VALENCIA. El Gobierno de Ximo Puig quiere acabar con las concesiones de hospitales públicos y devolver los departamentos de salud a la gestión pública. El último movimiento lo anunció el presidente de la Generalitat en el Debate de Política General al anunciar que en los próximos días comunicaría a Ribera Salud la no renovación de la concesión del Hospital de Alzira y el área de Salud de la Ribera, que vence en 2018.
Pero mientras llega esta reversión y cierra, como ha anunciado, un acuerdo con DKV para quedarse con Marina Salud, la empresa que gestiona el Hospital de Dénia y el área de Salud de La Marina, la Conselleria de Sanidad aprieta a las concesiones. Lo ha hecho con la aprobación de un decreto que ha provocado cuatro recursos por parte de las empresas concesionarias.
Se trata del decreto 64/2016 del Consell, por el que se regulan las bases para la designación de las unidades de referencia del sistema sanitario público de la Comunitat. Esto permite al departamento de Carmen Montón convertir hospitales en referentes en determinadas especialidades médicas, lo que implica quitar servicios a otros centros, como los de concesión, con la correspondiente merma de ingresos que supone para las compañías.
Ribera Salud ha sido la empresa más afectada al ser la que más concesiones de hospitales públicos tiene en la Comunitat. La última demanda la interpuso desde Torrevieja Salud, gestora del Hospital de Torrevieja.
Esta reorganización afecta, en la mayoría de hospitales, al área de Oncología. Como ya anunció Sanidad, la intención es articular el modelo de tratamiento de esta especialidad en la Comunitat Valenciana en torno a seis hospitales de referencia y ninguno es de concesión público-privada. A partir de ahí, los afectados deberían inscribirse en los distintos centros.
Estos seis "nodos" serán el Hospital Provincial de Castellón, el Hospital Clínico, el Hospital La Fe y el Hospital General de Valencia, el Hospital General de Alicante y el Hospital General de Elche. Cada uno de ellos tendrá asignada una población de entre 600.000 y 800.000 personas.
Ribera Salud también presentó un recurso contencioso-administrativo a través de su sociedad Elche-Crevillente SL, propietaria del Hospital del Vinalopó. En este caso una de las preocupaciones es hemodinámica, de la que eran unidad de referencia las 24 horas y Sanidad se la ha rebajado a 12.
Ribera Salud II, gestora del Hospital de Alzira, también presentó otro contencioso contra este decreto de unidades de referencia. "Los recursos son consecuencia de las modificaciones unilaterales que se están produciendo por parte de la Administración a determinadas condiciones firmadas en el contrato con la empresa concesionaria", apuntaban fuentes de Ribera Salud.
"Hasta el día de hoy, estamos en un Estado de Derecho y la Administración no puede tomar decisiones unilateralmente que afectan a las condiciones del contrato que tiene firmado con una entidad", insistían.
La empresa liderada por Alberto de Rosa aseguraba que estaban incluidas en la propuesta del concurso público al haber comprometidas tanto inversiones como el nivel de servicio a prestar.
"Reclamaremos en los Tribunales siempre que se modifiquen unilateralmente condiciones que repercuten en la calidad del servicio", insisten. No es la primera vez que Ribera Salud lleva a los tribunales a la administración ya que también lo hizo durante el Gobierno del Partido Popular por el decreto de libre elección, sin embargo esta decisión podría afectar de forma significativa a la cápita del hospital al perder pacientes.
De hecho, aseguran que seguirán recurriendo si llegan modificaciones que desvirtúan lo firmado en el contrato. Mientras, la Conselleria de Sanidad apunta a su potestad para reestructurar las unidades de referencia de la forma que crean conveniente ya que se trata de su competencia.
Marina Salud, empresa que gestiona el Hospital de Dénia también ha interpuesto un recurso contra la Generalitat tras dejarle Sanidad sin la especialidad de neurocirugía que se ofrecía en el Hospital de Dénia desde octubre de 2011.
En este caso, Sanidad exponía como razón un informe de los técnicos de Sanidad realizado en enero de 2015, cuando aún gobernaba el Partido Popular en la Generalitat, en el que se recomendaba que el Hospital de Dénia dejara de prestar la especialidad de neurocirugía por falta de personal y la distancia de los médicos de la unidad hasta el departamento.
Lo que parece claro es que las empresas concesionarias se han puesto en pie de guerra y no van a dejar que Sanidad apriete más de lo que crean justo aunque sepan que, en principio, el fin de su contrato con la Generalitat está más cerca que lejos, al menos con el Gobierno de Ximo Puig.