ha recalcado.
Montón, en una entrevista concedida a Europa Press, ha explicado que quieren "implicar" a la Sindicatura de Cuentas para que ayude a realizar esta auditoría, al igual que hizo con las resonancias magnéticas, así como a la propia Abogacía y la Intervención de la Generalitat. "Estamos utilizando todos los medios a nuestro alcance para tener esa información que hasta ahora ha estado secuestrada", ha señalado. Por ello, ha anunciado que lo primero que harán es publicar todos los contratos de las concesiones que era "un secreto muy bien guardado".
Así, ha explicado que se van a trabajar en tres niveles: en primer lugar una auditoría económica puesto que "desde 2008 faltan por presentar las liquidaciones", en segundo lugar una auditoría de las infraestructuras para determinar "si han cumplido y si no es así bajo qué precepto legal se han amparado" y en tercer lugar una auditoría de la calidad asistencial para estudiar todos los índices como mortalidad, listas de espera o cesáreas.
Montón ha destacado que "el fin último es devolver la sanidad a lo público" y Alzira es "la primera cita con el calendario para 2018", fecha en la que termina la actual concesión. Por ello, ha anunciado que aunque faltan tres años para adoptar una decisión desde la Dirección General de Recursos Humanos "ya se está estudiando de qué manera se pilota esa reversión a nivel de personal ya que hay que ir haciendo las cosas con calma y serenidad y con mucha seguridad jurídica para que todo el mundo sepa que lo que hacemos lo hacemos en firme".
Asimismo, ha explicado que esta hoja de ruta incluye en paralelo a la realización de auditorías "el control riguroso y el cumplimiento estricto de los contratos que firmaron las concesiones administrativas". Para ello, la creada Dirección General de Alta Inspección se encargará también de fijar "unos criterios homogéneos" para todas las concesiones ya que "hasta ahora no estaba coordinados" y se ejercerá asimismo "un control exhaustivo que hasta ahora no han existido". Por ello, los comisionados que se nombren se encargarán de garantizar que se apliquen estos criterios homogéneos y serán "profesionales que conozcan la zona".
Montón ha señalado que también se examinarán los conciertos como el de las resonancias magnéticas que la Sindicatura de Cuentas ya concluyó que podría suponer un ahorro anual de hasta 17 millones si se llevara a cabo con recursos propios. Pero el problema, ha puntualizado, es que "también han secuestro el conocimiento de este tipo de alta tecnología".
Por ello, han acordado con la Sociedad de Radiología de la Comunitat Valenciana "un periodo de un año para formar a los profesionales de forma escalonada" de modo que los radiólogos de los hospitales públicos irán supervisando las exploraciones diagnósticas en lugar de los profesionales de las empresas privadas.
En esta misma línea, ha corroborado la intención de terminar con el plan de choque en centro privados para acortar las listas de espera ya que el coste medio por intervención es tres veces superior cuando se deriva a un centro externo que cuando se realiza en uno de la red pública.
"Haremos todo lo que podamos nosotros mismos", ha recalcado. Así, se plantea en primer lugar el autoconcierto, en segundo lugar derivar pacientes a centros públicos cercanos y la última opción sería remitirlos a clínicas privadas. "Todo hay que evaluarlo, han sido 20 años, no hemos venido a hacer tabla rasa pero hay que darle otro enfoque y verlo con otra mirada", ha apostillado.
Montón ha avanzado que en los presupuestos de 2016 que están elaborando "tiene que haber nuevas infraestructuras porque desgraciadamente el modelo de privatización no ha estructurado bien la Comunitat Valenciana". "Hay algunos compromisos tenemos que empezar a materializar", ha señalado.
Además, ha constatado que han "heredado una obsolescencia en las instalaciones importante, que están muy envejecidas con falta de mantenimiento y eso hay que hacerle frente en las medidas de las posibilidades financieras que tenemos".
De igual modo, ha confirmado que se está evaluando el mapa sanitario y estudiando la posibilidad de cambiarlo. En ese sentido, ha apuntado que han recibido "muchas demandas de los Ayuntamientos" que lo están reclamado".
En concreto, respecto al futuro de la antigua Fe ha comentado que han rogado al Colegio de Arquitectos de Valencia que evalúe con "la mayor rapidez posible" los documentos sobre su estado, pero que les han dado "el tiempo necesario para que puedan emitir una conclusión independiente".
No obstante, ha insistido en que tendrá un uso sanitario para "recuperar el buque insignia de la sanidad". "Queremos hacerlo escuchando muchas voces, no quiero desvelar grandes cosas, pero estamos en reuniones y en conversaciones para integrar todas las propuestas en una sola", ha apuntando.